Acapulco, Guerrero., Junio 2-2023.- El Colegio de Abogados del Estado de Guerrero expresó su rechazo a la Iniciativa de Ley que busca agregar el Artículo 177 TER, denominado Terapias de Conversación, al Código Penal estatal. Durante una conferencia de prensa, el presidente del colegio, Víctor Omar Contreras Flores, argumentó que la iniciativa es incongruente, carece de sustento legal y presenta diversas inconsistencias que no fueron debidamente analizadas.
El abogado Victoriano Sánchez Carbajal señaló que tienen una responsabilidad social ante la preocupante posibilidad de encarcelar a padres, tutores y profesionales que ejerzan su libertad y que esto atente contra diversos derechos constitucionales. Además, mencionó que la iniciativa viola el principio de laicidad, al intentar imponer una ideología en las familias, lo cual va en contra de la Constitución y vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales suscritos por México.
La iniciativa propuesta busca castigar a padres de familia con penas de 1 a 9 años de prisión, así como a terceras personas que intenten suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de sus hijos. Los abogados sugirieron llevar a cabo una evaluación de proporcionalidad en relación a los derechos humanos que se alegan proteger con esta ley, considerando también los derechos de los padres y las familias en el libre desarrollo de la personalidad.
Ante esta situación, los expertos legales solicitaron una audiencia con las autoridades estatales y la Junta de Coordinación Política para exponer las deficiencias de la iniciativa. Contreras Flores mencionó que, en caso de que la iniciativa sea aprobada por el Congreso estatal, tienen previsto presentar amparos a través de un juez de distrito, ya que buscan velar por el interés superior del menor y tienen el derecho como padres de guiar y orientar a sus hijos sin que esto implique cambiar su orientación sexual.
La postura del Colegio de Abogados refleja la preocupación por los posibles impactos negativos en materia de derechos humanos que podría tener la aprobación de esta iniciativa y su aplicación en la sociedad guerrerense.
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