Por Baltazar Jim\u00e9nez Rosales<\/p>\n\n\n\n
Toda vez que el desplazamiento forzado de familias enteras de las comunidades agobiadas por la violencia e inseguridad extrema constituye una violaci\u00f3n m\u00faltiple y continuada de derechos humanos, el Estado tiene la obligaci\u00f3n de garantizar mecanismos efectivos de reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o, consider\u00f3 la diputada local por el Partido de la Revoluci\u00f3n Democr\u00e1tica (PRD), Erika Isabel Guill\u00e9n Rom\u00e1n.
Entrevistada respecto a la iniciativa que present\u00f3 la semana pasada ante el pleno del Congreso del Estado con el fin de reformar la Ley N\u00famero 450 de V\u00edctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el objetivo de fortalecer el derecho a la reparaci\u00f3n integral de las personas v\u00edctimas de desplazamiento forzado interno, la legisladora local enfatiz\u00f3 que este problema que enfrentan decenas de comunidades en la entidad ha dejado de ser un fen\u00f3meno aislado para convertirse en una grave crisis humanitaria derivada de la violencia en distintas regiones de la entidad, particularmente en comunidades de la Sierra y municipios ind\u00edgenas como Chilapa.
Guill\u00e9n Rom\u00e1n hizo referencia muy especial a los recientes hechos ocurridos en comunidades ind\u00edgenas de Chilapa, donde alrededor de 800 familias se vieron obligadas a huir debido a los enfrentamientos armados.
Y es que dijo que \u201chay comunidades en Guerrero donde el silencio ya no representa tranquilidad. Lugares donde la vida cotidiana fue sustituida por la incertidumbre permanente\u201d.
Apunt\u00f3 que desgraciadamente las disputas territoriales entre grupos armados, las amenazas directas contra la poblaci\u00f3n y la ausencia de condiciones efectivas de seguridad han obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares para proteger su vida e integridad.
La diputada local perredista mencion\u00f3 que entre 2011 y 2017 Guerrero se coloc\u00f3 entre los estados con mayor n\u00famero de desplazamientos forzados internos en el pa\u00eds, junto con entidades como Tamaulipas, Coahuila y Michoac\u00e1n, registr\u00e1ndose al menos 135 episodios relacionados con este fen\u00f3meno.
Asimismo, cit\u00f3 datos del INEGI que reflejan una disminuci\u00f3n dr\u00e1stica de poblaci\u00f3n y un incremento de viviendas abandonadas en comunidades serranas durante el Censo de 2020, situaci\u00f3n vinculada directamente a los contextos de violencia.
En cuanto a su propuesta, explic\u00f3 que busca reformar la Ley de V\u00edctimas del Estado para incorporar el concepto de \u201cproyecto de vida\u201d desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual reconoce que las v\u00edctimas no s\u00f3lo pierden bienes materiales, sino tambi\u00e9n expectativas de desarrollo personal, familiar, educativo, laboral y comunitario pues enfatiz\u00f3 que \u201creparar no significa \u00fanicamente indemnizar. Reparar implica reconstruir condiciones de existencia y devolver posibilidades reales de desarrollo humano\u201d, enfatiz\u00f3.
Detall\u00f3 que su intenci\u00f3n es que las medidas de reparaci\u00f3n integral sean adecuadas, efectivas, diferenciadas y transformadoras, adem\u00e1s de establecer acciones espec\u00edficas para garantizar retorno digno y seguro, acceso a vivienda, salud, educaci\u00f3n, alimentaci\u00f3n, empleo y atenci\u00f3n psicosocial para las v\u00edctimas y destac\u00f3 que tambi\u00e9n prev\u00e9 medidas para la reconstrucci\u00f3n del tejido comunitario y garant\u00edas de no repetici\u00f3n.
La legisladora local por el PRD remarc\u00f3 finalmente que el desplazamiento forzado de familias enteras de las comunidades azotadas por la violencia no puede seguir siendo atendido \u00fanicamente desde una l\u00f3gica asistencial, al se\u00f1alar que \u201cdetr\u00e1s de cada vivienda abandonada existe una familia desplazada y detr\u00e1s de cada v\u00edctima existe una vida que merece ser reconstruida con dignidad\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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