*33 Trabajadoras y trabajadores sin seguridad social
*Sin elementos de seguridad, sin agua
*Albergue subsidiado por el mismo CJM
Por Isabel Ortega Morales/ SURIANA RADIO/ CEPROVYSA.COM / semMéxico
Tlapa de Comonfort, Guerrero., Diciembre 9-2024.- Son 33 trabajadoras mujeres en su mayoría, trabajan programas emblemáticos para atender la violencia y la venta de niñas y adolescentes en la región de la montaña, considerada con bajo índice de desarrollo humano, con marginación y pobreza y el propio personal está en estado de indefensión, sin seguridad social y siempre con la incertidumbre de no ser contratados, por eso su demanda es pedir a la Gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, las reciba en audiencia para explicarle el trabajo que realizan, no dudando de que será empática y resiliente con el tema que ella misma a abanderado.
Es el Centro de Justicia para las Mujeres de Tlapa, uno de los dos Centros que hay en el estado, el segundo está en Chilpancingo. Solo que el de la capital depende de la Fiscalía General del Estado y el de la Montaña de la Secretaría de la Mujer y realizan desde el miércoles 4 de diciembre del año en curso un paro de actividades, sin que eso signifique que hayan dejado de prestar servicios, dice la Coordinadora Yuridia Victoria León a SURIANA RADIO y CEPROVYSA.COM así como a semMéxico.
El planteamiento inicial de la deuda de 7 meses fue atendido parcialmente esta semana, con el pago de 3 meses, sin embargo, la deuda de cuatro meses sigue latente a pesar dicen que la titular de la SEMUJER, Violeta Pino ha girado oficios a la Secretaría de Finanzas donde señalan está parado el pago con el argumento de que no hay dinero porque se destino para atender la emergencia de los huracanes Otis y John, a pesar de que dice el gobierno federal que atendió esas necesidades de la población acapulqueña y de otras regiones afectadas.
Pero el Centro de Justicia para las Mujeres, ocupa un inmueble alejado de la zona urbana de Tlapa de Comonfort que les hace depender de la generosidad del Ayuntamiento y del gobierno estatal para contar con elementos de seguridad tanto para preservar la seguridad del inmueble, así como de las y los trabajadores y de las usuarias que solicitan servicios en el CJM.
Pero el Ayuntamiento les notificó que no proporcionarían seguridad por recorte de personal, lo que les hizo acudir a la Policía Estatal que por unos meses les envió un elemento y después lo suspendió sin mediar ninguna explicación a pesar de que no solo corren riesgo por la lejanía del CJM sino de las propias usuarias cuyos agresores han llegado al Centro para agredirlas.
Tampoco tienen agua, la colonia aún no tiene servicios por lo que una pipa de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil les proporcionaba de manera mensual el servicio solo que, les dijeron, se descompuso, por lo que ellas tienen que pagar el servicio de agua.
El Centro de Justicia para Mujeres cuenta con un albergue temporal donde se refugian usuarias víctimas de violencia que llegan con sus hijas e hijos “de 3 a 5 menores” por cada usuaria, a quienes se les da alimentación que se resuelve con la cooperación de todo el equipo dice Yuridia Victoria León.
Este Centro proporciona atención a mujeres de 20 municipios, tanto Ayuntamientos como asociaciones civiles canalizan a ese lugar a mujeres víctimas de violencia que requieren asesoría legal, psicológica, tanto las adolescentes, las mujeres adultas como las y los niños que también reciben atención del grupo de psicólogas.
La precaria situación económica de las víctimas es otro tema que asumen las y los trabajadores del CJM que en su mayoría tienen que realizar pagos y a pesar de que plantearon al Magistrado Presidente saliente, Raymundo Casarrubias no hubiera costos en algunos gastos propios de la documentación legal, ordenó que se hicieran sin que se condonara ninguno, por lo que esperan que el nuevo Magistrado Presidente pueda ser empático con el tema de atención legal que llega el CJM.
Las mujeres se encuentran sin prestaciones sociales. No cuentan con servicio médico, sin derecho a obtener vivienda. Su pago es mensual, trabajan por contrato y siempre con la incertidumbre de si serán o no contratadas a inicios de año, y se quedan sin salario los tres o cuatro primeros meses hasta que se regulariza su situación laboral, y a pesar de ello, mantienen su trabajo cotidiano porque se sienten con el compromiso de ayudar a esta región a superar problemas de violencia hacia las mujeres.
Pero no solo son las y los trabajadores del CJM de Tlapa que están en paro, también lo están los grupos de costa chica, ubicados en Ometepec, y Ayutla de los Libres que atienden el tema de prevención de Matrimonios Infantiles. Están sin salario y salen a recorrer la montaña y la costa chica sin viáticos.
Con voz suave, pero firme, con respeto, pero pidiendo también respeto a su trabajo, piden no haya represalias por defender sus derechos, por elevar su voz para pedir el pago de sus salarios, para pedir seguridad para la institución, el arreglo del inmueble que presenta daños y riesgos para trabajadoras y usuarias, el pago total de los honorarios adeudados, que en la audiencia con la Gobernadora esté presente el Secretario de Finanzas para que comprenda el trabajo que realizan y las condiciones en que atienden estos proyectos emblemáticos de la primera mujer gobernadora del estado, la formalización de la situación laboral, entre otras justas demandas como la continuidad de contenciones grupales e individuales para los y las profesionistas del CJM.
Han formulado a legisladoras y legisladores de la montaña oficios pidiendo ayuda, así como a la Comisión de Derechos Humanos. Solo organizaciones civiles se han manifestado.
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