BAJO FUEGO – Escalada letal – José Antonio Rivera Rosales

Los incidentes violentos que se han producido en las ultimas semanas revelan reacomodos entre las formaciones delictivas que, a no dudarlo, se traducirán en un escalamiento de la violencia extrema, particularmente en Acapulco.
Según todos los indicios que se han podido observar, la confrontación de los grupos criminales parece haber tomado una ruta más virulenta desde el momento en que los cárteles más poderosos estarían interviniendo para apoderarse de la plaza.
Como muchas personas saben, son dos estructuras las que mantienen una disputa sangrienta por el control del puerto de Acapulco, para mantener la hegemonía sobre un potencial mercado extorsivo integrado por unos 40 mil negocios que operan en el puerto, sin menoscabo del mercado de la droga que también implica transacciones muy apetecibles.
Tal como la conocemos ahora, esta complicada situación dio inicio en 2010, cuando un grupo de 21 visitantes provenientes de Michoacán fueron confundidos con sicarios de un grupo enemigo. Los michoacanos, que en realidad eran trabajadores de una cooperativa de Morelia, fueron capturados y conducidos -con la colusión de mandos policiacos de la época- a una zona apartada del municipio, donde fueron masacrados por los narcos que tenían el control de la plaza. Esa masacre causó la ruptura entre los narcos locales y los foráneos -provenientes del norte del país-.
Quien dio la orden de masacrar a los visitantes fue un sujeto de nombre Carlos Montemayor, apodado El Mariachi, quien por esa época era suegro de Edgar Valdez Villarreal La Barbie, el dueño de la plaza en aquella fecha. La orden enfureció a los narcos locales que la consideraron un exceso dado que no había pruebas de que los michoacanos fueran de otro grupo delictivo.
Tanto Montemayor como Valdez fueron detenidos en el estado de México y deportados a Estados Unidos. Montemayor fue detenido en 2010, extraditado en 2015, declarado culpable en 2018 y sentenciado en 2019 a más de 40 años de prisión. Además sentenciado a pagar una multa de 190 millones de dólares.
En su ausencia, los narcos locales se deslindaron de los foráneos y constituyeron el Cartel Independiente de Acapulco (CIDA), lo que dio pauta a un enfrentamiento brutal contra los foráneos afincados en Acapulco, choque que se manifestó a lo largo de 2011 y 2012.

El grupo conocido como Los Rusos llegaron al puerto en 2016, de la mano de una facción del clan de los Beltrán Leyva. De inmediato comenzaron a hacer una limpieza de los narcos locales y de sus operadores. El caso es que, debido a una firme cohesión entre ellos, esta formación delictiva ha tomado control de gran parte del territorio del municipio, que le ha arrebatado al CIDA.
Pero lo que pocos saben es que esa fortaleza mostrada por Los Rusos deriva de sus enlaces con otra formación, de la cual es una suerte de brazo armado en el sur del país. Se trata del Cartel de Caborca, fundado por el capo Rafael Caro Quintero. A raiz de la reaprehensión de Caro Quintero, su sobrino José Gil Caro Quintero quedó como jefe del Cartel de Caborca.
Aunque se desconoce a ciencia cierta si José Gil Caro se encuentra en libertad -existe una versión según la cual fue atrapado y liberado tras pagar un soborno millonario-, lo cierto es que sigue dirigiendo las operaciones del Cartel de Caborca en diferentes partes del país, incluyendo el estado de Guerrero.
Por su parte los cidosos buscaron alianzas con grupos foráneos para estar en posibilidad de repuntar sus condiciones de orfandad. Según versiones, esos esfuerzos fructificaron en una alianza nada menos que con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las más poderosas organizaciones criminales del país (la otra es el Cartel de Sinaloa, controlado ahora por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán). Si es verdad que ya está aquí el CJNG, nada bueno pueden esperar los guerrerenses y en particular los acapulqueños.
Así las cosas, en el fondo los choques son entre el Cartel de Caborca y el Cartel Jalisco, razón por la cual es de suponer que las cosas se pondrán más violentas con el uso inclusive de tácticas terroristas.
Para no ir más lejos, baste observar el lanzamiento de una bomba Molotov en el zócalo porteño, y el más reciente atentado con un artefacto similar en la Central de Abasto de la colonia Vacacional. En ambos casos no hubo víctimas mortales, pero el impacto psicológico puede ser devastador.
Y parece que todo este fenómeno apenas está comenzando. En opinión de algunos expertos consultados, lo que hemos presenciado podrían ser ensayos para ser utilizados contra objetivos diversos llegado el caso.
Los ataques con drones ya los ha utilizado La Familia Michoacana en poblados de la parte alta de la Sierra Madre del Sur, donde ha amedrentado a familias completas que han emigrado de sus comunidades ante tamaña amenaza (de la FM han trascendido versiones, también, de una alianza probable con el CJNG).
Este escenario complejo es el que habrá de enfrentar el gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, a quien tocará lidiar contra esas amenazas a la seguridad nacional en condiciones aún inciertas, que tomarán color después de que asuma formalmente el poder en octubre próximo.
Por lo pronto ya anunció que la Guardia Nacional se integrará plenamente a la Secretaría de la Defensa durante su mandato, lo que augura un proceso de toma de decisiones que buscará fortalecer la estructura militar.
Esa decisión, que potenciará el estado de fuerza del Ejército Mexicano, tendría que fortalecer también sus capacidades operativas y de inteligencia, para enfrentar con éxito el crimen organizado, que lamentablemente dejaron crecer durante todo este sexenio.
Veremos de que está hecha la futura mandataria. La seguridad nacional es el gran pendiente de este gobierno de supuesta transformación.