EN LA NORMAL DE AYOTZINAPA, 43 BUTACAS ESPERAN POR LOS ESTUDIANTES DESAPARECIDOS

Por Abel Miranda Ayala
El escenario se mantiene intacto al igual que hace 11 años: 43 butacas permanecen formadas en la cancha de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, donde las fotos y distintos objetos que los padres han hecho para mantener vivo el recuerdo de los normalistas desaparecidos en Iguala de la Independencia luce inamovible para no desistir en la lucha por su regreso con vida.

Desde el pasado martes 16, los padres de los desaparecidos,
alumnos de la normal y miembros de organizaciones afines al movimiento, iniciaron la jornada de lucha por el 11 aniversario de los hechos de Iguala, el principal reclamo sigue siendo la presentación con vida de los jóvenes y que se haga una investigación que permita saber qué fue lo que pasó el 26 y 27 de septiembre del 2014.

Melitón Ortega Morales, quien funge como vocero de los padres de los 43, señaló que al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador la investigación fluyó bien y con buenas expectativas, pero una vez que las evidencias apuntaron a la participación del Ejército y otras corporaciones oficiales, simplemente se empantanó.

“No hemos tenido esa respuesta que tanto anhelamos, que se ha puesto en la mesa de las autoridades que es el tema en específico de los 800 folios que tiene que entregar la Sedena a las autoridades que están en la investigación”.

Indicó que el Ejército ha negado esa información en la que se podrían tener datos de lo que pasó en Iguala, porque hay indicios de que un grupo de los estudiantes ingresó en las instalaciones de la 27 Zona Militar, también que ahí estuvieron celulares de los estudiantes.
“Pero la Sedena ha negado diciendo que no existen más informaciones más que las que ya se entregaron en su momento”.

Agregó que la información que la Sedena entregó no tiene nada de importante y los folios que faltan son los que se habrían generado por en los hechos de Iguala y acusó que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien impidió que se entregara toda esa información que podría dar la ruta, la pauta para encontrar las líneas que nos pueden llevar a encontrar a los 43.

Señaló que en la opinión pública hay voces que los acusan de que es una cuestión ideológica por la que luchan, pero no es así, lo “el movimiento de los padres, de las madres es por la verdad y por justicia, porque queremos saber qué pasó con nuestros estudiantes, eso mueve la lucha de los padres, eso mueve porque no tenemos tintes políticos, no tenemos otras cuestiones para que saber la verdad”
Insistió en que “en la vida pública, los políticos de este país, los empresarios de este país, los conservadores de este país atacan al movimiento de los padres solo por levantar la voz, solo por decir que quieren justicia y como lo han dicho los padres y las madres, mientras no haya esa información el movimiento de los padres se mantendrá vigente”.

De la actual presidenta Claudia Sheinbaum señalaron que es de celebrar que hoy México tenga una presidenta mujer, que podría tener una mayor sensibilidad para escuchar el lamento de las madres que han llorado 11 años por saber el paradero de sus hijos.

“Queremos decirle a la presidenta que las madres siguen con ese dolor y con la exigencia que ponga atención a cada una de las líneas y que permita que la investigación realmente avance, que regrese al grupo de expertos Internacionales y que se abra toda la información que tienen las autoridades”.

“Qué bueno que en nuestro país hay una representación de una mujer, pero lo que queremos es justicia, queremos llegar a la verdad, que no sea una promesa, que no sea una intención”.

Destacó desde el gobierno de Enrique Peña Nieto y en el de Andrés Manuel López obrador solo les han dado promesas que terminaron decepcionándolos; “esas palabras que nos decían que estamos con usted, sentimos su dolor, vamos a llegar a la verdad, vamos a meter a la cárcel a todos los responsables, vamos a investigar; esas palabras ya no las creemos, ya no nos caen, ya no nos emocionan, ya no generamos esa confianza en las autoridades”.

Melitón Ortega enfatizó en que a unos cuantos días de cumplir 11 años de la desaparición de los jóvenes, no hay esperanza, no vemos esa luz en esta lucha, en esta este camino, en este túnel no vemos esa luz al fondo; “al contrario, hay decepción, hay tristeza, hay desánimo de muchas cosas que están pasando, no pedimos otra cosa más que se la verdad”.

De las cosas positivas que han pasado fue la detención de la magistrada Lambertina Galeana, que era la presidenta del del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero en su momento de la desaparición de los estudiantes y fue quien ordenó desaparecer los videos de la Ciudad Judicial.

“Celebramos esa acción, pero no basta que esté en la cárcel, no basta que la tengan detenida, eso no resuelve, queremos que rinda la información porque era la responsable aquel entonces en el 2014 de haber permitido y ordenado la desaparición de las pruebas importantes de la Cámara de Seguridad del Palacio de Justicia de Iguala”.

ANTECEDENTE

El 26 de septiembre del 2014 estudiantes de Ayotzinapa trataron de apoderarse de camiones de pasajeros en la terminal de Chilpancingo, ahí la Policía Estatal los interceptó e impidió que se apoderaran de las unidades que usarían para ir a la marcha del dos de octubre en la ciudad de México.

Al no poder apropiarse de los camiones en Chilpancingo fueron a Iguala y sustrajeron camiones de la terminal de esa ciudad entonces empezó un ataque organizado por el grupo delincuencial conocido como Guerrero Unidos que actuó en complicidad y sincronía con autoridades del gobierno municipal, estatal y federal, incluido el Ejército, la Policía Federal, policías municipales de Huitzuco, Cocula e iguala entre otros.

Los hechos de Iguala ocasionaron la renuncia del entonces gobernador Ángel Aguirre y todo su gabinete.

El caso fe atraído por la entonces Procuraduría General de la República y desde esa institución se creó la llamada Verdad Histórica que manejó la hipótesis de que los 43 desaparecidos fueron llevados al basurero de Cocula y quemados hasta desaparecer, la versión fue desechada por un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismo que estableció que había líneas de investigación que seguir que apuntaron hacia el Ejército y la complicidad con otras autoridades.