Protocolo Violeta – JOSÉ ANTONIO RIVERA ROSALES – BAJO FUEGO

Feb/25/2023.

BAJO FUEGO

Protocolo Violeta

José Antonio Rivera Rosales
El Protocolo Violeta es un programa del gobierno del estado, único en su tipo en todo el
país, que pretende combatir los graves índices de violencia contra las mujeres.
Desde que se implementó la Alerta Violeta, un componente esencial del programa, el
gobierno de Evelyn Salgado ha activado 184 alertas para la localización de 200 personas
desaparecidas.
Según el informe más reciente de este noble programa, de las 200 personas
desaparecidas se han encontrado a 186 que huyeron de sus casas por distintas razones.
Este programa comenzó a aplicarse el 18 de julio de 2022 por el gobierno de Salgado
Pineda -es decir, lleva en operación poco más de seis meses-, pero la información que se
ha vertido al público ha sido muy fragmentada, de modo que los datos que debieran ser
socializados caen un poco en el vacío.
¿Por qué es importante esto?
Lo primero que hay que informar es que este programa atiende las denuncias de
desaparición de mujeres que según dicho informe han sido víctimas de agresiones de
distinto tipo, lo que ha provocado que escapen de su entorno familiar.
Abordamos esta problemática porque esconde una situación que se reproduce de
manera subterránea, agraviando a cientos de familias guerrerenses.
Según el reporte oficial, son 200 personas las que han desaparecido en los seis meses
desde que se instauró el citado programa.
Lo que el reporte no dice -y es una grave omisión- es que la mayoría de las
desaparecidas son niñas y adolescentes que, por su edad y condición social -la mayoría
son pobres- se encuentran en indefensión social y legal.
Un análisis somero de los casos nos arroja que la inmensa mayoría de las jóvenes
desaparecidas tienen entre 14 y 19 años, de las cuales menciona que han huido de su
familia por influencia de un novio (47 casos), por enfermedad (19), por violencia
intrafamiliar (15), por discusiones (11).
Pero llama la atención que un gran porcentaje (83 casos, casi la mitad), “se han
reservado sus razones”. Claro, se han reservado sus motivos porque tienen miedo de
sufrir represalias de quienes las secuestraron. Nada más por eso.
El caso es que las jóvenes desaparecidas son mucho más que las 200 citadas
oficialmente, cuyas familias se han abstenido de denunciar debido a que gran parte de la
comunidad guerrerense desconfía de la Fiscalía General del Estado (FGE), que es la
principal responsable de la persecución de los delitos.

Pero aún si nos atenemos al número proporcionado por el secretario de Gobierno,
Ludwig Reynoso Núñez, algunos casos reflejan ineludiblemente el clima de violencia que
sufren niñas y jovencitas, algunas de las cuales fueron secuestradas física o virtualmente.
Esa oscuridad en que orbitan los 83 casos conocidos cuyas victimas guardaron silencio, a
las que se agregan las que dijeron haber sido secuestradas o sustraídas de sus hogares,
debiera ofrecer una certeza de que existe un clima ominoso y amenazante para las niñas
guerrerenses.
Este tema oscuro debiera ser abordado por la impresentable fiscal Sandra Luz
Valdovinos Salmerón, para informar por qué hay tanta incidencia de secuestro de
menores de edad, que seguramente atraviesan un infierno aún habiendo sido rescatadas.
Aunque las investigaciones ministeriales tienen que ser secretas, la citada fiscal -que
parece que no resuelve nada ni en su oficina-, debiera informar si existe en Guerrero
algún grupo de delincuencia organizada dedicado a la trata de personas y, en términos
generales, qué se está haciendo para combatirlo.
Si esa incidencia criminal existe, que es bastante probable, entonces la FGE con apoyo de
la Fiscalía de la Republica y, obviamente de las fuerzas federales, debieran de integrar un
grupo especial de investigación para combatir esas bandas que constituyen el aspecto más
sórdido del crimen organizado.
En principio, es alarmante la incidencia de 200 casos de niñas y adolescentes
desaparecidas en Guerrero, en particular porque la cifra negra por lo regular dispara la
incidencia en un 95 o 100 por ciento. Es decir, hablamos de un número probable de 400
jovencitas desaparecidas. Es un dato terrorífico, que debiera ser investigado por las
agrupaciones que defienden derechos humanos femeninos.
Para el efecto, todas las instancias del gobierno federal -incluyendo la Central Nacional
de Inteligencia (CNI), Guardia Nacional, Ejército y Armada-, en coordinación con el
gobierno del estado, ya estarían combatiendo esa lacra social que lucra con el más
abyecto de los delitos: la trata de personas.
El loable Protocolo Violeta estará completo cuando la gobernadora Evelyn Salgado haya
integrado el combate frontal a la trata de personas como parte fundamental del combate
a la violencia contra las mujeres.
La comunidad agraviada por ese delito, en particular las niñas y jovencitas acosadas, han
guardado un mutismo que debiera interpretarse como un grito desgarrador de ayuda.
Alquien en la cúpula oficial debiera ocuparse de esto.
Si la sociedad en lo general se considera secuestrada por el crimen organizado, como
dijo un obispo de la Iglesia Católica, con mayor la parte más débil de la comunidad
guerrerense que son sus niños.
El gobierno estatal y federal está obligado a combatir esos engendros del demonio.