ERNESTO MADRID – La Sagrada Soberanía – LATITUD MEGALÓPOLIS

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la “sagrada soberanía” nacional frente a las declaraciones de Donald Trump, pero los casos de corrupción y la estrategia de seguridad muestran que, en los hechos, la justicia y la inteligencia operan con guion escrito desde Washington.

Con la retórica de la sagrada ‘soberanía’ la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la acusación que le hizo el presidente Donald Trump de que “México hace lo que decimo y también Canadá” al señalar que “cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el Mundo: En México, el pueblo manda”, declaró la presidenta.

Una respuesta pensada para las plazas y los noticieros, donde la soberanía se declama como dogma… aunque la realidad, menos poética, dicta que buena parte de las investigaciones y decisiones clave nacen y se procesan fuera del país.

La paradoja es evidente: mientras en los discursos se presume independencia, los casos más sonados de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico se revelan gracias a agencias e instituciones extranjeras.

El ejemplo más reciente: Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex (2017-2018), detenido en Texas tras cuatro años prófugo. En México, su orden de extradición estaba pendiente desde hace años; en Estados Unidos, el caso prosperó hasta acusarlo de recibir un soborno de cuatro millones de pesos de Emilio Lozoya Austin quien fuera el director de la petrolera en la época de Enrique Peña Nieto.

Lozoya —símbolo del escándalo Odebrecht— dirigió Pemex entre 2012 y 2016 y enfrenta señalamientos de haber recibido más de cuatro millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña. Fue arrestado en España y extraditado a México en 2020, pero aquí pasó más de un año en libertad condicional. Incluso después de que un juez ordenó su reclusión en 2021, y de que en 2024 un Tribunal Colegiado validó testimonios clave contra él, el exfuncionario sigue sin sentencia firme.

En paralelo, el Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega documentó que Altos Hornos de México (AHMSA) canalizó 3.7 millones de dólares en sobornos, vía una empresa fachada, para beneficiar a Odebrecht. No fue la Fiscalía General de la República, ni la Unidad de Inteligencia Financiera, ni la Secretaría de Hacienda en tiempo del expresidente López Obrador, que se quedó en un ejercicio de consulta que no transcendió para juzgar a los expresidentes, quien reveló la operación: fue un organismo extranjero.

Y las contradicciones se acumulan. La presidenta afirma que “en México nadie se somete a los gringos” y que las decisiones se toman “por y para el pueblo”, pero las alertas sobre lavado de dinero del narcotráfico en tres bancos nacionales llegaron desde el Departamento del Tesoro. Mientras tanto, las autoridades mexicanas callaron esas operaciones en las que se vincula a un allegado al expresidente López Obrador, Alfonso Romo.

Lo mismo ocurre en materia de seguridad: en vísperas de firmar un nuevo Acuerdo de Seguridad bilateral, equipos tácticos y de inteligencia de Estados Unidos ya se vislumbran en México, trabajando junto con las fuerzas federales bajo el mando de Omar García Harfuch que justificó que eran por ‘acuerdo de colaboración’ para planear operativos contra los principales cárteles. Una cooperación que, más allá de la semántica, implica que la estrategia y los objetivos los fija Washington; México ejecuta.

Y aunque Harfuch dijo que no era de tipo militar, la realidad es que los drones que utiliza el gobierno estadounidense, en cualquier actividad, son provistos por el Pentágono para labores de inteligencia, y seguramente se trata de muchos otros que ya estarán en el territorio nacional, colaboraba en tareas de inteligencia contra el crimen organizado.

La historia no es nueva: desde hace décadas, la llamada “guerra contra el narcotráfico” se alimenta de inteligencia, tecnología y financiamiento estadounidenses. El gobierno mexicano, sin importar el partido en el poder, ha jugado el papel de socio operativo, ajustando sus acciones a los intereses de la Casa Blanca.

Así, la ‘sagrada soberanía’ que se pronuncia en conferencias y discursos masivos convive con una dependencia estructural en justicia, finanzas y seguridad. En el relato oficial, “manda el pueblo”; en los hechos, las decisiones cruciales se siguen tomando a 3,000 kilómetros de distancia, entre la Avenida Pensilvania y la Casa Blanca.
@JErnestoMadrid
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