El presidente Andrés Manuel López Obrador exculpó al Ejército de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida hace casi 10 años, y apuntó a organizaciones de derechos humanos y periodistas como cómplices de enturbiar las investigaciones.
En su primer reporte a los padres de los estudiantes desaparecidos, declara que “es el momento de revisar el comportamiento de quienes han conducido las exigencias de supuesta justicia. Sobre todo, sus vínculos con el gobierno de Estados Unidos y sus agencias”.
Se trata de “personajes de organizaciones de derechos humanos” que defendieron y celebraron la excarcelación de por lo menos 60 personas implicadas en la desaparición de los normalistas, bajo el supuesto de que fueron torturadas, señala en el documento.
Sin embargo, colectivos y activistas condenaron este reporte de AMLO, en el que asegura que no se ha encontrado “absolutamente nada” sobre el papel del Ejército en la desaparición, a pesar de que los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirmaron su participación directa.
“Pasarás a la historia como el cómplice del Ejército criminal, serás aborrecido siempre por traicionar a Ayotzinapa. Ni perdón ni olvido”, publicó en sus redes sociales la colectiva de la Antimonumenta Vivas Nos Queremos, tras la difusión del reporte el pasado 20 de julio.
Además asegura que el Ejército no ha entregado toda la información relacionada con el caso, pero AMLO asegura que se han procesado a 20 militares, entre ellos dos generales, por posible omisión y vínculos con la delincuencia organizada, pero hasta ahora no se ha encontrado “absolutamente nada”.
Nada sobre la participación directa de integrantes del Ejército en el crimen de Iguala, subraya el informe de López Obrador. Sin embargo, hasta sus más leales dudan sobre la veracidad del documento, como lo señaló el periodista Julio Hernández escribió en su columna Astillero
“El mencionado “reporte” presidencial no es, por tanto, sino una suposición, una forma de análisis y expresión proveniente de la subjetividad de quien se expresa, lo cual podría o no llegar a ser verdad, de la misma manera obvia en que podría o no llegar a ser mentira. Una cosa son las suposiciones o hipótesis y otra son los hechos jurídicos”.
Lo más grave del caso, es que López Obrador hizo afirmaciones y acusaciones que involucran a la periodista Anabel Hernández y la acusa de pertenecer a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) o de colaborar con ellos.
Incluso dijo que las acusaciones contra el Ejército, podría obedecer a un afán de venganza “de personas o instancias del extranjero para debilitar a la institución”. Entre éstas, mencionó a Anabel Hernández, a quien llamó “pseudoperiodista”.
En una declaración que linda los terrenos de la difamación, López Obrador dijo que “(…) Todo parece indicar que, como afirma Anabel Hernández, la fuente de información enterada de los hechos era la DEA, pues ella o pertenece a esa agencia o colabora con ellos y, en este caso, como en otros, hay una clara intención de afectar instituciones de países independientes y mantener a sus autoridades bajo sospecha para poder ejercer a sus anchas, en territorios ajenos, la política de gobiernos hegemónicos e intervencionistas, como ha sido casi siempre en la historia”.
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