TRAS BAMBALINAS – De Palacio Nacional la violencia controlada – JORGE OCTAVIO OCHOA.

TRAS BAMBALINAS. De Palacio Nacional la violencia controlada

Por JORGE OCTAVIO OCHOA. Lo dicho, las elecciones del 2024 están viciadas desde ahora. Y es el Presidente de la República quien las ha ensuciado con sus declaraciones, sus amenazas y sus proyectos autoritarios transexenales.

En estos momentos, no hay garantía alguna para la seguridad, para la vigilancia, ni para el buen desarrollo de los comicios. El cuidado de las urnas y el respeto del voto se ve comprometido. México está literalmente tomado por una dictadura en ciernes.

A base de chicanadas, López Obrador tiene secuestradas a instituciones que, en teoría, deben encargarse de vigilar el rumbo del proceso. El Tribunal Electoral, la Suprema Corte, el INE y el INAI están rebasados.

En Nayarit, Zacatecas, Campeche, Morelos, Quintana Roo, Guerrero, los institutos electorales locales no cuentan con presupuesto para gastos de operación que garanticen la instalación de casillas, vigilancia y el cuidado de las mismas.

Los gobiernos de Morena se han alineado para dinamitar a estos organismos, a través de la reducción del gasto. Así lo hizo en Nayarit, donde se le redujeron en 75.8% los recursos; en Zacatecas el 53%; en Campeche el 32 y Morelos el 31%.

Con estos desequilibrios, AMLO habla impunemente de alcanzar “mayoría” en el Congreso Federal y extorsiona a la ciudadanía: “Sin esa mayoría, el apoyo social está en riesgo”.

Amenaza a la sociedad, a través de afirmaciones falsas como esta. Además, sus declaraciones constituyen un delito, pero el INE guarda un silencio cómplice. No hay, ni por asomo, un intento de sanción.

Obsesionado en obtener la mayoría calificada, dice que “Es importante que se tome en cuenta que no sólo es ganar la presidencia. Se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso”.

Hizo referencia a su triunfo del 2018 y asegura que, si no hubiera ganado la mayoría en el Congreso, “nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente porque si no se tiene mayoría en el Congreso no se puede contar con presupuesto…”

Control del presupuesto, uso discrecional del Tesoro Público, es lo que quiere López Obrador, para consolidar al nuevo partido de Estado, y dejar instalados en la cúpula a sus hijos, mencionados ya en varios negocios irregulares.

LOS HEREDEROS Y LA NUEVA ÉLITE EN EL PODER

Resulta sintomático que, en medio de acusaciones de tráfico de influencias, nepotismo, amiguismo y opacidad en el uso de recursos del erario, López Obrador, anuncie la desaparición de organismos como el INAI.

Los apellidos de las familias Olán Rodríguez, Olán Aparicio, Calderón Alipi y Chávez Morán, se encuentran ya en la órbita de nuevas investigaciones de negocios multimillonarios en la industria farmacéutica y hotelera, fundamentalmente.

Jorge Luis Olán Rodríguez ex empleado de Pemex, en Exploración y Producción es, junto con su hijo Jorge Amilcar Olán Aparicio, dueño de las empresas Romedic y Diagnóstico Biomolecular, junto con César Mauricio Calderón Alipi.

El hermano de éste último, Alejandro Antonio Calderón Alipi, pasó de la Ayudantía de la Presidencia, a un alto puesto en el extinto INSABI, como coordinador Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos en 2020.

Este sólo caso es de escándalo, pues conecta con otro de mayor envergadura, relacionado con todo el sistema de salud, que involucra, otra vez, a Alejandro Calderón Alipi con los Servicios de Salud IMSS-Bienestar.

AMLO busca la centralización de todos los recursos de salud que administraban los estados para dejarlos en manos de “la federación”; es decir, del Ejecutivo Federal. Son 734 mil millones de pesos los que están en juego.

Lo peor del caso es que ya 23 gobiernos estatales firmaron los convenios de la Ley de Coordinación Fiscal, para entregar la infraestructura hospitalaria, incluido personal, mobiliario y centros de salud al gobierno federal.

Los estados ya no recibirán recursos de los ramos 33 y 12, que estaban destinados precisamente a obras de infraestructura en salud, modernización de hospitales y contratos laborales de los trabajadores del sector salud.

Al igual que lo ha hecho con los organismos electorales y de transparencia, AMLO también ha intervenido los órganos que regulan y vigilan al sector salud, como es el Consejo de Salubridad General.

Mientras México se encontraba pasmado en 2020 por la pandemia de Covid19, el Gobierno federal publicó un decreto para eliminar la participación de las instituciones educativas, comunidad médica y expertos, en dicho Consejo

Es decir, eliminó a la UNAM; a los vocales del Instituto Politécnico Nacional (IPN); a las Instituciones de Educación Superior, a las academias, colegios de médicos (pediatría, enfermería, salud pública). El Ejecutivo Federal toma las decisiones.

EL USO DE LA VIOLENCIA

Toda esta estrategia de intervención, pasa por el uso de la violencia “dirigida y controlada”. El ambiente de impunidad, de inseguridad y de desalojo de comunidades, hoy en día es más que latente.

Lo ocurrido en Texcaltitlán, Estado de México, es la muestra. Desde hace año y medio, el gobierno federal tenía informes de la situación prevaleciente en toda esa zona, así como en Michoacán y Guerrero, pero no ha querido intervenir.

Hay pruebas fehacientes de que los criminales interactúan con las autoridades políticas. Los dejan hacer, los dejan pasar. Así como Texcaltitlán, en México hay 680 municipios que se han convertido en auténticos “pueblos fantasmas”.

Esto equivale al 27% del territorio nacional. No es un asunto nuevo. Los pobladores han tenido que abandonar sus casas ante el asedio y las amenazas del crimen organizado.

De acuerdo con un reportaje de Jorge Cisneros, la Secretaría de la Defensa tiene documentos, fotografías y organigrama del cártel de la Familia Michoacana desplegada en el Estado de México y Michoacán.

Sin embargo, no han hecho nada para frenar las extorsiones y el cobro “de piso”. Parte de esta información trascendió tras el hackeado de Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El gobierno federal sabe perfectamente que la Familia Michoacana controla la venta de huevo, tortillas, cultivos. Sabe quiénes operan y son los cabecillas. Entre los líderes aparece José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa”.

Como ya se ha publicado en varios medios, este sujeto es pareja sentimental de Celeste Mora Eguiluz, ex secretaria de formación Política de Morena, recomendada por Félix Salgado Macedonio y su hija, la gobernadora Evelyn .

En Texcaltitlán hay al menos 8 personas secuestradas. La Familia Michoacana  exige, a cambio de ellas, la entrega de campesinos que participaron en el linchamiento de su líder.

Es el uso de la violencia bajo la advertencia: toda sublevación será aplacada y castigada con tortura y muerte. No hay nadie que defienda a los pobladores. Lo mismo puede ocurrir el día de las elecciones.

Y toda esta dialéctica de violencia viene desde Palacio Nacional, donde el lenguaje del Primer Mandatario es de amenazas, encubiertas en una supuesta crítica a todo aquel que se le opone.

El promotor del odio se llama Andrés Manuel López Obrador y los hechos así lo reflejan. Sólo basta ver su actitud al cumplirse un año del intento de asesinato del periodista Ciro Gómez Leyva.

Lejos de mostrar empatía o solidaridad, AMLO ha dedicado sus últimas mañaneras para atizar más contra Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga o el mismo Ciro Gómez Leyva.

Su discurso ha permeado. Sus huestes han tomado sus expresiones como clarín de guerra, para emprender también campañas amenazantes, como la del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García.

Este nefasto sujeto se atrevió a enviar un ataúd, con el nombre de Norma Piña, que colocó a la puerta de la Suprema Corte, como una especie de aviso criminal. Así lo ha hecho la Familia Michoacana en los pueblos que asecha.

Se comportan como criminales, pero en sus campañas electorales prometerán una seguridad y paz que el Estado mexicano está muy lejos de haber logrado, porque justo ellos, los que están en el poder, han normalizado la violencia.