PRONUNCIAMIENTO
El día de hoy, nos hemos convocado organizaciones de la sociedad civil para fijar nuestra postura en torno a los matrimonios infantiles y forzados como una expresión sistemática de la violencia de género y de la violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas.
Históricamente, el matrimonio es una institución en la que mayor desigualdad ha existido entre hombres y mujeres y se legitima desde el estado dejando a las mujeres en una condición de vulnerabilidad y expuesta a diversas formas de violencia. En el contexto regional el matrimonio forzado se da en el marco de las tradiciones y costumbres indígenas, pues al amparo de la protección cultural, esta realidad no ha cobrado suficiente relevancia y no se ha abordado como un problema de violencia contra las mujeres, específicamente las niñas y adolescentes son quienes padecen esta grave violación a sus derechos humanos. Los matrimonios forzados son una forma de violencia contra las mujeres en las que subyacen relaciones desiguales de poder entre los hombres y las mujeres que, al amparo de los mandatos culturales, controlan, subordinan y dominan a las mujeres y sus cuerpos. Asimismo, permite entender que las violencias y discriminaciones que vivimos son estructurales y, por tanto, complejiza el acceso a nuestros derechos y autonomía.
Los usos y costumbres en los municipios de la región Montaña y Costa Chica del Estado permiten ponerles precio a las niñas; es decir sus tutores abuelas, abuelos, madres y padres venden a sus hijas, siendo un matrimonio forzado, sin que exista su consentimiento para ello. Las niñas frecuentemente tienen que trabajar para la familia que pagó por ellas, para “recuperar” la deuda por su compra, haciendo labores del hogar, de jornalera y campesina. Una dote en efectivo que va de los cincuenta mil hasta doscientos mil pesos, más otro pago en especie como refrescos, cervezas, cigarros, panes y otros alimentos es la forma de cobrar por ellas.
Los matrimonios infantiles y forzados convierten a niñas y adolescentes en madres a muy temprana edad, derivando problemas graves asociados con el embarazo que se dan ni siquiera en la adolescencia, sino en la pubertad al grado que se pone en riesgo la vida de las niñas, quienes se convierten en madres obligadas con infancia infeliz y estudios truncados.
La mayoría de estas uniones no se registran y no se denuncian, solo “Te ponen un precio y así te venden sin preguntar, sin avisar”, prohibido “Decir que no” porque ya estás destinada a casarte, a pesar de ser menor edad.
Ésta práctica ocurre frente a los agentes del estado, la iglesia, las autoridades comunitarias: delegados, comisarios y policías; mismos que permiten siga como si las niñas fueran animales u objetos, permaneciendo apáticas y amparándose en los usos y costumbres de los pueblos. En este sentido, el Estado mexicano está obligado a generar políticas públicas que incluyan aspectos preventivos y de información hacia las comunidades.
CONDENAMOS LA PREVALENCIA DE ÉSTA PRÁCTICA QUE VIOLENTA LOS DERECHOS DE LAS INFANCIAS, DE LAS NIÑAS DE LA REGIÓN MONTAÑA Y DEL ESTADO.
Tlapa de Comonfort, Guerrero. Diciembre 10 de 2021
DEMANDAMOS:
EXIGIMOS QUE SE CUMPLAN NUESTRAS SENTIDAS DEMANDAS EN TORNO A NUESTROS DERECHOS MISMOS QUE HAN SIDO NEGADOS Y POSTERGADOS HISTÓRICAMENTE DESDE LAS POLÍTICAS OFICIALES.
Red guerrerense por los derechos humanos de las Mujeres
(y 14 Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres)
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