BAJO FUEGO – Ejército versus Ayotzi – JOSÉ ANTONIO RIVERA ROSALES

May/12/2024.

BAJO FUEGO

Ejército versus Ayotzi

José Antonio Rivera Rosales
En días pasados, el abogado Vidulfo Rosales Sierra hizo una revelación que le da un sesgo
sorprendente a la tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en septiembre
de 2014.
Rosales Sierra, miembro del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos
Tlachinollan, concedió una entrevista a Ricardo Castillo, director de la agencia Cuadratin
Guerrero, en la que -como en pocas ocasiones- hace una revelación contundente: el
Ejército trasladó a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería a un grupo numeroso de
estudiantes de Ayotzinapa, a los que primero torturó y luego les dio muerte.
Rosales dijo contar con un testigo de los hechos que ha declarado hasta tres veces ante
el Ministerio Público e inclusive ante un juez. Si esas acusaciones son ciertas, confirmaría
que estamos ante un crimen de estado que debe ser esclarecido totalmente y sus autores
encarcelados con cadena perpetua.
En anteriores ocasiones los agraviados han acusado al Ejército de estar involucrado con
semejante atrocidad, pero es la primera vez que se produce una acusación tan directa y
cruda que implicaría a mandos del instituto armado.
La revelación coincidió con la liberación de un grupo de ocho militares de los batallones
27 y 41, concedida por un juez federal, para que sigan su proceso en libertad. Los citados
militares están bajo proceso penal por dos delitos: desaparición forzada y delincuencia
organizada. En el primer caso por su presunta implicación en la desaparición de los
jóvenes de Ayotzinapa, mientras que en el segundo por su presunta relación con el grupo
delictivo Guerreros Unidos, lo que es casi lo mismo pues fue esa estructura criminal la que
operó la desaparición de los muchachos.
La revelación de Rosales Sierra ofrece una lectura que, en los hechos, constituye una
nueva dimensión sobre la desaparición forzada de los estudiantes, lo que obligó a dimitir
al gobernador Angel Aguirre Rivero, pese a ser totalmengte ajeno a la tragedia. Es, por
cierto, una dimensión perturbadora.
De resultar cierta la denuncia, la evidencia daría un vuelco fenomenal al caso, que
pasaría de ser la operación de un grupo criminal a ser, efectivamente, un crimen de
estado, con todo lo que ello implica.
En principio en este espacio habíamos advertido que, si no hubo complicidad del Ejército
con los criminales de GU, por lo menos hubo una omisión censurable dado que sus
mandos siempre estuvieron enterados, en tiempo real, de lo que acontecía en Iguala.

En el caso de los batallones, existe un organismo denominado Servicio de Información,
Instrucción y Operaciones (SIIO) que le informa al mando local, a través de un oficial de
inteligencia, lo que acontece en el entorno inmediato de la unidad, sea legal o ilegal.
Además, existe un número indeterminado de elementos adscrito a un Grupo de
Información de Zona (GIZ) -gises, les dicen- que le informa directamente al mando zonal,
sin perjuicio de que también informe al mando del batallón. Ello, sin contar con que eran
los militares quienes tenian el control y seguimiento del C-4 establecido en Iguala.
Al menos estos dos organismos mantuvieron informado al comandante de batallón y al
comandante de zona de todo lo que sucedió esa noche aciaga en Iguala. Sin contar con
otros agentes que suelen operar de manera más suelta, adscritos en ocasiones a grupos
especiales que sólo informan al mando central.
Así las cosas, es obvio que los mandos del Ejército siempre estuvieron atentos a lo que
ocurría aquella noche en que se desató una cacería humana por las calles de Iguala.
Por eso es tan preocupante que ahora aparezca un testigo que sostiene ante el MP y un
juez que los militares introdujeron a los jóvenes a las instalaciones del 27 Batallón de
Infantería, donde terminaron por ejecutarlos.
Si se confirman las acusaciones del testigo, entonces estamos ante un crimen de estado
equiparable a la matanza de Tlatelolco.
Fue probablemenge con base en dicho testimonio que la Comisión de Ayotzinapa
(COVAJ), presidida entonces por Alejandro Encinas, solicitó orden de aprehensión contra
mandos y personal de tropa del Ejército.
En lugar de esclarecerse, la indagatoria podría alcanzar a jefes más importantes del
instituto armado que, colocados hacia arriba en la línea de mando, tendrían que dar
explicaciones ante los tribunales.
Hasta ahora, los mandos involucrados son el general José Rodríguez Pérez, quien
operaba como mando del 27 Batallón de Infantería (con rango de coronel por aquel
entonces), así como el general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona
Militar, de la que dependía directamente el batallón.
Pero estos militares no se mandaban solos: en la línea de mando figura el general Martín
Cordero Luqueño, por esas fechas comandante de la Novena Región Militar, de quien
dependía el general Saavedra Hernandez.
Y, si se le sigue hurgando, la indagatoria podria llegar hasta el Alto Mando.
Tal vez esa condición especial es lo que orilló al presidente Andrés Manuel Lopez
Obrador a cortar de un manotazo la investigación, porque entonces saldrían raspados
varios de sus amigos en el Ejército e, inclusive, el expresidente Enrique Peña Nieto quien,
en términos de legalidad constitucional, fungía como comandante supremo de las Fuerzas
Armadas.
El caso es que, caiga quien caiga, los mexicanos deben conocer qué fue lo que pasó esa
funesta noche de Iguala.
En este punto habrá que mencionar que hace años surgió una información delicada que
jamás conoció la luz pública. Según la versión, enteramente creíble, en algún momento un
grupo nutrido de padres de los 43 desaparecidos -al parecer, unos 15 a 20- fueron
llamados por mandos del Ejército que les ofrecieron una ayuda económica tasada entre
400 y 500 mil pesos por cada uno de los caídos.

Aunque hubo reticencias entre los padres, la mayoría aceptó el dinero con la garantía de
que seguirían en sus demandas por la presentación con vida de sus hijos. Este trato, que
se llevó a cabo en la más absoluta discresión, nunca se dio a conocer a la opinión pública.
Los padres siguieron reclamando, como hasta la fecha lo hacen. Pero igualmente se
guardaron la información sobre el dinero recibido.
¿De qué otras cosas nos enteraremos sobre el caso Ayotzinapa?