TLACHINOLLAN – ¿Cómo salir del lodazal?

*Movilización martes 15 de julio para ejercer nuestro derecho a la protesta, evidenciar tozudez de autoridades; engañar a la opinión pública de que todo ha vuelto a la normalidad

En la Costa Chica el huracán Erick destruyó lo poco que tienen las familias de pescadores y las que cultivan el campo: sus palapas, sus techos de lámina, sus cultivos de maíz y sus huertas de plátano y de coco. Todo voló. Las ráfagas de viento arremetieron con toda su furia en una región abandonada por los gobiernos priistas, perredistas y morenistas. Los 13 municipios, a pesar de que cuentan con mucho potencial turístico y con una gran diversidad de bienes naturales, las comunidades no cuentan con servicios básicos. Los gobiernos municipales no se interesan en revertir el rezago social de las localidades que resisten y que no encuentran la manera de hacerse escuchar.

El 20 de junio la gente no pudo contener los estragos del huracán. Las láminas se doblaron, varias volaron lejos como si fueran de papel. En solo unos minutos, cuando Erick tocó tierra la gente quedó a la intemperie por la caída de sus techos. El pánico se apoderó de las madres y padres de familia que no sabían cómo poner a salvo a sus hijos, a las personas mayores y a sus enfermos. Cada quien buscó refugio con sus familiares. Fue imposible pedir auxilio porque se quedaron incomunicadas, se fue la luz porque varios postes se cayeron. Lo más triste es que las autoridades no acudieron a verificar los daños ni llegaron con brigadas para prestar auxilio.

Hay mucho enojo en las comunidades afros y Ñu savi del municipio de San Luis Acatlán como Jolotichán, El Mesón, Jicamaltepec, Piedra Ancha, Yoloxóchitl, San Antonio, Miahuichán, Zentixtlahuaca. Comentan que no acudieron los servidores de la nación a censar sobre los daños de sus viviendas y sus cultivos. Denunciaron al presidente municipal por su indolencia y porque solo le interesa crear una buena imagen difundiendo que ha brindado apoyo a estas comunidades. Lo que ha hechos es llevar unas cuantas despensas para sacarse la foto. Las comunidades afros e indígenas de Zoyatlán, Cruz Verde y Capulín Chocolate del municipio de Marquelia, enfrentan el mismo problema. Ninguna autoridad las tomó en cuenta, nadie llegó a verificar los daños.

Los ciudadanos de estas comunidades critican a la gobernadora Evelyn Salgado porque solo llegó a Marquelia para sacarse la foto. Sus recorridos no fueron para cuantificar los daños que hubo en las comunidades. Tampoco intervino a favor de las familias damnificadas para que las censaran los servidores de la nación. No hubo reportes de los graves daños a sus viviendas, las afectaciones de sus cultivos, los techados de varias escuelas, los postes de luz que se cayeron y árboles que causaron daños en sus viviendas.

El presidente municipal de San Luis Acatlán solo dio algunos víveres, pero esta dádiva no resuelve las afectaciones de sus viviendas como los techos volados y las paredes de adobe derruidas. Perdieron sus muebles que compraron con muchos sacrificios como sus camas, roperos, estufas y refrigeradores. Los presidentes municipales le echaban la bolita a los gobiernos estatal y federal, informaron que ellos se iban a ocupar de la reconstrucción, de las pérdidas del campo y de la ganadería. Pidieron que la gente sacara fotos de los daños para hacer los trámites correspondientes. Hasta la fecha no hay nada y tampoco regresaron a las comunidades los presidentes de San Luis Acatlán y de Marquelia. Lo que han hecho es actualizar sus páginas en redes sociales, para promocionar su imagen. Lo que menos les interesa es asumirse como portavoces de sus comunidades y hacerse eco de estos reclamos. No asumen un compromiso serio con la gente que confió en ellos, los abandonan a su suerte, porque sabe que las familias se las ingeniaran para salir adelante.

No tienen otra opción que reparar sus techos con las láminas que el huracán se llevó. Los que sembraron a principios del mes de junio están resembrando el maíz y el frijol. A las autoridades tampoco les importan las escuelas que fueron dañadas. Los derrumbes ahí siguen desde el huracán Otis, solo se reducen a abrir paso, con el argumento de que no hay dinero. En medio del lodazal las familias hacen todas las faenas para reparar sus techos y reintentar sembrar para que por lo menos tengan maíz en este fin de año. Lo mismo están haciendo con la jamaica y el ajonjolí. Las huertas de plátano quedaron destruidas, lo mismo pasó con las palmas de coco, que tiró a los más tiernos. Los productos comerciales se perdieron y los granos de maíz y frijol son insuficientes para sostener a las familias en lo que resta del año. La situación empeora porque no hay ingresos y porque ni lo que se produce les alcanza.

Esperamos varios días las respuestas de los gobiernos, pero nos la han hecho cansada, porque saben que no decimos nada y que siempre nos resignamos a ser los perdedores. La verdad ya estamos hasta el copete por tanto engaño, por eso las comunidades afectadas tomamos la decisión en asamblea el viernes 4 y sábado 5 de junio, para denunciar por negligencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno y exigirles que atiendan y den cauce a sus planteamientos. Por consenso escogimos este martes 15 de julio para ejercer nuestro derecho a la protesta y evidenciar a las autoridades por su tozudez y por engañar a la opinión pública de que todo ha vuelto a la normalidad y que se subsanaron los daños. Vamos a bloquear a carretera porque a todos nos duele que nos discriminen e ignoren. Exigiremos que se cense a las familias que fueron perjudicadas y si no lo quieren censar que se comprometan en reconstruir los daños de la gente afectada.

Tenemos la esperanza de que con nuestra movilización las autoridades nos escuchen y que atiendan nuestra demanda de ser censados. Nuestras demandas son añejas: requerimos viviendas dignas, que se garantice la dotación e medicamentos y la adscripción de médicos y enfermeras en las clínicas de la Montaña y Costa Chica. La población demanda recursos efectivos para los que siembran en el campo, que en verdad se atienda a los pequeños productores, porque no existen en términos presupuestales. Nos preocupa que en nuestras comunidades siga lloviendo y que el gobierno no apoye para que se recupere lo que se perdió con el huracán.

No sólo estamos en el fango de la pobreza, sino de la violencia por el poder que ejercen los grupos de la delincuencia organizada. Hasta los presidentes municipales los están matando como pasó con el de Igualapa y Metlatonoc. El problema de la inseguridad nos afecta a todos los guerrerenses, pero ahora nos preocupa la Costa Chica porque la violencia se ha extendido desde Cuajinicuilapa, Marquelia, Copala hasta Acapulco, donde proliferan los asesinatos y las personas desaparecidas.

A pesar de tantas reformas que anuncian los diputados, lo real es que para los pueblos que estamos desamparados no se traducen en beneficios tangibles para las familias pobres. Piensan más en mantener el control político de las instituciones que salvaguardar los derechos de la población más desprotegida. Por eso nuestros derechos son pisoteados sistemáticamente, como ciudadanos nos vemos obligados a organizarnos para arrancar con protestas lo que por ley nos corresponde. En la Costa Chica las familias sobrevivimos con 500 pesos a la semana cuando bien nos va. Apenas alcanza para medio comer dos veces al día, pero no debemos enfermarnos porque no hay dinero para curarnos. Para curarse necesitamos tener dinero, de lo contrario estaremos postrados en la cama tomando remedios caseros o esperando que los santos de nuestra devoción nos hagan el milagro de curarnos.

Vivimos en un Estado fallido aunque las autoridades no lo quieran reconocer, pero en verdad estamos a la deriva, los asesinatos se multiplican y la impunidad se agiganta. En nuestro estado no se detiene ni castiga al que comete delitos de alto impacto. Más bien se es condescendiente con las organizaciones que delinquen, que son una real amenaza para los ciudadanos porque ellos son el verdadero poder que con sus acciones violentas supedita a las autoridades en el ejercicio de sus funciones. Tenemos el caso reciente del compañero Marco Antonio Suastegui, un defensor del territorio que fue asesinado en la playa en semana santa y a dos meses y medio nadie ha sido detenido, por el contrario, continúan los asesinatos y los grupos delincuenciales han demostrado que nadie los para porque la ley de fuego la imponen ellos. Ya no solo es el puerto de Acapulco donde se han asentado los grupos delincuenciales, también en las comunidades rurales tienen presencia con los jóvenes que están cayendo en sus garras con el consumo del cristal, la cocaína y el fentanilo. La Costa Chica es un corredor estratégico para el trasiego y comercialización de las drogas sintéticas. Esta tragedia aún no se dimensiona al interior de las comunidades que están asediadas por estos grupos y los niños y jóvenes son las víctimas de este flagelo.

Lo paradójico en nuestro estado es que, a pesar de la presencia de la guardia nacional, del ejército, y de la Marina no vemos que hayan desmantelado a las organizaciones criminales o que detengan a sus jefes, por eso decimos que no están combatiendo al crimen cuando los asesinatos suceden a cada momento y el negocio de la droga es floreciente en los centros turísticos, pero también en las comunidades rurales. No es posible que digan las autoridades que los cuerpos de seguridad militarizados están combatiendo la criminalidad cuando en las escuelas, en las tiendas y en las casas están vendiendo y consumiendo drogas.

Las autoridades además de estar rebasadas están coludidas: los presidentes municipales cogobiernan con los grupos delincuenciales, los policías municipales y tránsitos hacen el trabajo sucio esquilmando a la gente pobre. Portan licencia para delinquir. La obra pública es ejecutada por empresas de la delincuencia que además de hacer negocios, les abren los espacios para cooptar a las comunidades y someter a sus autoridades. Los huracanes no solo son los que devastan a las comunidades de la Costa Chica, son las autoridades las que se encargan de hundirlos por su desatención y el crimen organizado se ha enquistado en la estructura gubernamental para causar terror, desmovilizar a la población erigirse como un poder funesto. ¿Cómo salir de este lodazal?