Nunca más – JOSÉ ANTONIO RIVERA ROSALES – BAJO FUEGO

Mar/17/2025.

BAJO FUEGO

Nunca más

José Antonio Rivera Rosales
La experiencia ha demostrado que el crimen organizado sólo puede prosperar al amparo
del poder público. Esa es una verdad irrefutable.
Ningun gobierno, de izquierda o de derecha, puede presumirse ajeno a la expansión de
la delincuencia organizada en México, con toda la cauda de muerte y destrucción que le
acompaña.
Cuando se estudia el fenómeno de la delincuencia en México, con el paso de los años se
descubren hilos conductores entre funcionarios de gobierno -de los tres órdenes-,
políticos en su mayor parte, con la criminalidad.
Por eso es inverosímil que los gobiernos en turno de Jalisco, como en otros estados de la
república, argumenten que no se percataron de la existencia del rancho de Teuchitlán,
situado a unos 60 kilómetros de Guadalajara.
En todos los casos, los primeros que se percatan de las irregularidades y los movimientos
delincuenciales son las policías municipales y, en seguida, las corporaciones estatales. Por
lo regular las policías municipales -como ocurre en Acapulco, por ejemplo- son las que
tienen el control territorial. Por eso son valiosas para el crimen organizado.
En el caso de Techiutlan, de manera paulatina han surgido testimonios de sobrevivientes
que ofrecen datos duros de lo ocurrido en ese campo de adiestramiento y exterminio,
aunque algunos personeros de la 4T han querido negarlo -como el abyecto Gerardo
Fernández Noroña, que salió a decir que encontrar zapatos y ropa no implica que sus
dueños hayan muerto-.
El caso es que una sobreviviente -una joven que escapó de ese lugar- dio cuenta de que
ese centro de adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) existe desde
2012 o 2013. También confirmó que muchos jóvenes desaparecidos –hombres y mujeres-
fueron asesinados en ese centro de exterminio.
Un caso que llamó la atención es el de cinco jóvenes que fueron de excursión a Lagos de
Moreno –cinco jovencitos, casi adolescentes- fueron obligados a matarse entre sí, sólo
para divertir a los jefes de ese centro de espanto.
Ese rancho estuvo operando al menos durante dos gobiernos estatales consecutivos: la
gestión de Aristóteles Sandoval Díaz (PRI-PVEM) y de Enrique Alfaro Ramirez (MC), desde
2012 a la fecha. Así que las siglas partidarias no significan nada a la hora de encubrir
graves delitos, como es el caso.

¿Acaso ninguno de los dos gobernadores se percató de la existencia de esos campos de
exterminio? ¿Ninguna de las policias municipales y estatales se dio cuenta? ¿Ninguno de
los servicios de inteligencia locales (que los hay) o federales? ¿Durante todo el gobierno
de López Obrador, la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez, tampoco se dio
cuenta?
Es precisamente la SSP-PC, ahora a cargo de Omar García Harfuch, la dependencia que
cuenta con la mayor infraestructura de inteligencia y operaciones -apoyo del Centro
Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Guardia Naciona(GN)-, sobre la que recaen las
sospechas a partir de que desde septiembre de 2024 ese inmueble fue intervenido y
arrestados más de diez sicarios con armas largas. Pero después el inmueble fue
abandonado ¿Qué paso ahí?
Una investigadora, Alejandra Guillen, reveló ante el portal A dónde van los
desaparecidos, que lo de Techiutlán es parte de una metodología más amplia que utiliza el
crimen organizado para construir cuadros de sicariato o, si los prospectos no muestran
aptitudes, eliminarlos. Una fenomenología parecida, dijo, ha sido observada en otros
centros similares, como en Tala, otro municipio jalisciense donde el CJNG ha hecho lo
mismo.
Y es una metodología criminal que ha proliferado en otros estados del país, como en
Guerrero, donde hace unos días el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello denunció
que existe una fosa clandestina en una montaña ubicada entre Chilapa y Zitlala, donde
probablemente están sepultados cientos de cuerpos. Algo que debería investigar la SSP-PC
y/o la Fiscalía General de la República (FGR).
Así que trátese del partido que se trate, el caso es que la élite política capturada por la
partidocracia corrupta simplemente seguirá haciendo de las suyas para aprovechar los
beneficios que pueda ofrecerle la delincuencia organizada, que son muchos.
En algunos casos, el crimen organizado forma parte intrinseca de los gobiernos en turno,
como ha sucedido en Acapulco y Chilpancingo.
En este sentido, en particular algunos partidos políticos -PRI y PRD,
incuestionablemente- se han convertido en parte del crimen organizado, lo que los
transforma en expoliadores de la sociedad. Es decir, en enemigos de la comunidad
guerrerense.
Sólo basta revisar los acontecimientos funestos de Ayotzinapa, donde ambos partidos
tienen una responsabilidad que jamás se sacudirán de encima, a pesar de los discursos y
palabras melosas con las que tratan de engañar a los votantes potenciales.
Esa una responsabilidad histórica que debe ser afrontada por el gobierno de Claudia
Sheinbaum. Ya veremos cómo lo combate el gobierno de la república.
Todos los mexicanos con seguridad estarán pendientes de las decisiones que tome la
primera mujer presidenta para combatir al principal enemigo de la seguridad nacional de
México.