Tlapa, Guerrero, a 14 de agosto de 2025. Las autoridades comunitarias de la comunidad nahua de Atlamajalcingo del Río, municipio de Tlapa, exigieron al presidente municipal Gilberto Solano Arreaga la pavimentación de 400 metros de la calle Nicolás Bravo, la instalación del drenaje y la construcción de la red de agua potable.
En conferencia de prensa en las oficinas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan a las 11 de la mañana estuvo el comisario municipal, el comisariado de bienes comunales, el consejo de vigilancia, integrantes del comité de la obra proletaria 2025, ciudadanos principales, maestras y maestros. También acompañaron agentes de gobernación.
El comisario municipal, Santiago Cabrera, lamentó que el gobierno municipal no los ha atendido con el ramo 33 desde el 2024 en diferentes obras en la comunidad indígena. “No somos un grupo político, somos comisionados por la asamblea del pueblo. Exigimos que se concluya pronto la obra que estamos demandando con una propuesta entre el ayuntamiento y el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (COPLADEG). Queremos que se nos tome en cuenta para ejecutar las obras, principalmente la pavimentación de una calle, drenaje y agua potable. También exigimos la construcción de un techado de la escuela secundaria Ignacio Comonfort”.
Jovany Cano, comité de obras 2025, abundó que la molestia del pueblo es que el ayuntamiento “sólo nos están dando 100 metros para pavimentación, mientras que nosotros estamos exigiendo 400 metros porque el año pasado no tuvimos ninguna obra. Luego, la construcción de un techado en la telesecundaria que queda sobre la misma calle que queremos pavimentar para que nuestros hijos e hijas puedan tener espacios dignos”.
Dagoberto Sierra, comité del FAIS de Atlamajalcingo del Río, resaltó que el rezago social es histórico. En el 2024 no contaron con una sola obra. En este año han transcurrido 8 meses sin que haya claridad en los apoyos del gobierno municipal. Al contrario, “es una burla por parte del ayuntamiento al ofrecernos 100 metros de pavimentación de una calle. En lugar de apoyarnos pone trabas. El año pasado no nos tomaron en cuenta en la reunión de COPLADEMUN para agendar la obra del 2024. Ahora se han metido peticiones, se ha venido a reuniones con el ayuntamiento, pero nos han cerrado las puertas. Nosotros exigimos una audiencia con el presidente municipal que hasta el momento se ha negado a atendernos”.
Roberto Tapia, comisariado de bienes comunales de Atlamajalcingo del Río, relató que en el 2024 giraron un oficio para que se rastreara la entrada de la comunidad que se usa como explanada para que se llevara acabo la fiesta del día de reyes, porque después del huracán John se ensolvó. Además, “solicitamos una máquina para que abriera una brecha para que la gente pasara en la carretera de Tlapa a Copanatoyac, pero nunca tuvimos respuesta del presidente municipal. Ahí nos dimos cuenta de que nada más nos están engañando”.
Las autoridades comunitarias de Atlamajalcingo del Río han venido solicitando las obras más importantes como la pavimentación, drenaje y agua potable desde mayo. Están abiertos al diálogo con el gobierno municipal, pero demandan ser atendidos y sean tomados en cuenta. Su exigencia central es una audiencia directamente con el presidente Gilberto Solano Arreaga porque solo ha mandado a sus trabajadores, donde se lleguen a acuerdos que beneficie a la comunidad.
“En la comunidad tenemos más de 49 principales que siempre han apelado a respetar las instituciones. A final de cuentas el ayuntamiento, derechos humanos, gobernación y autoridades estatales entendemos que tienen una planeación. No queremos llegar a tomar otras decisiones de fuerza. Lo que queremos es una audiencia”, dijo Antonio Rojas, secretario municipal.
“Sentimos que siempre hemos sido marginados e ignorados como pueblo. Nos han dado migajas. Nos han hecho obras que no se han concluido. Tenemos una bomba que no logra abastecer a toda la comunidad. En fin, nos hemos callado mucho tiempo, vemos que muchos pueblos se han manifestado, ha habido bloqueos, y dadas las circunstancias decidimos levantar la cabeza para pelear por nuestros derechos”, reclamó un principal.
En náhuatl, doña Cira consideró que sus peticiones que no son exageradas, son obras del ramo 33 como pavimentación, techado, rastreo en la explanada principal. Son beneficios para las nuevas generaciones y no hay ningún interés personal. “ Tenemos que exigir lo que nos toca. Hago llamado a las mujeres de diferentes comunidades que hablan alguna lengua para levantar la voz a pesar de que muchas veces es una limitante. De manera respetuosa pedirle al presidente municipal que no nos mande mensaje de intimidación o de amenaza porque nos mandató una asamblea”.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, comentó que los 2 mil habitantes de la comunidad ha tenido que realizar faena y cooperarse para arreglar sus caminos después del huracán John. Su organización es el ejemplo de que los pueblos resisten, luchan, pelean y exigen sus derechos.
Como Tlachinollan hemos sido testigos de que las autoridades municipales desde Acapulco a la Montaña maltratan a las comunidades indígenas y rurales. En las comunidades rurales de Acapulco van a realizar pozos radiales, pero la gente en su casa no tiene una sola llave de agua. Vemos que no hay inversión de los ayuntamientos para revertir el rezago social.
En la Montaña de Guerrero hubo un gobierno indígena, gobernado por los me’phaa, na savi y los nahuas. Sin embargo, la colonia destruyó sus saberes y aplastaron al gobierno comunitario.
Ahora en Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Tlapa y otros municipios tienen en el olvido a las comunidades indígenas. Casi el 70 por ciento de las carreteras artesanales están destruidas porque faltó planeación y no se les consultó a las comunidades. ¿Qué está pasando con las autoridades estatales y municipales que han descuidado por décadas a las comunidades indígenas?
Con la reforma indígena se reconoce a las comunidades como sujeto de derecho público, es decir, los actos del gobierno comunitario son actos constitucionales; sus leyes y costumbres tienen una repercusión nacional y por eso pedimos que las autoridades tomen conciencia y sean coherentes con el escenario jurídico. Hay un porcentaje de recursos económicos del FAIS que las comunidades han empezado a administrar, pero los presidentes municipales argumentan que por eso ya no van a dar apoyos. No es la lógica, más bien, el gobierno municipal tiene la obligación de hacer la programación de las obras para todas las comunidades.
Como centro de derechos humanos tenemos que decirles a las autoridades municipales que atiendan a las comunidades con dignidad como lo merecen. La comunidad de Atlamajalcingo del Río no está pidiendo obras más allá del presupuesto, solo quieren una obra justa para 2 mil habitantes. En medio del abandono, exigen sus derechos.
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