En la política mexicana, la velocidad con la que se “descarta” una investigación suele ser inversamente proporcional a la gravedad del asunto.
Apenas se supo que Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, fue detenido por presuntos vínculos con una organización criminal, y Morena ya había emitido su certificado de pureza para Adán Augusto López Hernández. Todo en tiempo récord, sin necesidad de ministerios públicos ni de carpetas de investigación. Una especie de “absolución preventiva”, cortesía de la dirigencia nacional.
Luisa Alcalde, presidenta de Morena, fue clara: “No hay denuncias ni pruebas que lo vinculen”. Es decir, si nadie lo ha denunciado, entonces no hay nada que investigar. Un argumento que, si se aplicara de manera general, haría innecesaria a toda la Fiscalía General de la República. Porque para qué investigar si basta con no tener denuncias —aunque los hechos sean tan visibles que podrían iluminar medio Palacio Nacional.
La defensa política de Adán Augusto se parece más a un ritual partidista que a un ejercicio de justicia. No hay carpeta abierta, ergo, no hay culpa. Pero tampoco hay intención de abrir una. La declaración de Alcalde suena más a blindaje que a imparcialidad. Es el viejo reflejo del poder: cerrar filas, no esclarecer. Y eso que Morena asegura rechazar toda forma de impunidad. Claro, siempre que no toque a los suyos.
Lo curioso es que el discurso oficial no niega la existencia del problema, sino que lo administra. “Si hay pruebas, se actuará conforme a la ley”, dijo la dirigente. Una frase tan políticamente correcta como vacía. Porque en México las pruebas no caen del cielo: se buscan. Y para buscarlas, hace falta voluntad. Voluntad que, por lo visto, sigue reservada para cuando el acusado pertenece al partido contrario.
Hernán Bermúdez, el detenido, no era un personaje menor. Fue el responsable de la seguridad pública en el estado de Adán Augusto. No un burócrata de medio rango, sino parte del círculo de confianza del entonces gobernador; exsecretario de Gobernación del presidente López Obrador; y que ahora sea acusado de encabezar un grupo criminal debería, como mínimo, encender las alarmas. Pero no: la reacción institucional fue más parecida a un bostezo que a una investigación.
En el fondo, lo que Morena defiende no es a un individuo, sino a su narrativa. La narrativa del movimiento incorruptible, del partido que no protege delincuentes. Pero la realidad, testaruda, se cuela entre los comunicados y las conferencias. Y cuando un exfuncionario del equipo de un hoy senador es acusado de delincuencia organizada, la respuesta esperable no es “no hay pruebas”, sino “vamos a revisar”.
El discurso de Luisa Alcalde revela una paradoja que define la política mexicana: todos están contra la impunidad, pero nadie quiere empezar por casa. Y así, entre desmentidos exprés y comunicados sin consecuencias, el país sigue acumulando expedientes que nunca se abren y sospechas que nunca se aclaran.
En este juego, la justicia se mueve al ritmo de la conveniencia. A veces avanza con torpeza cuando el acusado es opositor, y otras se detiene con elegancia cuando el señalado es aliado. La máxima parece ser simple: mientras no haya pruebas, no hay problema; y mientras nadie las busque, no habrá pruebas. Una simetría perfecta para el sistema político mexicano.
Porque en México, la verdadera impunidad no es la que se defiende con abogados, sino la que se protege con declaraciones. Y en eso, hay que reconocerlo, el oficialismo tiene un talento indiscutible.
APUNTES CLAVE:
CARRETERAS: Las lluvias torrenciales afectaron 982 kilómetros de carreteras federales en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz. Hasta ahora, se han liberado 647 km y los 335 km restantes están en reparación. Se registraron 108 interrupciones, de las cuales 93 ya se atendieron. La SICT despliega 216 personas y 118 unidades de maquinaria para restablecer la circulación y garantizar la seguridad. En Hidalgo, dos puentes requieren atención especial. Se recomienda a los conductores revisar el estado de las carreteras antes de viajar. // HUACHICOL: El diputado Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, rechazó la reforma a la Ley Aduanera, argumentando que no combate el huachicol fiscal, favorece prácticas corruptas y fortalece la militarización de las aduanas. Señaló que entre 2019 y 2024 México perdió 600 mil millones de pesos por evasión de IEPS y criticó la falta de profesionalización civil en la administración aduanal. El PRI, junto con otras bancadas opositoras, continuará votando en contra mientras el dictamen avanza en la Cámara de Diputados. //SALUD: El PAN denunció que el gobierno federal pretende cambiar el uso del Fondo de Salud para el Bienestar, destinando sus recursos al mantenimiento hospitalario en lugar de financiar tratamientos médicos de alto costo para enfermedades graves. El partido presentó una iniciativa para impedir que los recursos se desvíen y propuso que parte de la recaudación adicional del IEPS financie estos tratamientos, buscando proteger la atención médica especializada y garantizar transparencia en su uso.
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