Por: Miguel Ángel Mata Mata/Reportero Síntesis de Guerrero
Chilpancingo, Gro., a 4 de noviembre del 2024 (SG). Al menos veintitrés ayuntamientos y organismos públicos descentralizados deben al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) una cantidad cercana a los mil millones de pesos por concepto cuotas para el pago de pensiones a seis mil 500 pensionados y jubilados del gobierno de Guerrero.
Así lo ha evidenciado el diputado Héctor Suárez Basurto, en la tribuna del Congreso Local, al lograr que el pleno de los diputados locales apruebe un exhorto para que el ayuntamiento de Acapulco, y al menos otros 22 ayuntamientos y organismos públicos descentralizados, paguen sus adeudos al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del gobierno de Guerrero.
El diputado Suárez Basurto detalló que, entre el sector paraestatal y el sector central, de la administración pública del estado de Guerrero, existen una cantidad mayor a los treinta y un mil cotizantes, en comparación con 6,500 jubilados y pensionados en la nómina pública.
Estas cifras, dijo, deberían ser suficientes para mantener un equilibrio entre las aportaciones de los servidores públicos en activo y el pago sustentable a los pensionados y jubilados por el ISSSPEG.
Pero no es así, esta problemática es derivada al retraso significativo en el pago de sus enteros y aportaciones de estos organismos y que tienen adeudos históricos con este instituto.
Para cubrir el pago de los 6,500 pensionados se necesitan 94 millones de pesos al mes.
“No se trata de dinero que los ayuntamientos tengan que erogar de su presupuesto”, dijo el diputado.
“Se trata de dinero que, las respectivas áreas financieras de cada organismo, ya han descontado de su salario a los trabajadores, pero, por extrañas causas o razones, los presidentes municipales se niegan a entregar al ISSSPEG”, acotó.
¿CÓMO HAN PAGADO LAS ULTIMAS PENSIONES?
La falta de pago de cuotas obreras al ISSSPEG, por parte de los ayuntamientos, ha provocado que el organismo operador, ISSSPEG, entre en crisis y se encuentre en un punto de no regreso y tenga que ser liquidado, ante la falta de recursos.
“De darse ese supuesto, los servicios médicos, de pensiones y jubilaciones y otras prestaciones a todos los empleados públicos del gobierno estatal, ayuntamientos y organismos públicos, serán cancelados”, señaló.
“Es decir, ni médicos, medicinas, prestaciones y mucho menos pensiones habrá para ellos”, agregó.
¿Cómo han hecho estos últimos meses?, preguntamos.
Todos los ayuntamientos, principalmente el mayor deudor, el de Acapulco, le echan la bolita al Poder Ejecutivo, el que se ha visto obligado a erogar recursos extraordinarios para pagar lo que los ayuntamientos retienen a sus empleados, pero se quedan con lo que han descontado.
En octubre de 2023, la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, entregó pagos de pasivos atrasados a 316 pensionistas, con una inversión de casi 12 millones de pesos.
El 9 de marzo del 2023 mandó al Congreso del Estado una iniciativa de decreto por el que se reforma la ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero.
Así como también envió otra para modificar la ley del sistema de coordinación hacendaria, en donde implementan también la retención afectada como garantía de pago de las obligaciones en materia de seguridad social, previa autorización del congreso a favor del ISSSPEG, cuando exista mora acreditable de 60 días naturales, del entero de las cuotas aportaciones y descuentos.
Aquellas propuestas fueron presentadas por el diputado Joaquín Badillo, quien comentó que, a pesar de esas propuestas aprobadas por la anterior legislatura, los ayuntamientos, principalmente el de Acapulco, se niegan a pagar lo que ya han descontado a sus empleados.
“Argumentan que el adeudo es histórico y que, mientras no se sancione a los anteriores, ellos no pagarán”, comentó y agregó “lo que se pide es que comiencen a pagar y no acumulen la deuda. Pero se niegan, sin ofrecer otra justificación”, dijo.
En el exhorto presentado por el diputado Suárez, se lee que “estas reformas son para obligar a todos los entes públicos a pagar sus aportaciones en tiempo y forma y sancionar a aquellos que no lo hagan como marca la ley. También que algunas de estas deudas datan de muchas administraciones atrás que dejaron crecer el problema. Esto sin embargo requiere de una solución, por parte de los que hoy encabezan estos gobiernos”, agrega.
QUÉ DICE LA LEY
La seguridad social se entiende como el conjunto de medidas que el Estado implementa, para asegurar que cada persona tenga derecho a un ingreso digno y a una protección adecuada para su salud.
El derecho a la seguridad social de los trabajadores se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, apartado B.
Estas prerrogativas protegen al trabajador contra varios desafíos.
La Organización Internacional del Trabajo, establece que el derecho humano a la seguridad social abarca el acceso a varios beneficios que protegen al trabajador como son: enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, desempleo, invalidez, vejez y muerte.
En el Estado de Guerrero, la Ley Número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado. Establece que estos, deben tener garantizados sus derechos en materia de Seguridad Social, Jubilaciones, Pensiones, Indemnizaciones y Prestaciones, que deben ser garantizados por el Gobierno del Estado y, en su caso, por los Ayuntamientos u Organismos descentralizados.
EL ISSSPEG
Para garantizar estos derechos, se lee en la propuesta del diputado Suárez, es necesario que el sistema de seguridad social de los servidores públicos al Gobierno del Estado de Guerrero (ISSSPEG), sea financieramente sólido y estable.
Sin embargo, el sistema actual enfrenta problemas financieros severos y desde hace varios años ha entrado en una etapa de déficit, lo que pone en riesgo el otorgamiento a corto plazo de jubilaciones y pensiones para futuras generaciones.
De acuerdo al portal de Trasparencia del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado, entre el sector paraestatal y el sector central, hay más de 31,000 cotizantes, en comparación con 6,500 jubilados y pensionados en la nómina de este organismo.
Estas cifras deberían ser suficientes para mantener un equilibrio entre las aportaciones de los servidores públicos en activo y el pago sustentable a los pensionados y jubilados por el ISSSPEG.
Pero no es así, esta problemática es derivada al retraso significativo en el pago de sus enteros y aportaciones de estos organismos y que tienen adeudos históricos con este instituto. Para cubrir el pago de los 6,500 pensionados se necesitan 94 millones de pesos al mes.
QUE PAGUEN, QUE PAGUEN
El diputado Suárez considera que es importante e impostergable que los entes públicos que hoy adeudan al ISSSPEG comiencen a realizar el pago de los adeudas, lo que redundaría en beneficio de las y los pensionistas que dedicaron su vida al servicio del Estado de Guerrero.
En dictamen presentado el martes de la semana anterior, exhorta a que hagan entrega al ISSSPEG del dinero que ya han descontado a sus empleados, en cada recibo de nómina quincenal, al ISSSPEG.
Los ayuntamientos municipales deudores son el de: Acapulco de Juárez; Chilpancingo; Taxco de Alarcón; Iguala; Tixtla; Leonardo Bravo; Atoyac; Ometepec; Cuajinicuilapa; Eduardo Neri; Ayutla; San Marcos; Arcelia; Tecpán; Benito Juárez (San Jerónimo); Copala; Mártir de Cuilapa; Tecoanapa; Huamuxtitlan.
También a los organismos públicos descentralizados: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama); Sistema Municipal DIF Acapulco; Comisión de agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala (Capami); y el Sistema municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tixtla, (Simapa).
¿QUIÉNES SON LOS DEUDORES?
Hasta el pasado mes de septiembre de este año, tres entidades concentran el 85 por ciento de la deuda.
El Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, en su periodo municipal de los años 2021 al 2024 es el principal deudor histórico con 334 millones de pesos, de los que ciento nueve millones se generaron en el periodo 2021-2024 de Norma Otilia Hernández Martínez.
Le sigue la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA), con 284 millones de pesos, de los cuales 22 millones se generaron en el trienio pasado, es decir durante el primer periodo como presidente municipal de Abelina López Rodríguez.
El tercer mayor deudor es Gobierno Municipal de Acapulco con 267 millones de pesos, de los cuales treinta y seis corresponden al trienio pasado, cuya presidente municipal fue Abelina López Rodríguez.
El cuarto sitio como deudores le corresponde al gobierno municipal de Taxco de Alarcón, con 25 millones de pesos, de los cuales 7 se generaron en el trienio pasado.
Enseguida vienen los ayuntamientos de Leonardo Bravo y Atoyac con adeudos de trece y diez millones de pesos, respectivamente.
¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Durante la pasada legislatura, a propuesta de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, se lograron modificaciones a la ley para invitar a los ayuntamientos a cumplir con sus obligaciones.
Sin embargo, la ley no contempló sanciones específicas para los alcaldes que no pagan las cuotas que ellos ya han descontado, de sus salarios, a sus empleados.
La semana pasada, el diputado, Héctor Suárez Basurto, logró que el pleno apruebe un exhorto a los ayuntamientos para que paguen sus cuotas al ISSSPEG, “aunque, dijo el diputado Suárez, aun no contamos con sanciones para los alcaldes que incurran en esa falta de pago”.
“Pero ya tenemos lista la propuesta para sancionar como se debe a quienes se quedan con las cuotas de los trabajadores”, anunció.
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