Por Baltazar Jiménez Rosales
La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional pidió al Congreso del Estado y al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEGro) echar abajo la Ley Mordaza que hace unos días aprobó el Cabildo de Iguala de la Independencia que encabeza Erik Catalán Rendón, para lo cual ya inició todo el procedimiento jurídico correspondiente.
Al respecto, la diputada local por el PAN, Irene Montiel Servín acusó que con esta Ley Mordaza, el alcalde de Iguala, Erik Catalán Rendón, sólo evidencia que precisamente “hay cosas que necesita que el pueblo no lo sepa, porque con esa medida les está negando a todos los de Iguala que tengan acceso a la información”.
La mañana de ayer, la regidora de Iguala, María del Rosario Bustillos Muñoz, acudió al Congreso del Estado, donde, acompañada por la diputada local panista y la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Rocío Morales Morales, dio una conferencia de prensa en la que fue en su sesión del pasado 11 de abril que el Cabildo de Iguala de la Independencia aprobó la modificación del reglamento de las sesiones con el fin de aplicar sanciones a los ediles que informen sobre los temas que se traten al interior de ese órgano colegiado, lo que consideró como violatorio de los artículos 6 y 7 de la Constitución.
En este sentido, señaló que precisamente su presencia en el Congreso del Estado obedecía a que “desde el momento en que está violando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado de Guerrero, el Congreso sí puede intervenir y es por eso que estoy aquí con mi diputada Irene Montiel”, expresó.
Detalló que la modificación al reglamento aprobada por el Cabildo de Iguala es con la finalidad de que ya no se pueda difundir “la información de carácter patrimonial, financiero o patrimonial del municipio, cuya divulgación prematura pudiera generar perjuicios a la hacienda municipal, comprometer procesos de licitación, contratación o negociación y el 4 dice que los asuntos Jurídicos o contenciosos, en los que el municipio sea parte, cuya difusión pudiera afectar a la posición legal del ayuntamiento”.
Dijo que a propuesta del propio alcalde, a los regidores que violen este reglamento aprobado se harán acreedores a “una amonestación con constancia en el acta respectiva, multa económica de hasta dos veces el salario mínimo mensual vigente en la región, y solicitud de suspensión de funciones al honorable Congreso del estado, de acuerdo a la gravedad de la falta”,.
Mencionó asimismo que esta medida se determinó después de que ella y un regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) informaron sobre la disparidad en los salarios de los regidores, además de que a ella el ayuntamiento le retiró el recurso que se entrega a los ediles para gestión, que es de 14 mil pesos mensuales, y aparte dejaron de pagarles a sus asistentes desde el pasado 15 de julio.
En su oportunidad, la diputada local del PAN afirmó que hará “todo lo conducente para revisar si ese reglamento es realmente válido, y que no sea nada más a beneficio del alcalde igualteco, porque no sólo le está coartando su libertad de expresión a una persona, sino a todo su Cabildo y, además, está arremetiendo contra una mujer, que tiene todo nuestro respaldo”.
