JORGE OCTAVIO OCHOA – Sheinbaum debe acabar con los Pactos de Silencio e Impunidad – TRAS BAMBALINAS

Asunto: TRAS BAMBALINAS

Sheinbaum debe acabar con los Pactos de Silencio e Impunidad

Tras Bambalinas. Por JORGE OCTAVIO OCHOA.

Poco a poco se cierra el círculo. Los errores cometidos en el pasado reciente, se han convertido en un pesado lastre del que tendrá que deshacerse pronto Claudia Sheinbaum, a menos que quiera sentir cada vez más debilitado su peso político dentro y fuera del país.

Esto requerirá un distanciamiento de su antecesor, e incluso remociones en el gabinete y en alguna gubernatura, porque hasta la ruptura del PACTO NO ESCRITO entre AMLO y Peña Nieto, hoy le pesan como facturas que también debe pagar, con un alto costo para la gobernabilidad.

Es sintomático, e incluso sumamente preocupante, que el gobierno del nefasto Donald Trump haya entre mezclado un tema netamente de carácter comercial, como es la imposición de un 30% de aranceles, con el tráfico del fentanilo y la falta de resultados para combatir este negocio por parte del gobierno de Sheinbaum.

Más preocupante aún es que, en pleno inicio del juicio a Ovidio Guzmán, le revienten en la cara a la presidenta, graves acusaciones sobre el incumplimiento de un acuerdo que López Obrador aceptó con Estados Unidos, para repatriar al general Salvador Cienfuegos y juzgarlo acá, en territorio nacional.

Esa es la columna vertebral del alegato sobre el por qué, el gobierno de aquel país no aceptó devolver a México a Ovidio, ni a Ismael “El Mayo” Zambada. Simplemente la confianza y el diálogo oficial entre gobiernos en el rubro de seguridad nacional, está roto. La 4T y Morena no tienen palabra. Ese es el mensaje.

Peor aún es el argumento final del abogado de “El Ratón”, Jeffrey Lichtman, que pone en el banquillo al ex presidente y patriarca de Morena, y lo exhibe no sólo por su relación con el cártel de Sinaloa, sino por el silencio cómplice con gobiernos del PRI que toleraron y fueron débiles al dejar libre a El Mayo por 40 años.

Es por esta inacción contra el capo del narcotráfico en México, por lo que Lichtman tildó a la Presidenta de México de “publirrelacionista” del narco y “brazo de relaciones públicas de la organización de narcotráfico de Zambada”. Los hechos reventaron en la realidad, luego de un sexenio de mentiras.

El abogado de Ovidio Guzmán dijo que, en el caso de Cienfuegos, “no solamente se le exoneró, sino que el presidente de México (Andrés Manuel López Obrador) dijo que la DEA había fabricado la evidencia que se presentó contra el general Cienfuegos, algo absurdo. Y algo peor: el gobierno de México violó un acuerdo bilateral que tenía con el gobierno de Estados Unidos”.

“Basándonos en cómo se trató a Cienfuegos y en lo que dijeron esos testigos sobre el Gobierno mexicano y el Ejército mexicano, que habían sido sobornados para no actuar, no es tan sorprendente que, de alguna manera, durante 40 años el Gobierno mexicano y las fuerzas del orden de México no hicieran nada para capturar al que probablemente fue el mayor narcotraficante de la historia del mundo: El Mayo Zambada”.

“Los numerosos testigos que comparecieron ante el tribunal en el caso del Chapo Guzmán, en el que participé, dejaron claro que los cárteles habían sobornado al Ejército mexicano y al Gobierno mexicano hasta las más altas esferas, para evitar ser acosados, detenidos y acusados en México. Fueron mexicanos, y en muchos casos colombianos, quienes testificaron sobre ello”.

El Mayo Zambada se encontraba en México, “viviendo justo delante de sus narices durante 40 años. No se trata de Osama bin Laden, a quien los estadounidenses tuvieron que capturar en una casa de seguridad en Pakistán. Se trata de El Mayo Zambada, que vivía en México, y el Gobierno mexicano no hizo nada (para detenerlo)”.

Bajo este contexto, Lichtman dijo que quizá Sheinbaum “Sintió que el Gobierno de los Estados Unidos no debió siquiera negociar un acuerdo con Ovidio Guzmán, porque ella dice que él es un terrorista y que Estados Unidos no negocia con terroristas”.

“Además, dice que no está satisfecha por el hecho de que no se informó al Gobierno de México sobre varios miembros de la familia Guzmán, ninguno de los cuales figura como sospechoso de la comisión de ningún delito dentro de México…”.

Bajo estas premisas, el abogado concluyó:

“Le diría a la presidenta Sheinbaum que tal vez debería fijarse en sus predecesores en la Presidencia, y tratar de averiguar ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué nunca se hace ningún esfuerzo por detenerlo? Ni siquiera sé si Zambada ha sido acusado en México, de alguna manera, de alguna forma, en lugar de actuar como la publirrelacionista, el brazo de relaciones públicas de la organización de narcotráfico de Zambada, que es lo que parece”.

Esta acusación del abogado Jeffrey Lichtman, abarca incluso los periodos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Sea cual sea la reflexión, lo único que debe quedarnos claro a los mexicanos, es que tenemos una clase política profundamente corrupta y cómplice.

GENTRIFICACIÓN, OTRA GRAN PATRAÑA DE AMLO

Las vicisitudes de Claudia Sheinbaum no terminan ahí. Surgido el tema en la CDMX, detrás de la llamada “gentrificación” se esconde otro de los rostros más perversos e hipócritas del actual régimen de la 4T, que revienta como un asunto de xenofobia y racismo contra los ciudadanos estadounidenses. Esto complicará todavía más las relaciones bilaterales.

Con más de 29 años de gobernar la capital del país, la autonombrada “izquierda mexicana” ha llevado el timón del destino del desarrollo inmobiliario. La vivienda de interés social nunca fue prioridad en los mandatos del PRD. No se construyeron unidades habitacionales, pero sí complejos para millonarios. A partir del Bando 2, emitido por Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, se detonaron esos crecimientos, sólo para millonarios.

Con Carlos Slim al frente, empresario resurgido en el sexenio de Carlos Salinas, los grandes constructores se dedicaron a levantar edificios para vivienda de “alta gama”, que permitieron mega desarrollos como Plaza Carso. Desde la emisión del Bando 2, sólo se construyó un 5% de viviendas de interés social. El 95% erigió departamentos de lujo, con impresionantes servicios anexos como deportivos, spa, tiendas de grandes firmas de moda.

Ricardo Pascoe Pierce ha contado esta historia incansablemente, sobre la farsa que ahora envuelve al tema de la gentrificación. El Bando 2 fue emitido por Andrés Manuel López Obrador dos días después de haber tomado posesión como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Se planteó como un impulso para levantar vivienda popular. Participaron Laura Itzel Castillo, y la entonces secretaria de Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum.

Esta última, fue la encargada de instrumentar el Bando 2. César Buenrostro, entonces secretario de Obras en el GDF, siempre estuvo en contra y se negó a impulsarlo. Murió en 2016. Que en paz descanse.

La doble cara, la hipocresía y el cinismo llegan a tal grado que, hoy, la lideresa de Morena, Luisa María Alcalde, es exhibida por la propiedad que adquirió en la Colonia Roma, donde construyó un edificio, de 3 departamentos, donde ha vivido con su hermana, la ahora fiscal de la Ciudad de México.

Ellos, los que tanto denostaron a los “aspiracionistas” y “fifis”, crearon en la parte superior de ese edificio, un roofgarden con jacuzzi, asadores y área de descanso. La obra la llevó a cabo la empresa 4 Grupo Constructor, que sirvió a Claudia Sheinbaum en el gobierno de la ciudad.

Dicha empresa obtuvo contratos para la reconstrucción de inmuebles dañados por el sismo del 2017. Ahora, la líder nacional del partido en el poder y la Fiscal General de la Ciudad de México son las beneficiarias. Y ellos son los que hablan, con tanta autoridad moral, del cártel inmobiliario.

JUSTICIA A MODO

El régimen de la 4T ha permitido durante los últimos 7 años, una serie de abusos que podrían convertirse en la constante a futuro. De cara a la renovación de la Suprema Corte y Tribunales, más que perseguir delincuentes, la reciente elección judicial amenaza convertirse en arma de persecución política.

Hace unos días, el portal Animal Político, reportó que la Presidencia de la República volvió a pedir a la Suprema Corte retirar la discusión sobre prisión preventiva oficiosa. Es la segunda vez que la Presidencia pide a la Corte abstenerse de resolver este tema. La primera vez ocurrió en mayo de este año cuando, al justificar que llegarían nuevas y nuevos ministros electos tras la elección judicial, pidió retirar el proyecto para dejarlo en manos de los nuevos integrantes del Máximo Tribunal.

Por segunda ocasión, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal envió un oficio a la Suprema Corte de Justicia, para retirarlo de su lista de asuntos próximos a resolver, pese a que esto viene de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), emitida contra México, por el uso de las figuras de prisión preventiva oficiosa (o automática) y el arraigo, consideradas como violatorias de derechos humanos. Y se dicen HUMANISTAS.

Pero mientras, camuflados en el paro judicial que prevaleció durante más de 15 días en la CDMX, varios negocios han sido desalojados de viejos edificios, al no haber una mesa de negociación entre propietarios, inquilinos y abogados. Y como ahora sí, después de 30 años, quieren empezar a construir vivienda social, pues van a apropiarse de cuanto inmueble puedan, bajo el pretexto de la chocante palabrita: GENTRIFICACIÓN.