By Ceprovysa 
TRAS BAMBALINAS. Narcopolíticos
Por Jorge Octavio Ochoa
El colectivo “Mexicanos al Grito de Paz“, proyectó un mensaje, la noche del miércoles 25 de febrero, en el Monumento a la Revolución: “Presidenta, sígale, rompa el pacto político-criminal”. Fue un reconocimiento tácito a lo realizado…
Pero falta. Falta voluntad política para dar ese golpe de timón que catapulte a Sheinbaum como una auténtica jefa de Estado, de dimensiones históricas, más allá de fanatismos y falsas consignas.
El tamaño del golpe dado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es inconmensurable, a la luz de la dimensión que ha adquirido dicha organización, no sólo en México, sino a nivel mundial.
El fin del reinado de El Mencho, es un gran logro del Ejército mexicano y de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no garantiza la conclusión de la época de terror que ha vivido el país desde el sexenio de Carlos Salinas.
Los narcos han demostrado ser más eficientes y trabajadores que la clase política que nos rodea, que por momentos da señales de estupidez. Ahí está el caso de uno que no representa a nadie, cobra doble y se fue a “La Casa de los Famosos”.
La infiltración del narco en la vida política de México ha sido más que evidente. Julio César Godoy Toscano fue el primer diputado federal desaforado (en 2010), para ser investigado por sus vínculos directos con el cártel de La Familia Michoacana.
Leonardo Almaguer Castañeda, diputado local del Partido del Trabajo (PT), fue señalado recientemente por sus antecedentes penales del 2004, relacionados con delincuencia organizada.
El caso más reciente es el del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, propagandeado por la mismísima presidenta Sheinbaum para ser candidato, pese a que él estaba vinculado con la “Operación Enjambre”, iniciada en 2024.
A raíz de esta operación, solo en el Estado de México fueron detenidas 60 personas, incluyendo alcaldes y directores de seguridad de municipios como Naucalpan, Ixtapaluca y Amanalco, involucrados con el crimen organizado.
El aparato de justicia de los Estados Unidos, revisa actualmente una acusación contra René Arzate García “La Rana”, por vínculos con “El Mayo” Zambada. Arzate es presunto socio de Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena.
Ella formó parte de las campañas electorales del expresidente Andrés Manuel López Obrador como coordinadora de campaña en Playas de Rosarito en 2006; coordinadora municipal de Morena en 2011; y promotora del voto en 2012
La penetración criminal ha dejado más huellas. En la reciente elección judicial del 2025, fueron detectados al menos 20 candidatos que presuntamente habrían favorecido o “liberado narcos” en su trayectoria previa.
Hay un ex fiscal regional en Michoacán, vinculado con Edwin Rivera Padilla, “El Barbas”, relacionado con amenazas a periodistas. Se mantiene impune, basado en el miedo.
Existen otros 3, que fueron señalados expresamente en la Cámara de Diputados, donde se pidió cancelar sus candidaturas, debido a investigaciones por delitos graves como delincuencia organizada. Impunes.
Existe una queja administrativa contra 16 jueces de distrito, por retrasar durante más de ocho años el proceso de extradición de los fundadores de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales. Siguen impunes.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó su presunta responsabilidad administrativa en enero de 2024. Luego, el asunto fue sepultado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Quedaron impunes.
Según datos de la DEA, el CJNG cuenta con 18 mil 800 integrantes. Se extiende a 350 municipios en México. Tiene conexiones operativas en 40 países, principalmente en Europa, y en casi las 50 entidades de Estados Unidos.
Según la narco nómina publicada por Manuel Espino, en El Universal, pagan 2 mil pesos a la semana a sus “halcones”; 4 mil a sus sicarios; y tiene sobornos mayores para policías municipales, Guardia Nacional y hasta la FGR.
Es una empresa trasnacional que ha expandido sus inversiones en las ramas turísticas, restauranteras, inmobiliarias, mineras, agrícolas; financieras. Invierte en eventos multitudinarios y espectáculos públicos, hasta en minería.
Según datos del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, al menos 109 empresas han sido sancionadas por sus vínculos con el CJNG. Es decir, tiene un poderío económico irrefutable y temible.
Asi pues, no hay nada que garantice la voluntad política para terminar con este cáncer. Nuestros representantes populares no se distinguen por la honestidad, la ética, ni la moral. Solo los mueve la avaricia y el apetito por el poder.
Hay muchos políticos, de primer nivel, que deberían estar presos, o en vías de estarlo. Pero vemos los “espaldarazos” públicos, como el caso de Rubén Rocha Moya, uno de los gobernadores más incapaces en la historia de Sinaloa.
Prevalece una infame tolerancia con gobernantes de este corte, como Layda Sansores, Rocío Nahle o Evelyn Salgado. La impunidad aflora. El círculo sigue laxo. Ahí están Cuitláhuac García, Cuauhtémoc Blanco, Félix Salgado.
Falta mucho.