En México, la labor de defensa de los derechos humanos es un riesgo. GGFR – ISABEL ORTEGA MORALES

EN MÉXICO LABOR DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS UN RIESGO: GGFR
Por: Isabel Ortega Morales/ Agencia CEPROVYSA.COM

Tlapa de Comonfort, Guerrero. Julio 19 de 2021.- “En Méxíco, la labor de defensa de los
Derechos Humanos es un riesgo”, señaló la Co-Directora de la Red Nacional de Defensores
de Derechos Humanos en México, Gloria Guadalupe Flores Ruíz.
Al participar en el Conversatorio organizado por el Centro de Derechos Humanos de la
Montaña, Tlachinollan, encabezado por el activista Abel Barrera, dio a conocer la situación
que guarda la defensa de los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión en México a
partir de la Pandemia de COVID-19.
Gloria G. Flores Ruíz señaló que en la crisis sanitaria “se adoptaron medidas que pusieron
en riesgo el goce de los derechos humanos”, citó como ejemplo la limitación laboral del
Poder Judicial y del Instituto de Transparencia a la Información que, comentó, son
“herramientas vitales” para el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas,
en cambio, dijo, “megaproyectos se consideraron esenciales y no se detuvieron”.
La Co-Directora de la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos señalo que la
pandemia por COVID-19 tuvo un impacto diferenciado, de acuerdo al ámbito de
competencia de la defensa.
Comentó que las mujeres defensoras tuvieron una carga adicional durante el
confinamiento ya que se sumó la responsabilidad del cuidado del hogar; se incrementó la
violencia al interior de los hogares; se vieron afectados quienes están en la defensa de los
Derechos LGTB, así como periodistas y quienes “acompañan a personas migrantes”, así
como colectivos en labores de búsqueda y que, en términos generales, tanto en
defensores de derechos humanos como periodistas impactó en su dinámica de labor, así
como en su salud física y emocional.
Gloria G. Flores Ruíz subrayó que la crisis sanitaria “propicio una desmovilización a
personas defensoras” y apuntó que “se vivieron niveles de criminalización no vistos
antes”. Destacó un incremento “a la represión de la protesta de la mujer feminista en el
país.”

Como ejemplo de ello citó detenciones durante las manifestaciones, activistas sujetas a
proceso como Claudia Hernández, defensora de “Tierra y Libertad” de San Luis Potosí y
Kenia Hernández, del estado de Guerrero.

Alertó que desde el Poder Judicial hay una “criminalización y sujeción a proceso” que
consideran son usadas “como herramientas con mayor frecuencia contra defensores de
derechos humanos”.
La Co-Directora de la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en México dijo
que también impactó en la atención que brindan las y los defensores la disminución del
presupuesto del 75 por ciento. Comentó que las casas de la Mujer Indígena y
Afromexicanas del país, que dependen del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con
esta reducción afectaron la atención que brindan a mujeres indígenas, rurales o alejadas
de las zonas urbanas.
Como propuestas, Gloria G. Flores Ruíz habló del compromiso en las entidades de los
poderes Ejecutivo, legislativo y judicial.
En el Ejecutivo se garantice la integridad y ejercicio de la labor de las y los defensores de
derechos humanos y periodistas “frente al ataque de grupos del crimen organizado o de
algún otro grupo de interés”.
En el Legislativo la tarea de garantizar “la tarea de defender los derechos humanos”
otorgándole un marco normativo y sentar las bases “de un diseño institucional que
reconozca el deber del estado para garantizar esta labor”.
En el Judicial asegurar “el control de la convencionalidad en los casos de criminalización y
acoso judicial contra personas defensoras de derechos humanos” ya que resaltó, a través
del poder judicial “están generando condiciones de terror para quienes defienden
derechos humanos”