Julio/26/2023.
BAJO FUEGO
El desafío
José Antonio Rivera Rosales
La irrupción violenta en Chilpancingo el pasado lunes 10 de julio parece constituir, según
toda la evidencia, un ensayo del grupo Los Ardillos para medir la respuesta gubernamental
ante el avance de la criminalidad.
Sin embargo, en este caso particular el trasfondo parece ser de tipo electoral, para lo
cual primero captaron la atención de la incauta alcaldesa Norma Otilia Hernández, a
quien terminaron por convertir en un producto desechable.
Lo mismo está haciendo La Familia con algunos alcaldes de Tierra Caliente, operación
que incluye al municipio de Iguala así como al turístico Taxco de Alarcón, donde el acoso
delincuencial obligó a suspender servicios a la ciudadanía, lo que nunca había ocurrido.
Estamos presenciando una escalada delincuencial que busca hacerse del poder político,
visto que en la mayoría de los casos ya tiene el control territorial que les permite contar
con el respaldo de algunos sectores de la población -en la mayoría de los casos, como base
social obligada-, lo que les garantiza operatividad e impunidad para sus objetivos.
Así pues ¿qué les impide tomar el poder político si la mayoría de los actores -de todos
los partidos políticos, por cierto- están comprometidos con el narco?
Ya vimos este proceso en Colombia, donde el capo Pablo Escobar logró infiltrar el poder
político y obtuvo una cartera en el parlamento; estaba a punto de lanzarse a la presidencia
cuando fue detenido por el gobierno colombiano, que integró bloques de búsqueda para
darle caza, más obligado por su relación con Washington que por interés propio.
Escobar fue uno de los pioneros en el uso de carros-bomba y explosivos para causar
miedo entre sus enemigos, pero también entre la población. Es un escenario que ya se
está presentando en México en la forma de narcoterrorismo. Sólo habría que revisar el
reciente ataque con explosivos que causó al menos 6 policías muertos y 12 heridos en
Tlajomulco, Jalisco.
Constituído en el año 2000 por Celso Ortega Rosas, a quien apodaban precisamente El
Ardillo ( murió en 2011), ese grupo criminal tuvo un crecimiento vertiginoso de la mano
de Celso Ortega Jiménez, jefe visible de esa formación ilegal que se ha reputado como
una de las más sanguinarias del estado de Guerrero. En 20 años ha cimentado un imperio
criminal que ahora parece aspirar al poder político.
El único antecedente parecido de una incursión violenta de grupos afines a Los Ardillos
se produjo del 9 al 14 de mayo de 2015 en Chilapa, cuando unos 300 hombres armados,
que se hicieron llamar Comunitarios por la paz y la justicia (en realidad, un grupo de
fachada de esa estructura criminal) irrumpieron en Chilapa, tras lo cual desaparecieron
unas 30 personas que nunca fueron vistas de nuevo. Como es natural, la operación causó
espanto entre la pacífica población de Chilapa.
Guardadas las distancias, esa incursión de 300 sujetos armados -que en realidad buscaba
al grupo delictivo Los Rojos- sería un antecedente que expone las tácticas de ese grupo
delincuencial. Lo ocurrido en Chilpancingo los días 9, 10 y 11 parece ser una fase superior
que configurará la actuación a futuro de esos criminales.
Cuestión aparte, aquella incursión en Chilapa desencadenó reacciones de la población
civil, especialmente de algunos pueblos y comunidades náhuatls que vieron amenazadas
su vida y su patrimonio.
Una lectura más acuciosa de los acontecimientos podría enumerarse de la siguiente
manera:
- A contrapelo de lo que dice el obispo emérito Salvador Rangel, este grupo criminal
de Los Ardillos en los últimos 20 años ha sido el azote de las comunidades del
centro del estado, especialmente de los pueblos indígenas a los que ha encerrado
en sus propias localidades so pena de perder la vida si actúan de manera
independiente. En pocas palabras, ha tomado el control territorial de varios
municipios de la zona centro, donde ha extorsionado, secuestrado y asesinado a
cientos de personas. - Para defenderse, una veintena de comunidades náhuatls de la zona de Rincon de
Chautla se organizaron y, con apoyo de los pueblos fundadores de la Policía
Comunitaria de San Luis Acatlán, crearon su propio órgano de autodefensa que,
hasta la fecha, ha mantenido a raya a los criminales, pero a un alto costo. Más de
40 personas han perdido la vida por enfrentarlos. El resultado es la integración de
la CRAC-PF, que ha confrontado a los delicuentes con relativo éxito. El problema es
que esas 20 comunidades organizadas en la CRAC-PF sobreviven en un estado de
sitio permanente. - Además de la CRAC-PF, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de
Guerrero (UPOEG) es la otra formación popular que ha confrontado a Los Ardillos
por el control del territorio cercano a Chilpancingo, especialmente la carretera
México-Acapulco a la altura del Valle del Ocotito. Es absolutamente una mentira
que la UPOEG actúa en complicidad con los delincuentes. - Parece existir una instancia interna en el gobierno de Evelyn Salgado
(probablemenge en la Secretaría General de Gobierno) que ha definido falsamente
a la UPOEG como aliada de la delincuencia, cuando no es así. Esa formación surgió
en 2010 como una respuesta popular armada ante el acoso del crimen organizado.
Que no están dentro de la ley, por supuesto que no (ni siquiera existe una
legislación que pudiera reglamentarlos), pero son liderazgos populares que han
enfrentado al crimen organizado, como en el caso de la CRAC-PF. - Es por eso que sorprendió que, con información tendenciosa, las Fuerzas Federales
comenzaron a detener y desarmar a los comunitarios de la UPOEG, como si del
crimen organizado se tratara. La UPOEG también ha perdido a decenas de sus
elementos, incluídos algunos líderes populares valiosos. - Tanto la CRAC-PF como la UPOEG debieran contar con apoyo de los gobiernos
federal y estatal si es que se pretende, en lo sucesivo, acotar las incursiones de Los
Ardillos. - La mala noticia es que hay indicios firmes que apuntan a un acuerdo entre La
Familia y Los Ardillos, como se observó claramente los días 9, 10 y 11 de julio con
los ataques contra transportistas así como la manifestación violenta que enfrentó
a la policía antimotines y utilizó un vehículo blindado como ariete contra las
puertas del Palacio de Gobierno y del Congreso del Estado. Los manifestantes no
actuaron como inconformes sociales, sino como una horda. - Por fortuna, el gobierno de la morenista Evelyn Salgado tomó la precaución de
enviar 300 agentes desarmados para tratar de contener la rebelión y desocupó los
edificios públicos con el fin de preservar la integridad personal de los trabajadores
del estado y del municipio. De no haberlo hecho, a estas alturas estaríamos
lamentando un nuevo Aguas Blancas. - Es claro que las formaciones criminales tienen planes que involucran el proceso
electoral de 2024. Por eso es tan grave que surja una alianza entre La Familia y Los
Ardillos, que de esa manera buscarán influir en el proceso electoral con candidatos
propios y mantendrán atenazada a la capital guerrerense. - La aplicación de la ley, en estos casos, es irreductible y no debería ser vista como
un acto de represión. Es una responsabilidad que, dadas las circunstancias,
corresponde a las Fuerzas Federales así como a la Fiscalía General del Estado (FGE). - En la parte alta de la Sierra Madre del Sur, los jefes de la formación conocida como
Tlacos (de Tlacotepec, donde tienen su cuna) han observado con coraje contenido
el avance de sus enemigos para tomar control de Chilpancingo, pero por fortuna
han mantenido una prudente distancia para evitar choques armados. Esa actitud,
sin embargo, no durará mucho tiempo. - Los Tlacos no han mostrado el músculo, pero en realidad cuentan con una fuerza
armada de más de cinco mil individuos a los que han entrenado durante años con
el apoyo de exmilitares, lo que les permitió crear una fuerza especial de elite que
haría estragos si se llega a confrontar con los sicarios de Los Ardillos o de La
Familia. - Este es el escenario que deberán afrontar en un futuro mediato los gobiernos
federal y estatal. Y es el escenario que favoreció la alcaldesa de Chilpancingo al
reunirse con capos de formaciones criminales enfrentadas.
Es un futuro en el que particularmente el gobierno de Evelyn Salgado deberá tomar
todas las providencias necesarias para enfrentar al crimen organizado que, en un abierto
desafío, amenaza la paz social y la tranquilidad de la población civil que sólo se dedica a
trabajar.
Tal como se observan las cosas, la alcaldesa Norma Otilia Hernández parece haber
vendido la plaza dos veces, con consecuencias que apenas podemos vislumbrar. Dios nos
libre de una confrontación entre estas bandas criminales.