Un fraccionamiento en la Ciudad de México es vigilado por seguridad privada. / Foto: Armando Monroy / Cuartoscuro.com
En 2024, los mexicanos destinaron este monto a medidas contra la inseguridad, desde alarmas hasta mudanzas. Expertos advierten que la “industria de la prevención” profundiza la desigualdad
Juan Carlos Rodríguez
SemMéxico/ El Sol de México, Cd. de México 1º. de octubre, 2025.- Instalar alarmas en casa, contratar seguridad privada, comprar cámaras de videovigilancia, o medidas más extremas como adquirir armas de fuego o cambiarse de vivienda, eran hasta hace una década un conjunto de acciones aisladas que tomaban algunas familias mexicanas para protegerse de la inseguridad.
Sin embargo, en los últimos 10 años, estas medidas excepcionales se volvieron rutinarias y ahora se ha configurado una “industria de la prevención” que, según especialistas, no sólo absorbe parte del presupuesto familiar que debería destinarse a rubros como alimentación, salud y educación, sino que se ha convertido en factor de desigualdad social.
La más reciente edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mostró que el costo total estimado del delito y la inseguridad en hogares en 2024 fue de 269 mil 600 millones de pesos.
Dicha estimación toma en cuenta tres variables: los gastos a consecuencia de daños en la salud, las pérdidas económicas a consecuencia del delito y las medidas preventivas que los hogares eligieron para protegerse contra la inseguridad.
Este último rubro tuvo un costo de 91 mil 800 millones de pesos, monto equivalente a la suma del presupuesto que este año fue destinado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (70 mil 422 millones de pesos) y a la Fiscalía General de la República (20 mil 126 millones de pesos).
La Envipe clasifica las medidas preventivas en seis rubros: cambiar o colocar cerraduras/candados, cambiar puertas o ventanas, realizar acciones conjuntas con sus vecinos, colocar rejas o bardas, comprar un perro guardián y “otras medidas” que incluye instalar alarmas, contratar vigilancia privada en la calle o colonia, contratar seguros, adquirir armas de fuego o cambiarse de vivienda.
Quienes pueden pagar alarmas, circuitos cerrados de televisión o seguridad privada se protegen mejor, mientras que los hogares más pobres no siempre pueden hacer el gasto y entonces quedan expuestos, lo que genera la percepción de que la seguridad es un privilegio más que un derechoYair Mendoza, investigador del Programa de Seguridad de la organización civil México Evalúa
Hasta hace una década, las más comunes eran las cinco primeras, pero en años recientes, las acciones más radicales como colocar alarmas, instalar cámaras o comprar armas de fuego se han vuelto la principal tendencia en entidades como Ciudad de México, Baja California y Estado de México.
Según la Envipe 2025, por tercer año consecutivo, las “otras medidas” son las más recurridas por los habitantes de la Ciudad de México para sentirse más protegidos, pues las implementaron 26.6% de los hogares.
Una situación similar ocurre en Baja California y Jalisco, donde este año por primera vez vivieron el boom de las “otras medidas”, pues 21.1% y 25.7% de los hogares las aplicaron, respectivamente.
Envipe clasifica las medidas preventivas en seis rubros
Para Yair Mendoza, investigador del Programa de Seguridad de la organización civil México Evalúa, las medidas preventivas son mayoritariamente “reactivas” y de bajo impacto estructural, ya que “cambiar cerraduras o poner rejas reduce vulnerabilidades puntuales, pero no atacan la raíz del problema, es decir, la impunidad, las bandas organizadas y corrupción.
“Que 34% del costo del delito sea para prevención indica que gran parte del gasto es para resistir, sin que se deje de vivir con inseguridad”, expuso el analista, quien destaca que la incapacidad de las autoridades para garantizar la integridad física de los mexicanos ha provocado que se destine una parte del presupuesto familiar a medidas preventivas, lo que enraiza la desigualdad social en el país.
“Quienes pueden pagar alarmas, circuitos cerrados de televisión o seguridad privada se protegen mejor, mientras que los hogares más pobres no siempre pueden hacer el gasto y entonces quedan expuestos, lo que genera la percepción de que la seguridad es un privilegio más que un derecho”, expuso el analista.
Algo que a mí me llama mucho la atención es que eventos o crímenes de alto impacto como los homicidios, como los feminicidios, como los secuestros, no están directamente relacionados con el gasto que se hace en medidas de seguridadFernando Escobar, investigador de la organización Causa en Común
Autoprotección vs crimen
Los datos de la Envipe muestran que las entidades que destinan mayores porcentajes de su presupuesto a medidas de autoprotección no son necesariamente aquellas que tienen mayor incidencia delictiva.
Según la encuesta, la entidad que destina la mayor proporción del costo del delito a reforzar puertas y ventanas, a cambiar cerraduras o colocar alarmas es Chiapas, con 58.7% del monto total, seguida de Sonora (55.9%), Coahuila (55.8%), Yucatán (48.7%) e Hidalgo (48.7%).
En contraste, los estados que proporcionalmente canalizan menos recursos a la protección de viviendas y negocios son Jalisco (22.1%), Puebla (24.5%) y San Luis Potosí (28.2%). Estos, además, son los estados con el mayor costo per cápita a consecuencia de la delincuencia.
Jalisco tuvo en 2024 un costo promedio de 9 mil 100 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito, Puebla 8 mil 531 pesos y San Luis Potosí 7 mil 338, de acuerdo con los datos de la encuesta del Inegi.
“Algo que a mí me llama mucho la atención es que eventos o crímenes de alto impacto como los homicidios, como los feminicidios, como los secuestros, no están directamente relacionados con el gasto que se hace en medidas de seguridad”, opina Fernando Escobar, investigador de la organización Causa en Común, especializada en análisis de políticas públicas en materia de seguridad pública y justicia.
“El factor determinante para que una familia decida invertir recursos en medidas de protección es el predominio de ciertos delitos, no necesariamente los delitos de alto impacto, que a lo mejor caracteriza mucho a una entidad como Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, Michoacán o Tamaulipas, sino más bien los delitos de corte patrimonial, como es el robo o la extorsión”, detalla Escobar.
Juan Carlos Rodríguez: Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales.
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