By Ceprovysa 
Por Baltazar Jiménez Rosales
Diputados de diferentes partidos políticos, incluido el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuestionaron el contenido del informe que presentó la titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel
De entrada, la diputada local del partido Movimiento Ciudadano, Erika Lürhs Cortés, cuestionó que el contenido no contempla montos financieros, número de obras, cuántas han sido concluidas, dictámenes técnicos y el impacto de desarrollo en la población.
La legisladora se dijo insatisfecha con el contenido debido a la falta de precisión en cada uno de los rubros, lo que se traduce en la ausencia de las acciones por parte del gobierno estatal.
En su oportunidad, La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Irene Montiel Servín, señaló tener información sobre retrasos, suspensión y abandono de algunas obras en las regiones del estado, debido a la extorsión y amenazas por grupos delictivos y en este sentido hizo referencia especialmente a las regiones de la Sierra y Tierra Caliente, donde “es frecuente” el “incendio de maquinaria y el cobro de piso a empresas constructoras”, expuso.
Por su parte, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mirna Guadalupe Coria Medina, cuestionó omisiones técnicas y la falta de información detallada en el informe presentado ante los diputados sobre la pública en la entidad.
A los cuestionamientos de la información presentada por la secretaria de Obras Públicas se sumó el diputado local de Morena, Aristóteles Tito Arroyo, quien señaló la falta de obra pública de impacto en los municipios indígenas de la región de la Montaña, porque en el informe no se establecen detalles.
La titular de Obras Públicas en su intervención precisó que Guerrero cuenta con una inversión de 2 mil 351 millones 734 mil 66 pesos, que se aplican en 498 obras y acciones, de las cuales se le cuestionó que no presentan detalles para el análisis.
Sostuvo que la “obra magna” que dejará la administración de Salgado Pineda no es una construcción, sino la actualización del Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, un instrumento jurídico que se había ajustado desde hace 43 años