TLACHINOLLAN +Jueza ordena a autoridades de Guerrero garantizar el derecho a la educación en la Montaña*

La educación en la Montaña de Guerrero está en el fango. La desatención gubernamental ha crucificado a las niñas, niños y jóvenes de las comunidades indígenas, dejándolos sin maestras y maestros como si no tuvieran derechos por vivir en los despeñaderos del olvido. Las madres y padres de familia se han tenido que organizar para exigir a las autoridades docentes y la construcción de escuelas. La lucha ha pasado de decenas de solicitudes a la Secretaría de Educación del estado de Guerrero (SEG) a los tribunales, donde se han ganado quejas y amparos.

El 28 de agosto de 2025, una jueza dictó una sentencia a favor de la comunidad nahua de San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa, donde ordena a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la SEG que tiene como titular a Ricardo Castillo Peña y al director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Benjamín Guito Nava, la construcción de la Escuela Secundaria Técnica Número 229 “Roberto Mejía Guzmán” con clave 12DST0249D; tienen que mandar cuatro maestros, 15 computadoras, internet, instrumentos de banda de guerra, cinco escritorios, sillas para docentes, 3 pizarrones blancos, doce mesas binarias, 24 sillas didácticas, material de oficina y de aseo y uniformes escolares.

En conferencia de prensa en las oficinas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el abogado Baldomero Díaz señaló que las autoridades tienen 30 días a partir de que se dicta la sentencia para que tengan un diagnóstico técnico definitivo, el entorno del plantel y el calendario de obras para que inicien los trabajos de construcción del centro educativo; instalación de servicios básicos, sanitarios, dotación de mobiliario escolar mínimo, habilitación de un centro de cómputo con conectividad de internet funcional y esquemas de mantenimiento.

La sentencia dicta que a la brevedad la SEG debe designar personal docente para que de manera continua impartan las asignaturas de Historia, Geografía, Formación, Cívica y Ética y Educación Física en la secundaria técnica. La jueza les ordena adoptar medidas provisionales para que no se interrumpa la educación de los jóvenes hasta que concluya la revisión definitiva.

En la resolución la jueza prohibe las aportaciones directas o indirectas de madres, padres o tutores en estas medidas porque no tienen la obligación de aportar cooperaciones, ni de trabajar en las reparaciones o construcción de la escuela. Son las autoridades educativas quienes deben cumplir la sentencia, de manera que garanticen el interés superior de la niñez y la adolescencia con un enfoque de interculturalidad, cumpliendo el artículo tercero constitucional, comentó Baldomero Díaz.

A pesar de que San Pedro Petlacala data de aproximadamente 1650 las autoridades lo han dejado en el olvido. Desde que se fundó la escuela secundaria en 1996 ninguna institución del estado ha enviado recursos para su construcción. En conferencia de prensa, Aurelio Calleja Casales, presidente del comité de padres de familia, relató que a falta de escuela la primera generación recibió clases en la comisaría municipal; la segunda, en la oficina del comisariado de bienes comunales y la tercera en la tienda Conasupo. “Como comunidad nos organizamos para que se donara un terreno para construir aulas. Se realizaron solicitudes, pero el gobierno no nos apoyó”.

En una asamblea del 2000, las madres y padres de familia acordaron cooperar 5 mil pesos para hacer las primeras compras de materiales. Cuando estaba casi todo en el 2001 construyeron las dos primeras aulas rústicas, pero un grupo de alumnos siguió recibiendo clases en la comisaría municipal. En el 2013 gestionaron con el presidente municipal de Tlapa la construcción de dos aulas más, pero les dijo que les apoyaría con poco porque no era autoridad educativa y no le correspondía. La gente volvió a cooperarse para la construcción de dos aulas más.

Con sueños de tener aulas dignas en 2022 se retoman las gestiones con solicitudes dirigidas a la gobernadora de la entidad, a la SEG y al IGIFE porque estaban en mal estado. No hubo respuestas. El abogado Baldomero Díaz explicó que el 14 de febrero del 2024 se presentó la primera demanda de amparo reclamando maestros o maestras de educación física, historia, geografía y formación cívica y ética, y la construcción de la escuela porque hay riesgos de que colapse. El 19 de febrero del 2024 se admitió el amparo número 236/2024 que le toca conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en Chilpancingo. La gobernadora se negó a garantizar a los jóvenes su derecho a la educación interponiendo un recurso jurídico, argumentando que le correspondía a la SEG.

Por su parte, Elisa Vergara Santos, directora de la Escuela Secundaria Técnica “Roberto Mejía Guzmán” de San Pedro Petlacala, informó que el edificio ya tiene 25 años y se ha ido deteriorando. “Las aulas tienen cuarteaduras que gotean sobre los estudiantes mientras toman apuntes. El techo desprende polvo que se crea por la humedad que genera problemas de salud en los estudiantes y profesores. Las paredes tienen demasiadas fisuras, el agua que corre en las paredes es amarillenta, muestra de que las varillas se han ido oxidando. Faltan sanitarios, la instalación de luz y todos los servicios de mantenimiento; además, se carece de barda perimetral y un muro de contención porque el río se está llevando el área de la escuela”.

La directora también mencionó que el mobiliario está en malas condiciones y cada ciclo escolar las madres y padres de familia tienen que cooperar 500 pesos para comprar pizarrones y dar mantenimiento a la escuela. “No se cuenta con butacas para niños zurdos. Se carece de equipamiento de cómputo e internet que funcione para la formación en informática; no se tiene laboratorio de física y química. Por eso consideramos que los pueblos deben ser escuchados para no seguir engrosando las filas del analfabetismo en la Montaña”.

El padre de familia Antonio Reyes remigio dijo: “estamos molestos como pueblo. Ya estamos cansados de que el gobierno no haga su trabajo. Vemos el informe que ha hecho la gobernadora y nos da envidia porque dijo que todo está bien cuando nosotros desde el 2021 y años atrás no nos han hecho caso. Nuestra escuela está en malas condiciones. Tenemos muy mala infraestructura, por eso decidimos dar un paso más. Ya no estamos permitiendo que nos hagan menos por ser indígenas, porque tenemos los mismos derechos como en las ciudades”.

Paulina Espinoza Flores, integrante del comité de padres de familia, denunció las malas condiciones en que se encuentra la escuela secundaria, con fisuras en el techo. “El alumno tiene que estar escribiendo a un lado de donde está goteando, tienen que poner una cubeta para que no se hagn los charcos de agua. Lo único bueno es la cancha que se construyó con 200 mil pesos por el apoyo La Escuela es Nuestra y el trabajo del pueblo”.

Mario Pacheco Castillo, comisario municipal, exigió a los gobiernos que los escuchen; a la gobernadora, a la SEG y a la presidenta Claudia Sheinbaum que manden los maestros, se construya la escuela digna, uniformes escolares, equipar la escuela con computadoras. “Nosotros no tenemos una fuente de trabajo estable, siempre estamos buscando cómo ir sobreviviendo porque no tenemos lo suficiente en nuestra comunidad. Por eso les pido a los tres niveles de gobierno que cumplan con su deber para la educación de nuestros hijos”.

Esta sentencia sobre el derecho a la educación para los jóvenes de la comunidad de San Pedro Petlacala es relevante no sólo para la Montaña, sino para Guerrero por ser el primero en su clase. La jueza le da la razón a las autoridades comunitarias y al comité de padres de familia con este amparo indirecto porque argumentó que hay una omisión del Estado y no garantiza la amplitud del derecho a la educación de los jóvenes indígenas; la violación a sus derechos quedó probada.

En la Montaña es muy recurrente que las niñas, niños y jóvenes no cuenten con docentes. El año pasado 28 comunidades de Metlatónoc y cerca de 40 comunidades del municipio de Acatepec carecían de maestros y maestras. Realizaron ssus peticiones a la SEG, pero no tuvieron respuestas. Desde entonces Tlachinollan junto con las comunidades de Villa de Guadalupe, Loma Bonita, Los Reyes Magos, Llano de Tepehuaje, municipio de Metlatónoc; Mixtecapa, municipio de San Luis Acatlán; Almolonga de Ocampo, municipio de Alcozauca; San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa, y El Carmen, municipio de Xochistlahuaca, han promovido 8 amparos educativos, de 7 ya se tienen sentencias donde obligan al gobierno del estado a que garantice de manera permanente el derecho a la educación, mientras uno continúa pendiente, pero hay una suspensión definitiva.

Las comunidades indígenas tienen que organizarse para construir con sus propias manos escuelas, cuando es responsabilidad del Estado. La gobernadora Evelyn Salgado para no cumplir con las sentencias de los jueces interpone recursos jurídicos, violando los derechos constitucionales que tiene la niñez y los jóvenes. Es importante que las autoridades acaten y cumplan lo que un juez les ordena para que no se sigan vulnerando los derechos de las niñas, niños y jóvenes.