ALICIA CASTELLANOS y SARA LOVERA – México omiso ante la CEDAW en violencia, justicia, madres buscadoras y aborto – semMéxico

Recibe más de 75 nuevas recomendaciones de la CEDAW más las 209 no cumplidas

ONU lamenta la debilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, poniendo en riesgo los de las mujeres

Alicia Castellanos y Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 8 de julio, 2025.- México recibió este lunes cerca de 75 nuevas recomendaciones del comité de expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW para cumplir con la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, corazón de la Convención a las que se suman a las no cumplidas o parcialmente cumplicas que son 209 desde 2018, lo que profundizó la violencia contra las mujeres, la discriminación y la pérdida de garantías de respeto a los derechos humanos.

Las nuevas recomendaciones están  centradas en la falta de una visión integral de la condición de las mexicanas, en todos sus aspectos, la limitada capacitación en género  a funcionarios de todos los órdenes, la escasa justicia para las mujeres, dice, hoy en riesgo ante la pérdida de autonomía del poder judicial y la militarización  e instó al  Estado a reconocer como defensoras de los derechos humanos a las madres buscadoras, a las defensoras civiles y a las periodistas.

Llamó al Estado a incorporar a la sociedad civil en todos los planes, programas     y medidas a favor de las mujeres,   porque están marginadas. Consideró insuficiente la política de género en todos los rubros, a  pesar de que México avanzó en la legislación, no hay  transparencia, por ejemplo en el uso de recursos.

Le recordó el Estado Mexicano el escaso cumplimiento a las recomendaciones generales del comité de la CEDAW, especialmente para las mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes, trabajadoras sexuales, discapacitadas, trabajadoras  y migrantes.

Afirmó que persiste la discriminación porque no se ha atendido el  cambio en los contenidos de los medios de comunicación, persisten los estereotipos, porque entre otras cosas en el sistema educativo nacional no se ha transversalizado el respeto y promoción de los derechos humanos.

Consideró el comité que los cambios legislativos,  importantes y plausibles para  la igualdad, no tendrán significado si no se aplican eficientemente. Preocupa que la igualdad sustantiva, ahora en la Constitución, no se aplique; lamentó que no haya recursos para crear el Sistema Nacional de Cuidados.

Lamentó y recomienda que con urgencia se tomen medidas para realmente promover la paz, ahora  situada en comités informales. El Comité de Expertas, en un  documento de 19 folios,  tras el décimo  periodo de rendición de cuentas los días 17 y 18 de junio,  lamentó que persista el matrimonio forzado, especialmente en áreas rurales; la ineficiencia para aplicar la promisión y autonomía económica de las mujeres; la escasa difusión  de los derechos garantizados en la CEDAW,  leyes  sin aplicación que  impiden la incorporación de las mujeres en el desarrollo del país.

Advirtió que las nuevas recomendaciones  deberán cumplirse en los próximos 4 años y  lamentó  la inconsistencia de la protección y seguridad de las mujeres, entre otras cosas,  por la debilidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos garante constitucionalmente de la políticas de género y  la  reducción de presupuesto en las áreas críticas de salud sexual y reproductiva. Llamó a despenalizar el aborto en todo el país.

Lamentó  la desaparición del Seguro Popular,  del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI y  planteó medidas urgentes para para proteger  a las defensoras de derechos humanos.

Conminó al Estado de Mexicano a atender las recomendaciones que cada 4 años surgen en la CEDAW, sin dejar de reconocer “los esfuerzos”, planteó que éstos tienen escasos resultados en su aplicación.

En la lectura de las recomendaciones y observaciones se destacan 4 centrales: definir el papel de la nueva Secretaría de las Mujeres; fortalecer el aparto de justicia ante la sospecha de su improvisación; fortalecer la difusión de los derechos de las mujeres y el diálogo con la sociedad civil.

México  recibió cerca de 75 nuevas recomendaciones: resumen

El Comité destaca el papel crucial del poder legislativo para garantizar la plena implementación de la Convención e invita al Congreso de la Unión de México, a adoptar las medidas necesarias para la implementación de las presentes observaciones finales desde ahora hasta la presentación del próximo informe.

Recomienda que se continúe armonizando la legislación penal en los niveles federal y estatal para garantizar la aplicación coherente de protocolos sensibles al género y abolir los procedimientos penales abreviados en los casos de violencia de género contra mujeres y niñas, incluido el feminicidio; revise el uso de la prisión preventiva obligatoria, especialmente contra s los grupos vulnerables de mujeres, incluidas las indígenas, las pobres y las que se dedican al trabajo sexual, y garantice la presunción de inocencia y su derecho a la libertad y la seguridad personales.

Urge a adoptar medidas prácticas para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, asegurando la provisión de medidas de accesibilidad, en lenguas indígenas, y garantizando el acceso a la justicia para las mujeres legalmente incapaces. El Comité observa que, en el contexto de la reforma judicial en curso, se ha anunciado la capacitación y la evaluación del desempeño de los jueces electos; sin embargo, le preocupa que esto pueda no ser suficiente y que la independencia judicial y la capacidad para garantizar la transversalización de género en la tramitación de los casos y la justicia puedan verse afectada.

Recomienda que se fortalezcan los mecanismos de capacitación y evaluación del desempeño de los jueces electos para asegurar la estricta aplicación de las disposiciones del derecho penal en casos de feminicidio, esterilización forzada y desaparición forzada de mujeres, aborde el sesgo judicial de género y continúe priorizando la capacitación sistemática sobre los derechos humanos de las mujeres, con especial atención a las mujeres indígenas, afromexicanas, lesbianas, bisexuales, transgénero, intersexuales (LBTI)y a las personas con discapacidad.

Resumen en español de las Observaciones Finales del Comité CEDAW sobre México (CEDAW/C/MEX/CO/10):

 Aspectos positivos

El Comité felicita a México por la histórica elección de su primera mujer presidenta, un hito significativo a nivel nacional y regional.

Reconoce avances legislativos desde 2018, como:

• La reforma constitucional de 2024 que consagra el derecho a la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia.
• La penalización de las terapias de conversión, la violencia vicaria y la ciber violencia.
• Reformas al Código Penal y leyes civiles que fortalecen el acceso a la justicia, en particular para mujeres indígenas, con discapacidad o en situación de violencia.
• La reforma «3 de 3 contra la violencia», que impide a agresores ocupar cargos públicos.
• La reforma de «Paridad en Todo» y el uso de lenguaje inclusivo en leyes federales.

Celebra esfuerzos institucionales como:

• La decisión de la Suprema Corte en 2023 que declara inconstitucional criminalizar el aborto a nivel federal.
• La adopción del primer Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad.
• El Programa Nacional para la Igualdad 2020–2024, la política exterior feminista, y la creación de grupos y comisiones para combatir la violencia de género y dar seguimiento a las observaciones de la CEDAW.

Principales áreas de preocupación y recomendaciones del Comité CEDAW para México:

 Visibilidad de la CEDAW y sus recomendaciones

• Aunque México ha tomado medidas para visibilizar la Convención, el Comité advierte que rara vez se aplica en tribunales.
• Recomienda: más difusión entre las mujeres, especialmente en lenguas indígenas, e incorporar la CEDAW en la formación de jueces y autoridades.

 Marco legal y definición de discriminación

• No existe una definición legal integral de discriminación que incluya formas indirectas, múltiples o interseccionales.
• Se recomienda: reformar la legislación para incluir esta definición y fortalecer la Ley Federal contra la Discriminación para que sea efectiva y exigible.

 Mujeres, paz y seguridad

• Preocupación por la escasa participación de mujeres indígenas, afromexicanas y con discapacidad en políticas de paz.
• Se recomienda: participación significativa de mujeres en mesas de paz, enfoque interseccional, mecanismos de rendición de cuentas claros y financiamiento adecuado.

 Acceso a la justicia

• Persisten barreras legales, uso de procedimientos abreviados en casos de violencia de género y falta de accesibilidad para mujeres indígenas o con discapacidad.
• Se recomienda: armonizar la legislación penal, eliminar la prisión preventiva obligatoria injustificada y garantizar acceso a la justicia con ajustes razonables.

 Reforma judicial

• Preocupación por la independencia judicial y falta de enfoque de género en el tratamiento de casos.
• Se recomienda: preservar la independencia judicial, mejorar requisitos para jueces, y capacitar en derechos humanos con enfoque en mujeres indígenas, afrodescendientes, LBTI y con discapacidad.

·  Instituciones de igualdad de género: Preocupación por la independencia limitada de SEMUJERES, falta de consulta con sociedad civil, y acceso restringido a información pública tras la desaparición del INAI.

·  Violencia de género: Persisten altos niveles de feminicidios, violencia digital, tortura sexual y violencia vicaria. Se cuestiona la militarización de la seguridad y la ineficacia de los protocolos de respuesta.

·  Trata de personas y prostitución: Denuncian impunidad, corrupción policial, criminalización de la prostitución y falta de datos y reparación a víctimas.

• Se recomienda implementar estrategias de protección específicas para mujeres en situación de vulnerabilidad (adolescentes, migrantes, indígenas, LBTI, afrodescendientes).
• Fortalecer la coordinación contra redes criminales, sancionar a autoridades cómplices y eliminar la criminalización de mujeres en prostitución.
• Mejorar servicios de atención integral (refugios, salud, apoyo legal) y recopilar datos desagregados.

 Participación política y vida pública

• Aunque hay paridad en el Congreso, persisten barreras estructurales.
• Existen simulaciones en candidaturas y exclusión de mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y con discapacidad.
• Se recomienda establecer metas concretas, prevenir violencia política y asegurar paridad también en el servicio diplomático.

 Nacionalidad y apatridia

• A pesar del marco constitucional, hay dificultades para el registro de nacimiento y el acceso a documentos, sobre todo en comunidades indígenas, rurales o entre mujeres trans.
• Se recomienda fortalecer los registros civiles y eliminar obstáculos para acceder a documentación.

 Educación

• Persisten altos niveles de violencia de género en escuelas, especialmente universidades.
• La deserción escolar por embarazo o violencia es alta y no hay protocolos vinculantes de reingreso.
• Se denuncia la falta de educación sexual integral en varios estados y estereotipos de género en planes de estudio.
• Se recomienda cerrar la brecha digital e incluir a niñas con discapacidad en entornos educativos seguros e inclusivos.

Empleo

• El Comité reconoce la reforma laboral de 2019 que extendió protección a trabajadoras del hogar y programas públicos de cuidado infantil.
• Sin embargo, señala que las mujeres enfrentan dificultades para acceder a protección social y laboral, dada su concentración en empleos informales o de medio tiempo, además de la brecha salarial de género persistente.
• Hay oportunidades económicas limitadas para las mujeres, aumentando su vulnerabilidad a la dependencia económica, explotación, trata y trabajo forzoso, especialmente en grupos marginados.
• La violencia y el acoso sexual en el trabajo son frecuentes, pero poco denunciados y con mecanismos de responsabilidad insuficientes.
• Se carece de recursos adecuados para inspecciones laborales con perspectiva de género.

Recomendaciones:

• Promover el acceso de las mujeres a empleos formales y a la protección social, asegurar igualdad salarial mediante auditorías y transparencia, y completar el desarrollo del sistema nacional de cuidados.
• Crear programas de empoderamiento económico específicos para grupos marginados.
• Implementar mecanismos independientes y confidenciales para denunciar violencia y acoso sexual laboral, proteger a las víctimas y responsabilizar a empleadores.
• Fortalecer las inspecciones laborales con recursos humanos, técnicos y financieros adecuados y formación con enfoque de género.

Salud

• Persisten altas tasas de mortalidad materna, violencia obstétrica y esterilización forzada, especialmente en mujeres indígenas.
• La desaparición del Seguro Popular y su reemplazo por IMSS-Bienestar afectan desproporcionadamente a mujeres pobres, rurales, indígenas y con discapacidad.
• Disminución de servicios preventivos y escasez de medicamentos esenciales, incluidos anticonceptivos y tratamientos oncológicos.
• Mujeres son encarceladas por abortos en estados donde sigue criminalizado, a pesar de avances legislativos federales.
• Acceso limitado a servicios sexuales y reproductivos, obstaculizado por estigma y requisitos injustificados de pruebas de violencia sexual.
• Mujeres institucionalizadas, indígenas y con discapacidad enfrentan coerción y violencia obstétrica, pese a leyes que la prohíben.

Recomendaciones:

• Garantizar cobertura universal de salud mediante un sistema nacional integral y bien financiado, con acceso asequible para grupos vulnerables.
• Fortalecer servicios preventivos y asegurar medicamentos esenciales.
• Revisar y cerrar casos legales contra mujeres por abortos, garantizar acceso efectivo y eliminar barreras y estigmas.
• Eliminar la violencia obstétrica con aplicación estricta de la ley, capacitación especializada y mecanismos de rendición de cuentas.

Empoderamiento económico

• Se valoran iniciativas como microcréditos y el desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados.
• Persisten barreras estructurales: pensiones desiguales, distribución desigual del trabajo de cuidado y escasa presencia femenina en cargos directivos.
• Falta una estrategia nacional integral para facilitar créditos sin garantías, leyes de compras públicas con enfoque afirmativo y un banco dedicado al desarrollo de mujeres emprendedoras.
• El Sistema Nacional de Cuidados no está completamente integrado en la política fiscal con presupuestos sensibles al género.
• Mujeres rurales y afectadas por crimen organizado tienen pocas oportunidades económicas.

Recomendaciones:

• Mejorar acceso a pensiones para mujeres mayores, ampliar servicios de cuidado infantil y exigir diversidad de género en cargos directivos con mecanismos de cumplimiento.
• Desarrollar una estrategia nacional para el empoderamiento económico de mujeres, que incluya legislación, políticas afirmativas, un banco para mujeres y préstamos accesibles.
• Integrar el Sistema Nacional de Cuidados en la política fiscal y adoptar un enfoque interseccional para atender a mujeres marginadas, incluyendo medidas reparadoras en contextos de desplazamiento o crisis económica.

Mujeres rurales

El Comité está preocupado porque las mujeres en zonas rurales siguen enfrentando discriminación sistémica para acceder a la propiedad de la tierra y recursos agrícolas. Señala con especial preocupación que:

(a) Las mujeres son excluidas desproporcionadamente de la propiedad de tierras en contextos agrarios comunales (ejidos), donde sistemas patriarcales de herencia y costumbres sociales les niegan el acceso igualitario a títulos de propiedad, además de su limitado acceso a asistencia legal asequible para reclamar sus derechos sobre la tierra;

(b) La tierra heredada por mujeres a menudo les es despojada por familiares o asambleas comunitarias, y la privatización de tierras ejidales mediante programas de certificación agraria pone en riesgo excluir aún más a las mujeres rurales de la titulación formal.

Recordando la recomendación general No. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales, el Comité recomienda al Estado:

(a) Fortalecer medidas para asegurar el acceso igualitario de las mujeres a la propiedad y herencia de tierras en sistemas ejidales, mediante programas de asistencia legal focalizada, campañas de documentación y reformas agrarias con perspectiva de género;

(b) Eliminar prácticas discriminatorias en las asambleas comunales que impidan a las mujeres ejercer sus derechos sobre la tierra y asegurar que los programas de privatización incluyan salvaguardas con enfoque de género.

Mujeres que enfrentan formas interseccionales de discriminación

Mujeres indígenas y afro-mexicanas

El Comité toma nota de la reforma constitucional de septiembre de 2024 que reconoce a las comunidades indígenas y afro-mexicanas como sujetos de derecho público. Sin embargo, expresa preocupación porque las mujeres indígenas y afro-mexicanas:
(a) Sufren significativa marginación económica, con un alto porcentaje viviendo en pobreza, participación mayoritaria en actividades informales sin seguridad social y sin acceso a créditos formales o documentación de propiedad de tierras;

b) Enfrentan barreras para acceder a servicios legales y de salud culturalmente apropiados;

(c) Permanecen invisibilizadas por la falta persistente de datos desagregados sobre violencia de género contra mujeres y niñas indígenas y afro-mexicanas, lo que dificulta estrategias culturalmente adecuadas para su prevención y atención.

Recordando la recomendación general No. 39 (2022) sobre los derechos de mujeres y niñas indígenas, y enfatizando la importancia de fortalecer la colaboración con organizaciones de la sociedad civil que promueven estos derechos, el Comité recomienda:

(a) Ampliar programas para promover su empoderamiento económico, incluyendo formalización laboral, acceso a protección social, crédito financiero y documentación de propiedad de tierras;

(b) Continuar fortaleciendo servicios de salud y justicia culturalmente adecuados mediante capacitación en enfoques interculturales, provisión gratuita de interpretación en lenguas indígenas y expansión de servicios móviles en zonas remotas;
(c) Mejorar la recolección sistemática de datos desagregados sobre violencia de género contra mujeres indígenas y afro-mexicanas, y desarrollar mecanismos de prevención y reparación con su participación significativa.

Mujeres desplazadas, refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

El Comité recuerda sus observaciones previas y expresa preocupación por la discriminación interseccional y violencia de género contra mujeres desplazadas internas, refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, así como su riesgo elevado de explotación, trata y secuestro. Se preocupa especialmente por:

(a) El aumento abrupto en la detención migratoria de mujeres, traslados forzados internos y abusos documentados cometidos por personal militar y civil;

(b) Barreras para la regularización y acceso a servicios de protección por demoras en emisión de documentos y la suspensión desde 2023 de permisos humanitarios de visitante;

(c) Que las barreras documentales aumentan la exposición a redes criminales y violencia de género severa;

(d) Diferencias en resultados de salud materna por obstáculos en acceso a servicios sexuales y reproductivos;
(e) Baja efectividad en evaluaciones de impacto de género en políticas migratorias.

El Comité recomienda:

(a) Implementar alternativas a la detención para mujeres migrantes, eliminar traslados forzados y asegurar que la vigilancia migratoria sea realizada por personal civil capacitado y supervisado;

(b) Asegurar emisión oportuna e indiscriminada de documentos, restablecer permisos humanitarios y aplicar programas integrales de regularización;
(c) Fortalecer esfuerzos para desarticular redes criminales que atacan a estas mujeres y mejorar medidas de protección en rutas migratorias;

(d) Eliminar barreras para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo para mujeres con discapacidad;

(e) Mejorar la efectividad de evaluaciones sistemáticas de impacto de género en políticas migratorias.

Mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales (LBTI)

El Comité está preocupado por la persistencia de violencia y discriminación de género contra mujeres LBTI a pesar de reformas recientes, y señala:

• Que los homicidios por transfobia están criminalizados solo en CDMX y Nayarit, pero no a nivel nacional;
• Que a pesar de una sentencia de la Suprema Corte en 2019, diez estados no han implementado procedimientos de reconocimiento legal de género;
• Barreras para acceso a justicia y atención médica de afirmación de género, y discriminación en educación y empleo;

(d) Aplicación insuficiente de leyes contra delitos de odio.

El Comité recomienda:

(a) Adoptar legislación nacional contra delitos de odio que proteja a mujeres LBTI y asegurar su aplicación uniforme;

(b) Garantizar procedimientos administrativos de reconocimiento legal de género en todo el país y capacitar a funcionarios;

(c) Proveer capacitación integral sobre derechos de mujeres LBTI a funcionarios, asegurar acceso igualitario a justicia y salud, y eliminar estereotipos y discriminación en educación y trabajo;

(d) Fortalecer la recopilación sistemática de datos desagregados sobre violencia contra mujeres LBTI y monitorear la efectividad de la legislación protectora.

Mujeres y niñas con discapacidad

El Comité expresa preocupación por la discriminación interseccional que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad y la falta de políticas, servicios y medidas específicas para combatirla. Además señala con preocupación:

(a) La baja representación de mujeres con discapacidad en los órganos consultivos de la sociedad civil para el diseño y desarrollo de políticas públicas;

(b) La ausencia de procesos de evaluación y certificación de discapacidad con perspectiva de género, que afecta particularmente a mujeres indígenas y sobrevivientes de violencia de género, limitando su acceso a rehabilitación, protección social y atención médica, incluyendo salud mental;

(c) Las mayores tasas de violencia contra ellas, incluida violencia sexual en familias, instituciones y otros espacios cerrados y segregados;

(d) La persistencia de la institucionalización en centros psiquiátricos para mujeres con discapacidad psicosocial;

(e) La privación de la custodia de los hijos basada únicamente en la discapacidad de la madre.

El Comité recomienda que el Estado:

(a) Garantice la participación significativa de mujeres con discapacidad en órganos consultivos de sociedad civil para el diseño y desarrollo de políticas públicas, especialmente en igualdad de género y discapacidad;

(b) Desarrolle procesos de evaluación y certificación de discapacidad con perspectiva de género, accesibles para todas las mujeres, especialmente en zonas remotas y para sobrevivientes de violencia de género, asegurando acceso adecuado a rehabilitación, protección social y atención médica especializada, incluida la salud mental;

(c) Tome medidas integrales para combatir la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, fortaleciendo la detección, protección, atención a víctimas y acceso efectivo a la justicia;

(d) Garantice que los servicios de salud mental para mujeres con discapacidad psicosocial sean comunitarios, seguros y sensibles al género;

(e) Derogue leyes y políticas que permitan la pérdida de custodia de hijos únicamente por discapacidad de la madre.

Mujeres defensoras de derechos humanos y “buscadoras”

El Comité está preocupado por la escalada de violencia y ataques contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos (DDHH) en el país.

Manifiesta alarma por:

• El alto número de defensoras de DDHH y periodistas asesinadas, agredidas o desaparecidas;

(b) Que enfrentan amenazas, violencia física, vigilancia, ataques digitales y criminalización, en buena parte cometidos o tolerados por actores estatales;
(c) Las graves deficiencias en los mecanismos oficiales de protección, y que estas mujeres sufren ataques incluso estando bajo medidas de protección.

Recomienda al Estado:

(a) Fortalecer el Mecanismo de Protección para Defensoras de Derechos Humanos y periodistas con evaluaciones de riesgo con perspectiva de género e interseccional, garantizar financiamiento adecuado y coordinación efectiva entre instituciones federales y estatales;

(b) Investigar de manera pronta, exhaustiva e imparcial todos los ataques, garantizar la efectiva investigación y enjuiciamiento de responsables, y reparaciones integrales para las víctimas;

(c) Atender las deficiencias graves en los mecanismos de protección para asegurar su efectividad y prevenir ataques, incluso cuando las defensoras estén bajo protección.

El Comité manifiesta particular preocupación por la situación de las “buscadoras”, en su mayoría mujeres (madres, hijas y esposas) que buscan personas desaparecidas. Señala que la violencia y discriminación que enfrentan es persecución de género que refuerza estructuras patriarcales, manifestada en desdén institucional, desánimo e incredulidad basados en estereotipos sobre la credibilidad y roles de las mujeres. Manifiesta alarma porque su labor no se reconoce como defensa de derechos humanos, creando barreras a mecanismos de protección a pesar de iniciativas de verdad y justicia, y que la crisis de desapariciones forzadas coincide con creciente violencia letal contra ellas.

Recomienda que el Estado:

(a) Reconozca formalmente a las “buscadoras” como una categoría especial de defensoras de derechos humanos, estableciendo estándares mínimos nacionales para su definición y medidas de protección, asegurando protección mínima uniforme en todos los estados y extendiendo a ellas los mecanismos de protección para defensoras;

(b) Establezca sistemas de recolección y monitoreo de datos para identificar patrones de violencia y necesidades de protección;

(c) Implemente medidas de protección sensibles al género que aborden la naturaleza de género de la violencia que enfrentan;

(d) Cree programas de reparación con enfoque de género que reconozcan a las “buscadoras” como víctimas de diversos tipos de violencia, incluyendo atención adecuada de salud mental y apoyo psicosocial para mitigar impactos psicológicos por la incertidumbre prolongada sobre sus familiares desaparecidos y prevenir la victimización secundaria;

(e) Asegure la inclusión sistemática de las “buscadoras” en procesos de búsqueda de verdad y conmemoración.

Cambio climático y reducción del riesgo de desastres

El Comité acoge con satisfacción el Plan Nacional de Acción sobre Género, Derechos Humanos y Cambio Climático de 2024, pero expresa preocupación porque el cambio climático y la degradación ambiental afectan desproporcionadamente a las mujeres, en especial rurales e indígenas, quienes enfrentan mayores vulnerabilidades por su dependencia de recursos naturales, acceso limitado a la propiedad de la tierra, exclusión de procesos decisorios climáticos, y efectos adversos como desastres naturales, pérdidas de cosechas, inseguridad alimentaria y de agua.

Recordando recomendaciones generales No. 34 (2016) sobre mujeres rurales y No. 37 (2018) sobre género y reducción del riesgo de desastres, recomienda al Estado asegurar la participación significativa de mujeres, especialmente rurales e indígenas, en políticas y programas de adaptación climática y reducción del riesgo, y fortalecer su acceso a medios de vida resilientes al clima, sistemas de alerta temprana y recursos para recuperación post-desastre.

Matrimonio y relaciones familiares

El Comité expresa preocupación por prácticas discriminatorias en procesos judiciales familiares, señalando:

(a) Que se aplican rutinariamente procedimientos de mediación y conciliación en casos de violencia doméstica, lo que revictimiza, normaliza abusos y genera impunidad;

(b) La persistencia de uniones informales de niñas menores de 18 años, sobre todo en zonas rurales e indígenas, pese a prohibiciones legales, y reportes de que a veces son intercambiadas por dinero o bienes que podrían constituir trata;
(c) La falta de información y datos para monitorear estas uniones;
(d) La insuficiente capacitación y conciencia de autoridades locales sobre igualdad de derechos de las mujeres en relaciones familiares.

Recomienda al Estado:

(a) Prohibir la mediación y conciliación en casos de violencia doméstica en tribunales familiares;

(b) Hacer cumplir la prohibición de matrimonio y convivencia de niñas menores de 18, perseguir uniones forzadas o coactivas, y considerar crear un registro nacional para monitorear uniones tempranas e informales;

(c) Armonizar y monitorear la implementación de leyes familiares en todos los niveles jurisdiccionales para evitar prácticas discriminatorias;

(d) Proveer capacitación adecuada a autoridades locales sobre igualdad de derechos en relaciones familiares.

Recolección y análisis de datos

El Comité valora los esfuerzos del Estado para recolectar datos desagregados para el diseño de políticas a nivel federal, estatal y local, pero expresa preocupación por dificultades persistentes en la desagregación, comparación entre estados y accesibilidad pública de datos en formatos accesibles, especialmente en violencia contra mujeres, trata y situación socioeconómica de mujeres marginadas.

Recomienda continuar fortaleciendo sistemas de recolección de datos mediante indicadores estandarizados en todos los estados para medir violencia de género y trata, mecanismos obligatorios de reporte de datos desagregados, y evaluaciones periódicas de calidad para asegurar precisión y comparabilidad que apoyen políticas basadas en evidencia y presupuestación con perspectiva de género.