EL CENTRO MORELOS LAMENTA LOS PINGUES RESULTADOS DE LA REUNIÓN CON FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES PARA CONOCER LAS PROPUESTAS DE ATENCIÓN PARA LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA.

COLECTIVOS, COLECTIVAS Y ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS COMO EL CENTRO MORELOS HAN SOLICITADO EN VARIAS OCACIONES A LA GOBERNADORA UNA AUDIENCIA PERO NUNCA A QUERIDO DAR LA CARA A LAS FAMILIAS DE LOS DESAPARECIDOS Y A LOS ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS.

LE RECORDAMOS QUE NO SOLO NOS HA RECIBIDO SINO QUE ES LA PRINCIPAL RESPONSABLE DE QUE EL CONGRESO DEL ESTADO NO HAYA APROBADO DURANTE EL TIEMPO QUE LLEVA EN EL CARGO LA PROPUESTA DE LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS DEL ESTADO DE GUERRERO, INSTRUCCIÓN QUE, SEGÚN SE SABE ES PORQUE SU APROBACIÓN REQUERIRIA MUCHOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.

Ahora resulta que los más de 124 mil desaparecidos reconocidos en el país se fueron por su voluntad, esto de acuerdo a las brillantes opiniones de los queda-bien, pero habría que recordarles a ellos y a la Presidenta cuales son las responsabilidades constitucionales del estado y ante la comunidad internacional al haber firmado y ratificado diversos protocolos convenciones, etc., además, hay que recordarle que la existencia de los grupos delincuenciales y narcoparamilitares se incubo, se alienta y se ha fortalecido desde las más altas estructuras del gobierno como parte de la estrategia de contrainsurgencia para mantener sometido al pueblo mediante el terror y así garantizar la continuidad del modelo económico depredador, incluso no conformes con eso, militarizaron la seguridad pública garantizando la impunidad del ejército por responsabilidad en crímenes de lesa humanidad pasados y futuros, de ahí vino la orden de ¡abrazos no balazos!.
Dejamos claro que las familias de los desaparecidos y quienes los acompañamos, solamente estamos exigiendo sus derechos y no lo hacemos como parte de algún partido político de derecha o de izquierda, sino como seres humanos, como ciudadanos de este país, por lo tanto, el gobierno, las autoridades y todas las instituciones tienen la obligación constitucional y el deber moral de brindarles la verdad y la justicia, la reparación integral del daño y a toda la sociedad las garantías de no repetición de este tipo de hechos.

Dentro de este convulsionado contexto el día martes, 8 de abril de 2025, dentro crisis generada en las instituciones del Estado mexicano, principalmente La SEGOB, la CNDH, la CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS, el PARTIDO POLÍTICO MORENA y otros más, ante el anuncio de la apertura del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, (el CED) que es parte de la ONU, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero entre las colectivas, colectivos, familiares de personas víctimas de desaparición forzada y por particulares, y asociaciones civiles con el Fiscal General del Estado de Guerrero.
Como ya informaron diferentes medios de comunicación A la reunión asistieron por parte de la sociedad civil: 8 colectivos y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón. Y por parte del gobierno; funcionarios de palacio de gobierno, de la Fiscalía de Justicia y diversas instituciones.
Nuevamente se repitieron las quejas, acusaciones y señalamientos de siempre: las omisiones cometidas por las instituciones gubernamentales: verdad y justicia son la falta de coordinación entre entes gubernamentales que aunque traten temas en común no se coordinan, un ejemplo de ello es la falta de coordinación y dialogo entre el Servicio Médico Forense y el área de servicios periciales de la fiscalía, no se ha avanzado en la reparación del daño, la falta de sensibilidad que han tenido por parte de la Fiscalía en momentos anteriores, se expusieron casos de extravío de Carpetas de investigación, el estancamiento de las investigaciones, la revictimización por parte de agentes de la fiscalía hacia las familias y se expresó la falta de confianza que hay en contra de esta institución que es la que debe garantizar una investigación en apego a los derechos humanos, la falta de capacidad que se ha tenido para identificar cuerpos que se encuentran en las fosas comunes de los panteones, situación que le cierra el derecho a las familias a saber dónde está su familiar, cuando fue localizado y dónde, cuáles fueron las causas de muerte, o si existe alguna investigación al respecto, la capacidad institucional para investigación y búsqueda de personas.
Lo lamentable es que a pesar de que el Estado Mexicano ha sido sentado en el banquillo de los acusados, pues ha sido encontrado responsable por múltiples violaciones a los derechos humanos que se cometen cuando es desaparecida una personas es desaparecida, por eso somos varios los que insistimos en que, en el estado de Guerrero y el país desde el 2006 seguimos viviendo la continuidad de una crisis humanitaria a causa de los más de 5,000 desaparecidos en el Estado y, desde luego, valoramos y nos sumamos al anuncio de la apertura del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, (el CED) de la ONU.
Como decimos; sin tomar en cuenta el contexto nacional que tanto ha purgado a la presidenta y a sus peones, alfiles, caballos, torres, y al rey que mueve y sacude la cuna, al final de la reunión solo se reafirmaron los pingues acuerdos que no significan un avance sustancial para las familias.
1.- Las Colectivas, Colectivos, familiares de desaparecidas y desaparecidos, así como los Organismos de la Sociedad Civil trabajaran en colaboración con la Fiscalía para que las investigaciones avancen.
2.- Se realizarán reuniones semanales entre la Fiscalía General del Estado con las Colectivas, Colectivos, familiares de desaparecidas y desaparecidos, y Organismos de la Sociedad Civil y una reunión mensual para informar avances.
3.- También se propuso trabajar para la toma de muestras genéticas con la intención de robustecer la capacidad de confrontas tanto con cuerpos ya localizados pero aún no identificados como de cuerpos que se vayan encontrando.

POR LO ANTERIOR EXPUESTO EL CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, MANIFIESTA SU TOTAL APOYO AL COMITÉ CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS (CED) DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) Y EXIGIMOS AL ESTADO MEXICANO QUE BRINDE TODAS LAS FACILIDADES PARA LA REALIZACIÓN INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE.

Atentamente

Teodomira Rosales Sierra
Directora Del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón
8 DE ABRIL DE 2025