Chilpancingo, Gro., 08 de agosto del 2025.– Al concluir la conferencia magistral “La Reforma Constitucional Indígena y Afromexicana y el Nuevo Poder Judicial en México”, impartida por el ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, el subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, se pronunció sobre el reciente bloqueo realizado por comisarios del Valle del Ocotito, al que calificó como un exceso sin justificación, ya que previamente se había sostenido diálogo y atendido la solicitud de seguridad planteada por la autoridad local.
El funcionario informó que, durante la reunión sostenida un día antes con los comisarios, no se presentaron demandas adicionales y el encuentro concluyó en buenos términos. Reiteró que el Gobierno del Estado no caerá en provocaciones, tal como ha señalado la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y que las fuerzas de seguridad tienen como misión generar condiciones de paz, no reprimir a la población.
Rodríguez Cisneros indicó que, al tratarse de un tramo federal, corresponderá a la autoridad federal determinar las acciones a seguir; no obstante, recalcó que quienes participaron en el bloqueo deberán asumir las consecuencias de sus actos. Agregó que las demandas expresadas ya habían sido atendidas y que, hasta el momento, no se han presentado denuncias formales por desplazamiento forzado o presuntos abusos de corporaciones.
En este sentido, exhortó a la población a presentar sus denuncias para que puedan derivar en consecuencias jurídicas, subrayando la necesidad de transitar hacia una cultura de la legalidad. “En esta administración no se ha permitido el desplazamiento forzado; cuando se presenta un caso, se actúa de inmediato y se trabaja para que las comunidades retornen a la paz y la estabilidad”, afirmó.
Respecto al caso de Zoyatepec, negó la presencia de personas armadas o irregularidades, y reiteró la invitación a las autoridades comunitarias para que acompañen los recorridos de verificación.
Finalmente, el subsecretario hizo un llamado a líderes políticos, sociales y religiosos, así como a toda la sociedad, a contribuir a la gobernabilidad y trabajar unidos por el bienestar de Guerrero.
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