“Biden-AMLO, Vacunas por freno a migrantes” – MARIO RUÍZ REDONDO EN REDONDO CUARTO PODER

Biden-AMLO: Vacunas por freno a migrantes

Ante la petición urgente del Presidente Andrés Manuel López Obrador de contar con apoyo de vacunas anti Covid-19, frente al desabasto de farmacéuticas transnacionales, el Jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, haría cuentas y ha ofrecido 2 millones 700 mil dosis producidas por  AstraZeneca, que podrían llegar a México esta semana, para paliar la campaña nacional que carece de los biológicos comprometidos para aplicar la primera de dos fases, a 15 millones y medio de personas mayores de 60 años.

Y a diferencia de la mayoría de los países del mundo, en que los responsables de sus instituciones de salud, han pactado de manera directa con los laboratorios de la Unión Americana, Rusia, Reino Unido-Suecia y China, en México se ha hecho a un lado al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, para dejar en manos del canciller Marcelo Ebrard Casaoubon, la formalización de la adquisición, según se ha reiterado, de 234 millones de inmunizantes.

La respuesta del Presidente Biden a su homologo mexicano, ha sido rápida, pero condicionada a que de manera inmediata proceda a desplazar tropas a la Frontera Sur, para frenar el desbordado flujo de migrantes que sigue entrando por Chiapas y que en cuestión de 10 días ingresan ilegalmente a territorio, en la vecindad colindante de Texas con los estados de Tamaulipas y Nuevo León.

En principio podría interpretarse como una actitud generosa y solidaria de Washington, y que para evitar suspicacias, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, ha precisado que no se trata de ninguna donación, sino de un “préstamo”, que México está obligado a devolver, aunque en ningún momento la Administración estadounidense lo haya catalogado así, porque cuentan con suficientes vacunas, ya que la elaborada por Pfizer, le permite una autonomía absoluta, al ser de capital estadounidense.

Después de la confirmación del envío de las dosis de AztraZeneca (Reino Unido-Suecia), desde Palacio Nacional saldría la orden urgente de crear la Fuerza de Tarea Conjunta demandada por Biden, a los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Gobernación y de Salud, integrada por dos mil 225 elementos, con la misión de llevar a cabo el “rescate humanitario” de extranjeros indocumentados, que pretendan ingresar a territorio mexicanos, en los más de 900 kilómetros de las frontera con Guatemala y Belice.

En cuestión de horas, la orden Presidencial se cumpliría para el desplazamiento aéreo en aviones oficiales a Tuxtla Gutiérrez, tanto de efectivos militares como civiles, que se concentrarían el viernes 19 de marzo, en la explanada principal de Palacio de Gobierno estatal, donde el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezaría la ceremonia de salida de los contingentes que se transportarían antes del medidodía, en unidades de las Fuerzas Armadas y en autobuses de pasajeros, hacia la línea imaginaria que divide al territorio mexicano con el chapín.

Todo un espectáculo en el centro neurálgico de la capital chiapaneca, que permitió observar la presencia militar y los modernos armamentos que portaban, para cumplir con el objetivo fundamental de poner un alto radical al ingreso permanente de inmigrantes de 52 naciones del mundo, pero principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Nicaragua, Haití y Africa.

Una situación por demás sobresaliente, por lo radical de la medida,  que contradice las versiones oficiales del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, de que el tránsito de ilegales ha disminuido, pues cada vez son más constantes las intercepciones que llevan a cabo contingentes de seguridad gubernamentales, que exhiben las complicidades del personal del INM, en la ruta hacia la Frontera Norte, que en este año ha incluido también   seres humanos indefensos a manos de la delincuencia organizada oficial y de los carteles del narcotráfico, como ocurriera el 22 de enero en las inmediaciones de Ciudad Camargo, Tamaulipas, donde no solamente fueron asesinados, sino quemados los cuerpos de un grupo de 16 guatemaltecos que 10 días antes habían salido guiados por traficantes, de su comunidad indígena de Comitancillo, en el Departamento de San Marcos.

Poderosos intereses en juego de muchos millones de dólares, liderados por los representantes del organismo de la Secretaría de Gobernación, que todo permiten a las mafias internacionales que operan no solamente en los países de la vecindad centroamericana, sino de lugares distantes como Asia o Medio Oriente.

Presencia relevante en la ceremonia del viernes 19 de marzo en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, del comandante de la XXXI Zona Militar con sede en Tapachula, general Vicente Antonio Hernández Sánchez, también coordinador de la Guardia Nacional en la Región Sureste (Chiapas, sur de Veracruz, Tabasco, Campeche. Yucatán y Quintana Roo), ante quien el gobernador Rutilio Escandón afirmaría:

“En Chiapas no se bajará la guardia ni se dará tregua a los delincuentes que se dedican al tráfico de personas, pues además de ser un acto inhumano, lucran con la necesidad de la gente que sale de sus países en la búsqueda de una mejor calidad de vida para sus familias. Mi gobierno respalda la política migratoria del Gobierno de México, para salvaguardar la estabilidad y seguridad nacional”.

Y a diferencia de junio de 2019, en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cedió al chantaje-amenaza de la administración estadounidense de Donald Trump, de que si no frenaba el flujo de centenas de miles de migrantes hacia Estados Unidos, aplicaría aranceles a sus importaciones mexicanas de cinco por ciento mensual, hasta acumular un total de 25 por ciento, en octubre de ese año.

Errores de cálculo del magnate habilitado de jefe de la Casa Blanca, que con fines de reelección en noviembre de ese año, estaría detrás de las avalanchas programadas y manipuladas desde octubre de 2018, en el último año de Enrique Peña Nieto, que se prolongaría con López Obrador. A petición del todopoderoso de Washington, no solamente permitieron el ingreso indiscriminado de extranjeros indocumentados, sino que además les proporcionaron salvoconductos migratorios, transportación de lujo, mediante la contratación de autobuses ETN, con aire acondicionado, televisión, doble baño y hasta viáticos para alimentación en el camino hasta Tijuana, Ciudad Juárez, así como de otras importantes ciudades fronterizas.

Sería por instrucciones de Trump, que la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, permitirían el libre flujo de miles a territorio del sur de la Unión Americana. Pero nunca pensó que el financiamiento a las “caravanas del hambre” que saldrían de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, con la venia del gobierno de Guatemala, para su paso sin contratiempos, que serían utilizadas para una demostración de fuerza proselitista, en forma de radical de deportación “para salvaguardar los empleos de los americanos”, se vería complicada al rebasar en mucho el límite de 400 mil centroamericanos.

Había que expulsarlos, por un lado y por el otro, “sellar” la Frontera Sur de México con Guatemala, para evitar más complicaciones, lo cual llevarían a la Casa Blanca, a violar las normas del Derecho Internacional, al no regresarlos a sus países de origen, sino trasladándolos al lado mexicano, dejando la responsabilidad a López Obrador, “mientras se analizaban sus peticiones de asilo político”.

Por aquellos días de junio de 2019, el canciller Marcelo Ebrard Casaoubon, encabezaría en Washington la delegación mexicana, y ante la amenaza comprometería el desplazamiento, en cuestión de 24 horas, de un contingente de seis mil elementos de una Guardia Nacional, que solamente existía en el papel del decreto para su creación, expedido por el Presidente López Obrador.

Al día siguiente, en una acción por demás precipitada, aparecerían en la escena de la ribera poniente del río Suchiate, menos de mil elemento de una “Guardia Nacional”, integrada por miembros del IV Regimiento de Caballería Motorizada de la XXXVI Zona Militar y de la XIV Zona Naval, vestidos con uniformes, chalecos antibalas y vehículos de ambas Corporaciones militares, que en principio inhibieron el paso por el paso de Ciudad Hidalgo, la incursión ilegal de migrantes.

Sin embargo, cuando los líderes de las mafias de trata de seres humanos se percataron de que los militares mexicanos, se encontraban desarmados, contrataron a líderes de las pandillas de la “Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18”, para que con sus huestes delictivas fueran punta de lanza, llevando por delante menores de edad, para abrir paso a miles de indocumentados, llegando incluso a agredir físicamente con piedras y palos a los elementos castrenses.

La experiencia del jefe de la XXXVI Zona Militar, general Vicente Antonio Hernández Sánchez, permitiría llevar a cabo toda una estrategia de contención, que en poco tiempo convertiría a Tapachula el área de concentración más importante, con los que se habían adelantado y que para entonces se mantenían varados, al no concedérseles más permisos de tránsito libre.

Una vez logrado el objetivo, el Instituto Nacional de Migración tomaría de nuevo el control absoluto de migrantes, dando paso a una sospechosa flexibilización, que evitaría poner más atención a importantes lugares de paso en la Región Sierra y Altiplano, por donde se organizaría un flujo “hormiga” constante, coordinado con las mafias extranjeras.

Con el fracaso electoral de Donald Trump, en noviembre de 2019, de Donald Trump, cesarían los desplazamientos de las contingentes indocumentados desde Honduras, El Salvador y Guatemala, al cancelarse los financiamientos operados por la Agencia Central de Inteligencia desde las embajadas de la Unión Americana.

Pero una vez asumida la Presidencia el pasado 20 de enero,

el Presidente Joe Biden anunciaría una mejor atención a la problemática representada por los ilegales de origen mexicano y centroamericano, lo cual reactivaría la manipulación de Trump, convencido de que podrá contender dentro de cuatro años por la Presidencia, crear problemas a su sucesor.

A diferencia de junio de 2019, la administración mexicana cuenta con una Guardia Nacional más estructurada y organizada, con mayoría de sus elementos proveniente de las Fuerzas Armadas, que contará con apoyos de tecnología avanzada, como el uso de drones y sistemas de visión nocturna, para monitorear las 24 horas las frontera de México con Guatemala y Belice, a partir de este sábado 20 de marzo.

Aquí, es conveniente recordar que por aquellos días, el Presidente López Obrador, anunció en Tapachula, la donación de 90 millones de dólares a los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala, para la realización de programas que generen empleos que arraiguen a sus connacionales y eviten la migración a Estados Unidos, Ahí, estaría presente el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, a quien haría entrega simbólica del recurso para su país.

El resto de los 60 millones, ha sido entregado por conducto de Marcelo Ebrar Casaoubon, a los respectivos gobernantes,  sin que hasta ahora se sepa el destino del dinero, mientras en Chiapas, y especialmente en Tapachula y la Región Soconusco, se sigue careciendo de recursos económicos-financieros para  desarrollar los municipios de la Región Soconusco.

Abandono que se prolonga, sobre todo en materia de seguridad, no obstante la presencia de más de 100 mil extranjeros indocumentados, que se encuentran dispersos por todos los rumbos de la urbe de un millón de habitantes, y que han empezado a elevar el índice delictivo. Que no se olvide, que el 40 por ciento de la población están sentados desde décadas  atrás de manera irregular en la periferia.

Segundo intento estadounidense de contención migratoria, que sin duda alguna fracasará, por la amplia extensión de frontera imaginaria, poco personal y zonas demasiado difíciles de controlar en todos sentidos.

Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.

Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.