En un contexto marcado por desafíos climáticos, presión sobre los sistemas alimentarios y cambios en la dieta global, la forma en que se producen los alimentos adquiere un papel cada vez más relevante en la salud pública. Desde la diversidad de cultivos hasta la inocuidad del grano, la ciencia, las políticas públicas y la colaboración con comunidades agrícolas están redefiniendo la relación entre el campo y el bienestar humano.
Texcoco, Estado de México, abril de 2026.— En el marco del Día Mundial de la Salud, la conversación sobre el bienestar humano se extiende más allá de los sistemas de atención médica y pone el foco en un elemento menos visible, pero determinante: la forma en que se producen los alimentos.
La salud no depende solo de la atención médica, sino de un sistema más amplio que incluye la alimentación, la actividad física y los cuidados cotidianos. En ese entramado, el origen de los alimentos y el entorno en el que se producen también juegan un papel fundamental.
Esa relación no siempre es evidente, pero se vuelve más clara al mirar la dieta. Cultivos como el maíz o el trigo —especialmente en su forma integral— siguen siendo la base alimentaria de millones de personas. De hecho, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las plantas aportan cerca del 80% de los alimentos que consumimos y generan el 98% del oxígeno que respiramos. Su impacto no comienza en el consumo, sino mucho antes: en la forma en que se producen, se almacenan y se transforman.
En muchas zonas rurales, mejorar la alimentación no implica necesariamente incorporar nuevos productos, sino diversificar lo que ya se cultiva. La combinación de cereales, leguminosas y otros cultivos ha mostrado efectos directos en la calidad de la dieta, al ampliar la ingesta de nutrientes y reducir la dependencia de un solo alimento. Este tipo de cambios suele estar vinculado a procesos más amplios, como el acceso a semillas, el acompañamiento técnico y políticas públicas que reconocen el vínculo entre producción y nutrición.
En ese cruce entre conocimiento y práctica, la ciencia ha ido encontrando formas de integrarse al territorio, trabajando de la mano con comunidades agrícolas en los entornos donde se producen los alimentos a lo largo de diversas regiones agroecológicas del país. El desarrollo de variedades mejoradas de maíz y trigo, por ejemplo, ha permitido aumentar rendimientos y responder mejor a condiciones climáticas variables, mientras que el fortalecimiento de sistemas de semillas —incluidos bancos comunitarios y redes locales— ha facilitado que estas innovaciones se adapten a contextos específicos.
En comunidades del sureste mexicano, estos procesos han tenido efectos que van más allá de lo productivo. El intercambio y conservación de semillas no solo contribuyen a mantener la diversidad genética, sino que también refuerzan formas de organización comunitaria y estrategias locales de seguridad alimentaria.
A nivel de parcela, esa relación con la salud se vuelve más concreta. El manejo de plagas, el uso de insumos y, sobre todo, el almacenamiento de granos pueden marcar diferencias importantes en la calidad de los alimentos. La presencia de micotoxinas en granos almacenados, el uso inadecuado de fumigantes como el fosfuro de aluminio y las pérdidas poscosecha siguen siendo riesgos que afectan tanto a productores como a consumidores.
Frente a estos desafíos, distintas prácticas han ido extendiéndose en el campo. El almacenamiento en recipientes herméticos, tambos, envases PET o bolsas especializadas ha permitido reducir la contaminación y preservar mejor la calidad del grano. A ello se suma el manejo agroecológico de plagas, que limita la exposición a químicos y protege tanto los cultivos como a las personas.
“Un cuerpo sano necesita semillas sanas… y eso solo se logra con un suelo sano”, dice Carlos Juárez Guzmán, productor del Estado de México. A sus 73 años, ha adoptado prácticas como la labranza de conservación, la rotación de cultivos y el uso de materia orgánica. Su experiencia, acompañada por asistencia técnica del CIMMYT, muestra cómo el cuidado del suelo termina reflejándose en la calidad de los alimentos y en la salud de las comunidades.
Este entramado productivo tampoco es ajeno al contexto global. Sequías más intensas, la expansión de plagas y los efectos indirectos de conflictos internacionales —como las interrupciones en el suministro de fertilizantes o el aumento en los costos de producción— han comenzado a presionar los sistemas agroalimentarios, afectando tanto la disponibilidad como la calidad de los alimentos.
En paralelo, las dinámicas de género siguen influyendo en la forma en que se adoptan tecnologías y prácticas agrícolas. Cuando las mujeres acceden a recursos productivos en igualdad de condiciones, los rendimientos pueden aumentar entre 20% y 30%, con efectos que se reflejan en la nutrición y el bienestar de los hogares.
Frente a este panorama, distintos organismos internacionales han comenzado a impulsar transformaciones más profundas. La FAO, por ejemplo, promueve modelos agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, en los que se reduzca el uso de insumos químicos, se fortalezca el manejo integrado de plagas y se fomente la innovación tecnológica en conjunto con productores. Iniciativas como las escuelas de campo han permitido que millones de agricultores tomen decisiones más informadas y adapten sus prácticas a contextos locales.
En los últimos años, este mismo enfoque ha empezado a involucrar con mayor fuerza al sector privado. Algunas empresas han incorporado criterios de sostenibilidad en sus cadenas de valor, promoviendo prácticas que buscan equilibrar productividad, calidad e impacto ambiental. Las colaboraciones entre centros de investigación y la agroindustria han permitido avanzar en retos específicos, como la reducción de aflatoxinas en el maíz mediante mejores prácticas de manejo y capacitación a productores.
En ese proceso, la evidencia científica ha ido mostrando que proteger los cultivos también tiene efectos más amplios. La conservación de la biodiversidad, el desarrollo de variedades resistentes y la integración de conocimiento científico con saberes locales no solo fortalecen la producción, sino que contribuyen a enfrentar desafíos como el cambio climático y la inseguridad alimentaria.
Traducir ese conocimiento en acciones concretas implica algo más que innovación técnica. Supone articularlo en políticas públicas, programas de desarrollo rural y estrategias que conecten a productores, gobiernos, sector privado y comunidad científica en torno a un mismo objetivo: sistemas agroalimentarios más resilientes.
En México, ese proceso ya está en marcha. A través de su trabajo con gobiernos en distintas regiones del país, el CIMMYT ha impulsado modelos que vinculan la producción sostenible con la seguridad y la soberanía alimentaria, incorporando prácticas que fortalecen la salud del suelo, mejoran la calidad de los alimentos y reducen riesgos sanitarios a lo largo de la cadena.
En ese entramado, la salud deja de entenderse como un resultado aislado y empieza a verse como parte de un sistema más amplio, donde lo que ocurre en la parcela tiene implicaciones directas en el bienestar de las comunidades rurales y de quienes dependen, todos los días, de los alimentos que ahí se producen.
La continuidad de estos esfuerzos no es automática. Requiere inversión sostenida, coordinación entre actores y una apuesta clara por la ciencia como base de las decisiones.
Lo que ocurre en el campo no se queda en el campo: termina en la mesa y, con el tiempo, en la salud de quienes lo consumen.
