Por Baltazar Jiménez Rosales
El Congreso del Estado exhortó ayer a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) que en los procesos de inscripción y reinscripción por el próximo ciclo escolar —2026-2027— se abstengan de exigir Actas de Nacimiento “actualizadas”, por carecer dicha exigencia de sustento jurídico y representar una carga administrativa innecesaria para las familias.
Al fundamentar a nombre de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado el dictamen correspondiente, la diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), María del Pilar Vadillo Ruiz, expresó categórica que solicitar que las Actas de Nacimiento se actualicen en cada trámite a realizar carece de fundamento normativo.
En este sentido, insistió en que resulta procedente promover la armonización de criterios administrativos que otorguen certeza jurídica a la ciudadanía y a las propias autoridades educativas.
Agregó que el dictamen se sustenta en la Constitución federal y en la Ley Número 464 de Educación del Estado de Guerrero, que señalan que el derecho a la educación debe garantizarse bajo los principios de universalidad, gratuidad, inclusión y equidad, evitando cargas administrativas injustificadas que puedan traducirse en barreras de acceso, especialmente para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad o que habitan en comunidades rurales.
Vadillo Ruíz agregó que, conforme a la legislación en materia de procedimiento administrativo, ninguna autoridad puede exigir requisitos adicionales a los previstos en la ley. “En consecuencia, la solicitud de Actas de Nacimiento con determinada “vigencia” carece de fundamento normativo expreso, por lo que resulta procedente promover la armonización de criterios administrativos que otorguen certeza jurídica a la ciudadanía y a las propias autoridades educativas”, expresó.
En cuanto a que el exhorto sea también para la UAGro, señaló que el Congreso local reconoce plenamente su autonomía, por lo que cualquier pronunciamiento debe formularse en términos de respeto institucional, invitando al diálogo y a la revisión de prácticas administrativas, sin interferir en su régimen interno, por lo que recalcó que en ese sentido puede formular exhortos respetuosos a otras autoridades, no con carácter vinculante ni imperativo, sino como mecanismos de coordinación institucional orientados a la mejora del servicio público educativo y a la protección del interés superior de la niñez y la juventud.
