Por Abel Miranda Ayala (Texto y foto)
Chilpancingo, Guerrero., Noviembre 22-2023.- Trabajadoras del gobierno municipal de Chilpancingo se manifestaron en calles de la capital para exigir a la presidenta Norma Otilia Hernández Martínez que devuelva el salario de 13 trabajadores, que fueron retenidos a partir del 15 de noviembre.
De acuerdo con una de las afectadas, Ofelia Monserrat Valenzo Aguilar, la alcaldesa ha cometido violencia en razón de genero contra las trabajadoras que han luchado por mejores condiciones laborales y les retuvo a 8 la mitad de su salario, a otros cinco les detuvo todo y públicamente anunció que los despediría.
Monserrat Valenzo es parte de la dirigencia de la sección 14 del Sindicato Independiente que no ha logrado tener su toma de nota debido a que sus compañeros denunciaron irregularidades en la emisión de la convocatoria en la que hubo falsificación de firmas y documentos, por esa situación el gobierno municipal desconoció al sindicato y convocó a los comisionados a reintegrase al trabajo.
A los dirigentes les inició un proceso penal por la toma del palacio municipal y comenzó el proceso de despido justificado, además de que tendrán que enfrentar un proceso por el delito de sedición y ataques a las vías generales de comunicación.
El dirigente histórico de la sección 14 del sindicato independiente Domingo Salgado participó en la marcha sobre un automóvil en el que llevaban un aparato de sonido, él junto a otros siete trabajadores no pueden acercarse al ayuntamiento porque la Fiscalía General del Estado otorgó medidas cautelares por 60 días, si en este tiempo acude al palacio municipal tendría que ser detenido.
Las trabajadoras acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, donde depositaron una queja formal en la que reclaman intervención para garantizar los derechos humanos de las mujeres trabajadoras.
Ahí Monserrat Valenzo reclamó que Derechos Humanos ha sido omiso en atender varias quejas que han presentado por violencia cometida en agravio de mujeres, por ejemplo una en la que una directora de área del ayuntamiento le negó el acceso al sanitario a una subordinada sólo por ser de otra religión.
Después de entregar la queja en derechos Humanos el contingente se trasladó al Congreso del Estado donde también entregaron oficios para pedir su intervención
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