Carlos Ortiz Moreno / Expresiones Guerrero
A un año de la promesa de la Secretaría de Cultura federal por desalojar a los comerciantes invasores del terreno que alberga el Centro Cultural de Acapulco, parece más sólida la negligencia gubernamental porque los vendedores de “chinerías” permanecen en el lugar que ocuparía la Librería Educal y ahora están parapetados para evitar cualquier acto de expulsión.
Hace un año, Alejandra Frausto Guerrero, exsecretaria federal de Cultura adelantó que la presencia de la Guardia Nacional —proyecto de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional expuesto con datos falsos al presidente Andrés Manuel López Obrador— sería temporal en la Casa de la Cultura Acapulco y se buscaría una solución para que los vendedores salgan del sitio, se rescate y reconstruya la esencia fundamental de la donación inicial.
En la entrevista hecha entonces por Misael Habana de los Santos, director del noticiario Al Tanto Guerrero, la funcionaria federal informó que se había reunido para platicar sobre el tema de la ocupación de las instalaciones culturales tanto con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Empero no se conoció cuáles fueron los temas tratados durante la reunión que realizó Fraustro Guerrero, quien también ya fue titular de la Secretaría de Cultura de Guerrero en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero y tampoco movió un dedo para remover a los comerciantes invasores en su momento.
Lo único que se logró, desde el anuncio que cumplió un año, fue el retiro de los elementos de la Guardia Nacional al cancelarse la construcción del cuartel que pretendía levantarse en los terrenos propiedad de la familia del multimillonario ya finado Wolfgang Schoenborn Stuertz, mexicano por naturalización, pero originario de Lezburg, Bavaria (o Baviera como actualmente se le conoce) en la entonces Alemania Occidental.
La probable construcción de un sitio para servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional sea cuartel de mando, sitio de pernocta o lo que quieran realizar, sería violatorio al convenio de donación condicional celebrado hace casi 49 años por un multimillonario con el gobierno de Guerrero, ahora representado por Evelyn Cesia Salgado Pineda.
El rompimiento de la donación restringida por parte del gobierno del Estado de Guerrero implicaría una serie de condicionantes en que están involucrados el Ayuntamiento de Acapulco, el gobierno federal, el fideicomitente Banco Nacional de México, hoy llamado Banco de México, y la propia familia del alemán ya fallecido.
Los puntos coincidentes de una historia ilegal, disfrazada como legal, son que hace 49 años los tres órdenes de gobierno estaban representados por políticos del mismo partido en el poder. Hoy sucede lo mismo ya que la autoridad municipal, la estatal y la federal son de Morena.
Wolfgang Schoenborn Stuertz, millonario mexicano por naturalización, pero originario de Lezburg, Bavaria (o Baviera como actualmente se le conoce) en la entonces Alemania Occidental, celebró el 29 de noviembre de 1975 un convenio de donación condicional con el gobierno del Estado de Guerrero, representado por el entonces gobernador Rubén Figueroa Figueroa.
En su calidad de propietario de un terreno adquirido en 1967 al matrimonio integrado por Ignacio Soto Durazo y su esposa Alicia Almeida de Soto, el alemán naturalizado mexicano cedió el predio de 11 mil 76 metros cuadrados de superficie al gobierno de Guerrero anteponiendo condiciones para que fuera destinado ese sitio a actividades netamente culturales.
Sin embargo, a pesar de todos los anuncios desde la propia Secretaría de Cultura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los comerciantes siguen invadiendo las instalaciones.
A pesar de que en 2010 se negó el amparo solicitado por un grupo de comerciantes que mantiene una invasión de instalaciones en la Casa de la Cultura de Acapulco, el gobierno de Guerrero ha sido negligente para desalojarlos y recuperar ese patrimonio donado con determinadas condiciones.
El huracán “Otis” casi consiguió desalojar a los comerciantes destruyéndole parte de sus puestos, pero recuperaron el sitio y han cercado lo que consideran su territorio. Nadie, ni siquiera los militares que ahí pernoctaban, los molestaron.
Desde que apareció el problema han pasado ya seis gobernadores (constitucionales e interinos de partidos como el PRI, PRD y Morena) quienes no han podido o no han querido resolver el problema.
No han ejecutado un desalojo de esas instalaciones quienes han sido directores del Instituto Guerrerense de la Cultura como la crotalista Sonia Amelio y Hubert de la Vega, en el gobierno de René Juárez Cisneros; Laura Olivia López Victoria López y Nora Elisa Méndez González, en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo y Alejandra Frausto Guerrero, con Ángel Aguirre Rivero.
Fue precisamente este gobernador, en ese momento emanado por el PRD, quien modificó aparentemente sin razonarlo la estructura gubernamental al convertir un Organismo Público Descentralizado, denominado Instituto Guerrerense de la Cultura, como Secretaría de Cultura y su primer titular que Manuel Zepeda Mata, quien ahora funge como vocero de la Secretaría federal de Cultura.
Fue el segundo secretario de cultura Arturo Martínez Núñez, designado por Aguirre Rivero y continuó con el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez; otros secretarios del ramo fueron Alicia Sierra Navarro y Rodolfo Mauricio Leyva Castrejón, con el gobierno de Héctor Antonio Astudillo Flores y ahora Aída Melina Martínez Rebolledo, con la morenista Evelyn Cesia Salgado Pineda.
El pasado 8 de enero, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la exsubsecretaria de Cultura en el gobierno de Rogelio Ortega Martínez y hoy periodista Citlali Guerrero Morales, del portal Bajo Palabra, cuestionó la instalación de la Biblioteca Educal en las instalaciones del Centro Cultural Acapulco.
Refirió que el huracán “Otis” destruyó completamente la exCasa de la Cultura de Acapulco, pero el Grupo Carso —del empresario Carlos Slim Helú— se comprometió a reconstruirlo y denunció que la actual secretaria de Cultura de Guerrero, Aida Melina Martínez Rebolledo, se ha negado a respetar un espacio para la Librería Educal sin considerar que el sitio original es donde está invadido por los comerciantes.
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