Proponen retomarlo en la próxima legislatura
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 16 de abril 2021.- Por carecer de una definición amplia de violencia digital que integre mecanismos de acceso a la justicia y reparación del daño, las feministas representantes de la sociedad civil, la academia, abogadas y defensoras de derechos humanos desaprueban el dictamen de reforma a la Ley General de Acceso a las mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar la violencia digital aprobado por las Comisiones de Igualdad de Género y Justicia de la Cámara de Diputados.
Las organizaciones y feministas que han estado en la primera línea de acompañamiento y seguimiento para la atención de las víctimas de este delito solicitan al pleno de la Cámara de Diputados que no se apruebe el dictamen y se retome en el próximo periodo legislativo para que se integren las propuestas puntuales que se hicieron en el Parlamento Abierto y consideran que esta omisión se debió a presiones de índole político que no favorecen los derechos de las mujeres.
De acuerdo con las cifras de 2020 en tres años se han abierto 2,143 carpetas de investigación en 18 estados del país por el delito de difusión de imágenes intimas sin consentimiento.
El 83% de las carpetas siguen en trámite ─algunas por más de tres años─ y solo el 17% de las carpetas iniciadas encuentran alguna forma de conclusión a través de alternativas de justicia.
Desde un principio, las organizaciones y feministas, advirtieron los riesgos para las mujeres víctimas de violencia digital contenidos en la reforma originalmente propuesta en noviembre de 2020.
Desde la definición sólo incluye un solo tipo de violencia digital cuando abarca varias dimensiones como el hackeo, la suplantación, la vigilancia, el acoso, el hostigamiento, el reclutamiento, prácticas denominadas como doxing y stalking, y la difusión de discurso de odio sexista.
En el espíritu de la Ley General, debía incluirse una definición que permitiera desarrollar una política pública integral para la atención y la prevención de la violencia digital, así como la garantía del pleno acceso a la justicia con la debida diligencia, la sanción y reparación del daño, señalan.
Uno de los riesgos del dictamen aprobado por las Comisiones es que le otorga facultades desproporcionadas al Ministerio Publico, sobre violencia digital y violencia mediática.
Crea un doble tipo penal, ya que la Ley contra la Trata ya sanciona la misma conducta con una penalización mayor, por lo que se estaría beneficiando a los agresores y no a la víctima.
El tipo penal aprobado en el dictamen no incluye salvaguardas para proteger la evidencia ni para evitar actos arbitrarios por parte de las autoridades, como la vigilancia masiva, lo que puede dar pie a remociones de contenido no relacionadas con la conducta que este tipo penal sanciona.
Las herramientas de reporte en plataformas suelen ser el primero y a veces el
único mecanismo para recuperar el control de sus contenidos, la remoción de contenido injustificada por parte de instancias gubernamentales y burocráticas podría implicar un riesgo al tratarse de procesos lentos, abusivos e ineficaces, incluso se podría estar eliminando evidencia que podría servirle a la víctima si es que decide emprender un camino por la vía legal.
En un país donde el nivel de impunidad es del 98 por ciento, el sistema penal no es idóneo para la reparación del daño a las víctimas.
El poder legislativo debe entender que la perpetración de la violencia digital no va a reducirse por el simple hecho de crear tipos penales sancionados con encarcelamiento, la solución demanda implementar acciones de prevención y educación como dimensiones para la eliminación integral del problema.
Con ello, propician que las mujeres víctimas de violencia digital no opten por acudir a la vía penal y se queden sin mecanismos ni herramientas alternativas de reparación.
Por lo que entre las propuestas de las organizaciones y feministas está que la violencia digital no se remitiera exclusivamente al ámbito judicial, sino que incorporara la participación de instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Secretaria de Educación Pública (SEP), tomando en cuenta que la mayor parte de los perpetradores son hombres.
El dictamen aprobado pone en riesgo de re victimización a las mujeres víctimas de difusión de imágenes intimas sin consentimiento, puesto que alude al consentimiento como mecanismo de impunidad de los agresores, deja en ellas la carga de la prueba.
Las fallas del sistema de justicia mexicano por lo retardado, revictimizante, y los costos económicos y emocionales que representan desalienta la denuncia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) en 2019, solamente se denunció o inició carpeta de investigación por el 6.8% del total de delitos en el país.
Entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades, destacan la pérdida de tiempo con 31.7% y desconfianza en las autoridades con 17.4% dentro de las atribuibles a la autoridad.
Organizaciones
33 Mujeres A.C.
ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica
CATWLAC
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora
Conectadas FeminicidiosMX
Instituto de Estudios Transgeneracionales
Las Constituyentes Mx Feministas
Laboratorio Feminista de Derechos Digitales
Luchadoras
Mujeres Construyendo
Nosotras Tenemos Otros Datos
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
Red de Abogadas Violeta
Red Feminista Sonorense
Red Mesa de Mujeres de Cd. Juárez
Red Nacional de Alertistas
Red Seguridad Justicia y Paz
Todas Mx
Movimiento Amplio de Mujeres Veracruz-Boca del Río
Colectiva Feminista NO SE METAN CON NUESTRAS HIJAS
Mujeres
Adriana Labardini Inzunza
Agneris Sampieri
Aimée Vega Montiel
Ana Fátima López Iturríos
Ana Irene Muro Lagunes
Anel Fernández Zempoalteca
Andrea Medina Rosas
Arely Torres Miranda
Beatriz Cossío Nava
Brenda M. Aguirre Gutiérrez
Carina Arguiles
Carolina Pacheco Luna
Claudia Calvin
Cristina Pérez Carmona
Cynthia Galicia Mendoza
Daniela Esquivel Domínguez
Edurne Ochoa
Elena Estavillo Flores
Grecia Elizabeth Macias Llanas
Haydeé Aurora Magallanes Montalvo
Imelda Marrufo
Karime Suri Salvatierra
Leticia Burgos Ochoa
Lidia Guzmán Hernández
Lucía Lagunes Huerta
Luisa Nallely García Ventura
Magaly Emlilia Corona García
María Elena Barreras Mendivil
Mariana Aranda Aguilar
Marlene Tamara Romero Vázquez
Martha Teresa González Rentería
Mónica Mendoza Madrigal
Mónica Susana Amilpas García
Ninde MolRe
Patricia Olamendi
Patricia Ortega Ramírez
Priscila Rebeca Salas Espinoza
Raquel Schlosser
Rocío García Olmedo
Teresa Ulloa
Verónica Moreno Curiel
Yennué Zárate Valderrama
Yndira Sandoval Sánchez
Yuliana López
Yuriko Salazar Luna
