Horror del rancho Izaguirre y complicidad de autoridades – MARCOS H. VALERIOCHARLAS DE TABERNA / LATITUD MEGALÓPOLIS

En las entrañas de un rancho polvoriento a poco más de una hora de Guadalajara, el hallazgo de un crematorio clandestino y una narcoescuela ha destapado una herida que sangra impunidad y sospechas.

El rancho Izaguirre, un terreno que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) convirtió en un campo de exterminio, no solo revela la brutalidad del crimen organizado, sino también una pregunta inquietante: ¿Cómo pudo operar un lugar así durante años sin la intervención, o al menos la omisión, de las autoridades locales? Las respuestas, hasta ahora, son un eco de silencio y señalamientos cruzados.

HORROR AL DESCUBIERTO
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco irrumpió en la escena la semana pasada, destapando lo que la Fiscalía del Estado ahora confirma: al menos cinco hornos clandestinos en el Rancho Izaguirre, donde cientos de personas fueron retenidas, engañadas con promesas de trabajo y enfrentadas a una decisión macabra.

Aceptar significaba convertirse en halcones, cocineros de droga o sicarios del CJNG; negarse implicaba cavar su propia tumba, ser incinerados en hornos improvisados y sepultados bajo capas de tierra y ladrillo.

Las imágenes son brutales: ropa desgarrada, zapatos amontonados, maletas abandonadas y restos humanos que narran el destino de quienes solo buscaban una oportunidad.

Pero este no es un descubrimiento aislado. Desde septiembre de 2024, el colectivo Luz de Esperanza AC, liderado por Héctor Flores, había denunciado actividades delictivas en el sitio. Más tarde, en diciembre de 2024 y enero de 2025, Madres Buscadoras de Jalisco insistió en las mismas alertas, acompañadas por la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía estatal. Sin embargo, las autoridades no actuaron.

“Encontramos ropa y calzado a simple vista, pero no nos dejaron excavar porque no había orden de cateo”, relata Ceci Flores, activista y madre buscadora. “Llamamos al 911, fuimos a la Fiscalía del estado, y nada. Nos ignoraron”.

CRONOLOGÍA DE OMISIONES
El 18 de septiembre de 2024, un operativo de la Guardia Nacional, entonces bajo el mando de David Córdova Campos, irrumpió en el rancho y detuvo a 10 personas vinculadas al reclutamiento para el crimen organizado. Sin embargo, el lugar no fue asegurado ni investigado a fondo.

Indira Navarro, de Guerreros Buscadores de Jalisco, asegura que las actividades en el Rancho Izaguirre no son recientes: “Este centro de exterminio lleva operando al menos 10 años en la impunidad”. La pregunta resuena: ¿por qué nadie lo detuvo antes?

Ceci Flores apunta directo a la negligencia oficial: “Las autoridades tienen geo-radares y tecnología para buscar, pero no las usaron. En diciembre y enero estuvimos ahí con la Guardia Nacional y la Fiscalía, y no resguardaron el sitio ni hicieron su trabajo”.

Las excavaciones actuales, que han sacado a la luz más restos y evidencias, confirman lo que las buscadoras gritaron durante meses: el Rancho Izaguirre era un infierno a cielo abierto, y las autoridades lo sabían.

CADENA DE RESPONSABLES: DE ALFARO A LEMUS
En septiembre de 2024, cuando el rancho fue señalado por primera vez, el gobernador de Jalisco era Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano, quien dejó el cargo el 5 de diciembre de ese año.

Su administración no respondió a las denuncias iniciales, y hoy Alfaro vive en Madrid, alejado de la política y enfocado en convertirse en entrenador de fútbol.

Su sucesor, Pablo Lemus, también de MC y cercano a Alfaro durante la transición, asumió el gobierno con el caso ya en el radar. Sin embargo, Lemus ha optado por no ceder la investigación a la Fiscalía General de la República (FGR), insistiendo en que la Fiscalía estatal lo manejará.

“Tiene que haber sanciones para cualquier funcionario que haya omitido su responsabilidad”, declaró recientemente, prometiendo una investigación interna sobre posibles omisiones.

La tibieza de esta postura contrasta con la indignación nacional y la intervención federal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó que la FGR atraiga el caso, respaldando las críticas del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien cuestionó los fallos de la Fiscalía de Jalisco.

“Vamos a investigar qué pasó ahí, porque un grupo ciudadano encontró lo que las autoridades no vieron”, afirmó Gertz.

SILENCIO QUE MATA
El Rancho Izaguirre no es solo un símbolo de la barbarie del CJNG, sino un espejo de las fallas del sistema. ¿Cómo es posible que un lugar denunciado desde hace meses, visitado por autoridades y asegurado en un operativo, siguiera operando como matadero clandestino? Las madres buscadoras lo tienen claro: la omisión es una forma de complicidad. “Si hubieran actuado a tiempo, cuántas vidas se habrían salvado”, lamenta Ceci Flores.

Las excavaciones continúan, y con cada hallazgo —un zapato, una identificación, un fragmento de hueso— crece la exigencia de justicia. El caso de Teuchitlán no solo expone la crueldad del crimen organizado, sino la fragilidad de un sistema local que, por acción u omisión, permitió que el horror se perpetuara. En este rancho de Jalisco, la impunidad construyó hornos, y el silencio los alimentó.

CADENA DE CULPABLES
• Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco (2018-2024)
• Ricardo Sánchez Beruben, coordinador de Estrategia de Seguridad
• José Ascensión Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán (reelecto)
• Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal estatal de Jalisco
• Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, secretario de Seguridad Pública de Jalisco
• David Córdova Campos, titular de la Guardia Nacional
• Blanca Jacqueline Trujillo, titular de la Fiscalía de Desaparecidos de Jalisco
• Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco