Jun/2/2025.
BAJO FUEGO
7 de junio
José Antonio Rivera Rosales
En enero pasado la gobernadora Evelyn Salgado sorprendió gratamente a decenas de
periodistas al anunciar que reasignó una cantidad respetable del presupuesto para
fortalecer los recursos del Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP).
La joven mandataria incrementó de 5 a 10 millones de pesos el presupuesto anual para
ese instrumento jurídico-financiero destinado a ayudar a los periodistas que ejercen en
condiciones de vulnerabilidad, que son la mayoría.
En el pasado reciente, sólo el gobierno de Angel Aguirre había autorizado un porcentaje
de incremento al presupuesto del FAP. Y apenas lo incrementó en un par de millones. El
aumento autorizado por la joven mandataria es del ciento por ciento.
El FAP fue creado en 1989 por el extinto gobernador José Francisco Ruiz Massieu como
un instrumento legal, con respaldo en la ley, precisamnte para apoyar a los
comunicadores en su labor cotidiana, sabedor de que las condiciones en que ejercían -y
siguen ejerciendo- son miserables, por decir lo menos.
Durante su gestión, René Juárez Cisneros promovió una modificación a la ley 463,
agregándole una puntualización: hasta entonces se llamaba “Ley para el Bienestar Integral
de los Periodistas”, a lo que le fue agregado el término “Y sus familias”. Se trataba, así, de
fortalecer las condiciones económicas y sociales en que subsisten los comunicadores.
Durante un tiempo, el FAP fue manipulado por un grupo de periodistas que pidieron
préstamos que nunca devolvieron. Es por eso que existe un clamor generalizado para que
ese manejo se transparente mediante la participación de un comité técnico integrado por
representantes de agrupaciones que toman decisiones por consenso. Aunque toman
decisiones descutibles, ese mecanismo de decisiones parece ser lo más cercano a una
democracia interna.
Con todo, algunos de quienes integran ese comité han permitido el ingreso de personas
que no son periodistas, no ejercen como tales o, de plano, están muy lejos de serlo y han
burlado los controles para ser beneficiarios del fondo (préstamos, ayudas para equipo de
trabajo o apoyo en casos de enfermedad). Es por eso que resulta necesario establecer
condiciones que permitan determinar sin lugar a dudas si alguien tiene derecho a ser
parte de ese organismo, donde la gestión de Sergio Ferrer ha sido inmejorable.
Todo lo anterior viene a cuento porque estamos ante la fecha emblemática del 7 de
junio, Día de las Libertad de Expresión, fecha que es aceptada por algunos y rechazada por
otros, pero que en general se admite como un día propio para conmemorar ese derecho
fundamental para las y los mexicanos.
Llegamos a esta fecha con un balance asfixiante. El recuento es lamentable: la
organización internacional Artículo XIX ha documentado 172 periodistas asesinados en
México entre 2000 y 2024, en hechos probablemente relacionados con su labor de
informar.
En Guerrero un total de 21 periodistas han sido ejecutados en los últimos 26 años, lo
que convierte a este estado en el más letal después de Veracruz, donde más de 30 han
sido asesinados en el mismo lapso de tiempo, de acuerdo con un reporte de la revista
Proceso.
Vistas las cosas, estamos ante un escenario lamentable y peligroso porque quienes
ordenan los homicidios son gente poderosa, situadas tanto en cargos gubernamentales
como en organizaciones delictivas. Por este escenario tan explosivo es que cobran mayor
relevancia los hostigamientos y agresiones más recientes contra periodistas reconocidos
de Chilpancingo.
Uno de esos casos es el de Anwar Delgado Peralta, un fotoreportero que fue amenazado
de muerte por el diputado priista Bulmaro Torres Berrum, quien enfureció porque el
periodista le tomó una foto mientras comía en su curul. La escena, que se desarrolló en el
Congreso, fue presenciada por el coordinador de la bancada priista Alejandro Bravo
Abarca, quien no hizo siquiera el intento de contener al agresor.
En el colmo de la sevicia, la diputada, también priista, Beatriz Vélez Núñez, utilizó la
tribuna para regañar al reportero por importunar al diputado que ingería sus sagrados
alimentos. Pues sí, quiza tenga razón, pero que sepamos la curul es para ejercer la función
parlamentaria, no para consumir alimentos. El fotoperiodista hacía su trabajo en un
recinto oficial.
El sujeto ya citado no sólo o amenazó a gritos dentro del recinto parlamentario, sino qe
lo persiguió con ganas de agredirlo físicamente. Y, repetimos, Bravo Abarca sólo puso su
cara de palo. Este episodio sería de risa loca si no fuera una grave agresión a los derechos
humanos.
Estos diputados con seguridad ignoran la existencia del artículo septimo constitucional. Y
además, desconocen que ninguna legislación estatal puede estar por encima de la norma
constitucional. Verguenza de diputados con los que cuenta el Congreso de Guerrero.
En el caso de Torres Berrum, debe decirse que antes de ser diputado fue alcalde de
Arcelia, cuna de la Familia Michoacana. Ese dato debiera bastar para entender la actitud
rupestre de este remedo de legislador.
Otro de los casos preocupantes fue la agresión contra Alejandrino González, un avezado
periodista que al parecer era observado (le dicen espionaje a esta actividad) por un
individuo que lo seguía a todas partes en una motoneta. Cuando Aleandrino se percató de
la vigilancia se dirigió en seguida a la Fiscalía General del Estado, donde pidió ayuda. Para
su sorpresa, los agentes de la entrada que recibiero el llamado de auxilio conocian al
persecutor y se pusieron de su parte, agrediendo al periodista.
González escapó como pudo de la triple agresión. Luego, el agredido dijo tener indicios
de que el persecutor de la motoneta es, al parecer, un militar. ¿Qué tendría que decir el
mando zonal de este incidente? ¿Acaso del mando de la 35 Zona salió la orden de vigilar a
este conocido fotoreportero? ¿Qué espera el fiscal Jesús Torres Ojeda para separar del
cargo a los agentes ministeriales que agredieron a Alejandrino González?
Hay muchos casos de agresiones a periodistas. Aquí sólo reseñamos los más recientes y
vistosos. Feliz día de la Libertad de Expresión.
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