GPPRI – Lenguaje incluyente – Sen. Claudia Ruiz Massieu

Senado de la República, 11 de marzo de 2021

Intervención de la senadora por el Partido Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Massieu, para referirse al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 30 y 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de lenguaje incluyente. Sesión Ordinaria.

Con el permiso de la presidencia.

Compañeras y compañeros.

Las palabras importan. Como parlamentarias y parlamentarios, deberíamos entenderlo mejor que nadie, sobre todo, cuando las palabras son el vehículo para regular la convivencia entre las personas al interior de una sociedad diversa, porque las palabras expresan conceptos, expresan a su vez, derechos, obligaciones, convicciones, principios y valores.

En el fondo, el Parlamento no es sino uno de los tantos campos de batalla del lenguaje. Aquí se disputa mediante la palabra, el sentido más adecuado de una estructura gramatical que habrá de traducir nuestra voluntad plural en normas generales.

En la Ley Fundamental, son palabras las que ordenan el poder público del Estado, son palabras las que reconocen derechos y garantizan libertades, y son palabras las que disponen normas de conducta, otorgando facultades o imponiendo obligaciones.

No es casual que, en distintos tiempos, lugares y condiciones, la interpretación textual de las disposiciones jurídicas haya servido como pretexto para negar a diversos grupos sociales el reconocimiento de sus derechos fundamentales.

Porque las palabras pesan. Si no pesaran, no habría sido necesario reformar en el 53, el artículo 34 de la Constitución para establecer con toda precisión, que las mujeres también somos ciudadanas, y así, a través de la palabra posibilitar nuestro ejercicio del sufragio.

Porque en ese momento y en ese contexto, la palabra ciudadano, no incluía a las mujeres, había que precisarlo a través de la inclusión de una palabra.

Como integrantes del órgano revisor de la Norma Suprema, tenemos la enorme responsabilidad de vigilar que el texto constitucional sea consistente con las realidades vigentes, propias de una sociedad en constante evolución.

En el grupo parlamentario del PRI coincidimos en la necesidad de actualizar los conceptos a partir de los cuales se interpretan la nacionalidad y la ciudadanía de las y los mexicanos.

Si bien la reforma que hoy considera este Pleno en apariencia se trata de un cambio, para algunos, menor, en realidad es un asunto de fondo, en la medida en que de estos conceptos derivan el reconocimiento y la adquisición de derechos y de obligaciones.

Con esa convicción, en la deliberación al interior de las Comisiones Unidas no sólo respaldamos el espíritu de la iniciativa que dio origen al presente dictamen.

También planteamos la oportunidad de ampliar sus alcances, actualizando la propuesta de redacción de los artículos 30 y 34 constitucionales acorde a los estándares nacionales e internacionales sobre lenguaje incluyente, como el manual del Instituto Nacional Electoral o el manual de comunicación no sexista del Instituto Nacional de las Mujeres, o el manual de Lenguaje Inclusivo en razón de género de la Organización de las Naciones Unidas.

Esos son los estándares vigentes, más modernos en materia de uso de lenguaje relativo al género, que señalan la conveniencia de utilizar expresiones neutras en materia de personas.

Y no es por eliminar a las mujeres, nada más lejano, es simplemente porque la precisión entre hombre y mujer cuando no se justifica, lejos de contribuir a erradicar estereotipos y discriminación por razones de género, las acentúa.

Así pudimos transitar desde la propuesta original hacia una más adecuada y moderna, que sustituye una referencia a los géneros por una referencia a las personas.

Porque para avanzar hacia la igualdad y la inclusión, debemos esforzarnos por superar el lenguaje dicotómico de los géneros. No señalar a mujeres y a hombres, sino a personas, cuando nos referimos a derechos que se tienen por igual, sin distingo de género.

El proyecto de decreto que se ha sometido a consideración de esta Honorable Asamblea es el resultado del trabajo colaborativo, del diálogo y de la concertación entre la pluralidad de visiones que la integran.

Refrendando nuestra posición en las comisiones dictaminadoras, el Grupo Parlamentario del PRI acompañará esta propuesta con su voto favorable.

Senadoras y senadores, históricamente, el lenguaje ha sido una de las fuentes de la violencia simbólica; una herramienta a través de la cual se han normalizado diversas formas de desigualdad y de discriminación.

Son muchas las expresiones que por sus connotaciones implícitas, contribuyen a perpetuar estereotipos que asocian a las personas con características, cualidades o expectativas con base en su género.

Es claro que estamos frente a una de ellas. Aunque sutiles, estas distinciones se suman a muchas otras prácticas sociales, creencias populares y prejuicios culturales que lamentablemente facilitan la persistencia de condiciones de desigualdad entre mujeres y hombres.

Con el propósito de abatir esta desigualdad, es momento de que esta Legislatura paritaria haga valer su responsabilidad constitucional, para actualizar el lenguaje de nuestra Ley Fundamental, hacia uno libre de connotaciones que señalen supuestas diferencias entre los géneros.

Con la aprobación de este dictamen, plenamente conscientes del poder de las palabras, refrendamos nuestro compromiso con la igualdad, en todos los ámbitos, en todos los niveles y para todas las personas.

Muchas gracias.

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