Por Alejandro Gómez Sotelo
“En México ser mujer indígena es delito, altamente peligroso y riesgoso, lo mismo que cachetona, cara redonda, robusta y de piel morena; quien tenga esos rasgos es señalada por algún delito y encarcelada injustamente”, sostuvo la activista, Xóchitl Ramírez Velasco, al acusar que la fiscalía del estado de Morelos quiso “callarla y refundirla” en la cárcel al fabricarle el ilícito de secuestro que no cometió, por su labor de defensora de los derechos humanos y de mujeres víctimas de violencia.
La integrante de “Atzin Desarrollo Comunitario”, que realiza labor social, humanitaria, de salud, sanación, alfabetización, apoyo a mujeres y a favor del medio ambiente en la comunidad indígena de Tlamacazapa del municipio de Taxco, dijo haber sido acusada injustamente de cometer el delito de secuestro en Marzo del 2019 y detenida en Mayo del 2023, sin embargo, no hubo orden de aprensión y la fiscalía morelense se basó en sus rasgos indígenas para detenerla y llevarla a prisión.
Ramírez Velasco, recordó que la verdadera responsable de ese delito es una mujer cachetona, con cara redonda, robusta y de piel morena, por lo que agentes policiacos asignados al caso la “confundieron” e inmediatamente la llevaron a prisión por un espacio de dos años y dos meses, en un acto de discriminación y racismo por su condición indígena que es delito en el país, “mi trabajo de derechos humanos fue la causa; para alguien yo era una piedra en el zapato y quería callarme”.
A menos de una semana de que un juez la absolvió de ese ilícito, la activista evidenció trabas de los jueces al quitarle pruebas, testimoniales y negarle una defensa con perspectiva de género, mientras que a la fiscalía le dieron todas las facilidades para perjudicarla, en un proceso judicial marcado por la violación constante a la presunción de inocencia, a sus derechos como mujer indígena y restando importancia a la enfermedad que padece desde hace años.
Reconoció que el delito de secuestro si fue real y comprobado, donde se vieron involucrados cinco hombres y varias mujeres identificadas, pero los elementos policiacos la detuvieron solamente a ella sin orden de aprensión bajo el argumento de una relación con un varón señalado, cuando la víctima del ilícito hizo su declaración pero no la acuso directamente, “a mí me señaló la fiscalía y no la agraviada, me hizo daño, me sembró acusaciones y me encarceló a pesar de ser inocente”.
Xóchitl Ramírez Velasco, narró que durante dos años y dos meses estuvo en la cárcel y posteriormente la pusieron en una jaula de oro (prisión domiciliaria) por nueve meses, pero en Mayo del 2025 a través de amparos lograron enderezar el proceso, el cambio del juez del caso y el inicio de juicios orales, lo que generó la renuncia de tres integrantes de la fiscalía por varias inconsistencias y por exhibir su falta de probidad en cuanto a las investigaciones.
Lamentó que la defensora de oficio asignada a su caso la afectó en lugar de ayudarla y en ese momento comenzó su tormento y por lo tanto la fiscalía debe reparar todo el daño causado por su encarcelamiento y violaciones a sus derechos durante dos años y 11 meses, “agradezco el acompañamiento de derechos humanos, redes ciudadanas, colectivos, organizaciones de mujeres que se solidarizaron en todo el juicio”.
Si bien obtuvo su libertad absolutoria el 8 de Abril, la activista indígena originaria de Oaxaca pero con trabajo social en Taxco, dijo no estar confiada, de vivir con miedo y con el impedimento de salir a la calle por temor a represalias, aunque aceptó que el silencio genera corrupción, opresión, impunidad e injusticia en agravio de quienes no tienen forma de defenderse, “afectaron mi salud, me generaron mucho dolor y amargura, acabaron con mi vida familiar, social, laboral y económica”.
