Por Jorge Octavio Ochoa. El tiempo de la unidad y reconciliación se terminó. A dos años del término de su mandato, él decidió dejar de ser el presidente de los mexicanos y se convirtió en sujeto activo de una de las partes que contenderá por el poder.
A la luz de los desastres financieros, económicos, sociales y ecológicos que se avecinan al término de este sexenio, a Andrés Manuel le urge: 1.- Consolidar a su partido, 2.- Dejar en el poder a uno de sus fieles y 3.- Consumar la militarización que mantenga el statu quo.
De no lograrlo, será el primer presidente de la República que pise la cárcel. Y es que el tamaño del desastre que se vislumbra en las obras estelares como el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto AIFA es descomunal. Dejará al erario al borde del colapso, con una inflación galopante y un compromiso social mayúsculo.
Por eso su dramático “cambio de opinión” y la entrega indiscriminada de obras y funciones al Ejército y Marina. Gane quien gane, nadie se atreverá a pedirle cuentas a las Fuerzas Armadas. Se mantendrán bajo reserva por más de un lustro, los datos del desastre.
Están documentados, en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pagos indebidos en el Tren Maya y Dos Bocas; pagos de pensiones y becas a gente no inscrita en los padrones de adultos mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro. Tan sólo el gobierno federal acumula irregularidades por 11 mil 848 millones de pesos.
Otros 37 mil 917 millones corresponden a anomalías detectadas en las cuentas de estados y municipios. Ha sido, pues, un desfalco descomunal que se ha gestado en la actual administración y hoy tenemos padrones de 10 millones de pensiones y 11 millones de becas que no sabemos cómo vamos a mantener.
A esto debemos sumar desvíos por más de 2 mil millones de pesos por irregularidades en contratos de compra en el sector salud para el presunto combate al Covid19 pero que no se cumplieron, como fue el caso de los famosos ventiladores que nunca se entregaron.
El Tren Maya es el ejemplo más claro y monumental de los abusos y falta de planeación en que ha incurrido el régimen lobradorista, pasando por encima de la constitución, de las leyes secundarias, de las comunidades y ejidos; de las reservas históricas y ecológicas.
Costará alrededor de 20 mil millones de dólares, tres veces más de la estimación inicial; cruzará la selva Maya; mutilará miles de árboles y quedará asentado sobre cuevas de piedra caliza, que no garantizan seguridad para los pesados trenes que pasarán por ahí.
Bajo el eufemismo de “Seguridad Nacional”, toda la información de trazos, costos y daño ambiental se mantendrá bajo reserva por 5 años o más. AMLO dobló a los jueces, a la Suprema Corte, impuso su voluntad y dejará en manos de los militares la protección, administración y usufructo financiero de la obra.
Tan sólo el caso SEGALMEX sería suficiente para fincar responsabilidades a varios del gabinete en la presente administración. En la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó posibles irregularidades en Segalmex y sus empresas Liconsa y Diconsa, superiores a los ocho mil 600 millones de pesos.
Es una trama parecida a la ocurrida en Conasupo, antecesora de Segalmex, pero a la “N” potencia. AMLO la ha tratado de mantener en el silencio. Apenas en abril pasado, Leonel Cota Montaño fue designado nuevo director general del organismo descentralizado en sustitución de Ignacio Ovalle Fernández.
López Obrador mantiene protegido a este último, ahora como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed). Por eso el mandatario hace olas y tsunamis distractores, como la marcha del 27 de noviembre, con la que se siente renacido, fortalecido.
Pero es de escándalo el dispendio de recursos públicos; el uso y abuso de los puestos y recursos de la administración federal. René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas, de Segalmex fue acusado penalmente en 2019 por este tipo de abusos.
En julio de 2019, Gavira fue acusado por trabajadores de Segalmex y de sus empresas Diconsa y Liconsa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por irregularidades como:
Está vinculado a proceso por las acusaciones de utilizar 100 millones de pesos de Segalmex para “invertir” en la bolsa, según informó la Fiscalía General de la República (FGR), es una figura central de la red de corrupción que ha lastrado a ese organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Además. es señalado de ser responsable de la adjudicación directa de siete contratos por cerca de 800 millones de pesos a empresas cuyos propietarios han sido señalados por la ASF de participar en un esquema de contratación ilegal.
LOS ABUSOS Y EL ENCUBRIMIENTO
El uso y abuso es notorio. Así se vio con el desfile de más de 200 camiones para trasladar gente a la marcha del 27 de noviembre; la colocación de propaganda en espacios públicos y del Sistema de Transporte Colectivo. Todo, para demostrar que es un presidente adorado por más de 30 millones de mexicanos.
Pero nada de esto es nuevo. Desde el inicio de su mandato ha hecho todo lo legal e ilegal para blindar sus acciones y mantenerlas en la opacidad. Así, está reservada por 5 años o más toda la información referente a:
PUEBLO DÓCIL
Por todo esto, resulta preocupante la docilidad con la que el pueblo mexicano va al matadero. López Obrador sabe que constitucionalmente no puede modificar ya el tamaño de las Cámaras de Diputados y Senadores, ni del Instituto Nacional Electoral (INE)
Sin embargo, no está claro si legalmente el gobierno federal puede adjudicarse el control del padrón electoral y del listado nominal, como lo tenía antes el PRI. Tampoco se sabe si puede cambiar de nombre al INE, para incluir entre sus funciones las Consultas populares.
Ese pequeñísimo cambio es fundamental, pues implica una modificación jurídico-administrativa que implicaría sustituir la credencial de elector actual, lo que permitiría al régimen controlar el listado electoral y el principal documento con los datos completos de los ciudadanos. Así empezó la dictadura de Venezuela.
El caso de Venezuela nos parece tan ajeno y distante, que ni en nuestros peores sueños podemos imaginarnos tan cerca de una dictadura de ese tamaño, pero la reforma electoral que se avecina nos puede colocar en esa situación. Por eso la radicalización del discurso de AMLO.
Andrés Manuel se ha quedado ya sin posibilidad de reconciliación o de tregua. La polarización es su único camino porque, en medio de la calma, sus detractores lo harán pedazos y lloverán las demandas penales en su contra. De ahí esos nuevos intentos de victimización: “todos nos atacan, es una campaña brutal”
Sí, la del 27N fue una especie de tsunami, pero el que se avecina para fines de sexenio puede ser descomunal. Dios nos agarre confesados.
El presidente miente todos los días. No hay mejora. Al 53% de los mexicanos no le alcanza para cubrir el consumo de la canasta básica; el Producto Interno Bruto per cápita es de los más bajos del mundo y casi el 55% de la Población Económicamente Activa (PEA) vive de la informalidad.
¿De qué demonios sirve, en esas circunstancias, decretar un salario mínimo que no llegará a todos y que sólo sirve para tasar costos y pagos de impuestos? El príncipe de las mareas, el amo de las manifestaciones y la protesta, hoy se queja de los reclamos de la oposición.
“Andanada brutal”, “Acción concertada”, le llama a la inconformidad de la sociedad. Van más de 140 mil asesinatos violentos en el país y matan por igual a ciudadanos que a jueces.
Vivimos un caso parecido al de la selección de futbol mexicana: la gente sabe que no da para más, pero mantiene la esperanza, la fe, aunque no existan posibilidades.
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