By Ceprovysa 
Por Abel Miranda Ayala
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el estado Mexicano reconoció “parcialmente” la responsabilidad en el asesinato extrajudicial del indígena Bonfilio Rubio Villegas a quien le disparó un elemento del Ejército cuando viajaba en un autobús de pasajeros, a pesar de reconocer la responsabilidad no hay modo legal de hacer justicia y castigar al militar porque en el juicio fue declarado sin responsabilidad.
La Comisión Interamericana realizó una audiencia para conocer las posturas tanto del estado mexicano como de los familiares de la víctima que estuvieron representados por la maestra Verónica González González
En la audiencia el representante de México ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Encinas Rodríguez, reseñó que, en junio del año 2009, Bonfilio Rubio Villegas abordó un autobús que fue detenido por un retén del ejército que se instaló como parte de la estrategia de combate a la delincuencia, el chofer del autobús se negó a detenerse y fue que los militares accionaron armas y uno de los disparos impactó en el joven.
Reseñó todo el proceso jurídico que se siguió a partir de este hecho y una de las cosas notables es que se llevó a la justicia militar cuando por tratarse de un delito cometido en agravio de un civil tenía que haber sido litigado en los tribunales civiles.
Asimismo indicó que la defensa de Bonfilio promovió un amparo a destiempo y por ello quedó desechado y se concluyó todo el proceso legal dejando exonerados de responsabilidad a los militares que participaron en el retén.
La familia de Rubio Villegas demandó acceso a la justicia y castigo para los criminales, en respuesta el estado mexicano les ofreció un acuerdo amistoso para la reparación del daño que podría incluir además de una indemnización económica, una disculpa oficial y acciones de apoyo al entorno social para garantizar el efecto de no repetición, pero el acceso a la justicia tendría que dejarse de lado porque los militares ya fueron juzgados y no hay ningún recurso legal que se pueda utilizar para llevarlos de nuevo a proceso.
En la audiencia la maestra Verónica González manifestó: “Yo quiero justicia para que no se repitan una y otra vez estos asesinatos. Si los dejamos impunes los militares van a seguir ejecutando a más indígenas, como sucedió con Bonfilio”.
De acuerdo con la postura de la familia Bonfilio tenía 30 años cuando fue ejecutado por los militares. Su mayor sueño era trabajar en Estados Unidos para asegurar el sostenimiento de su papá Secundino y su mamá Margarita. Abordó el autobús hacia la ciudad de México de donde después tomaría camino a los Estados Unidos en busca de trabajo.
Bonfiilio pasó tres días en las instalaciones del Semefo mientras que su familia no sabía que lo habían asesinado y esperaba su comunicación desde la ciudad de México o de Estados Unidos. Los testimonios de algunos testigos aseguran que elementos del ejército balacearon al autobús sin motivo alguno. Cuando acudieron al ministerio público de Huamuxtitlán los agentes del ministerio público les negaron la información con el fin de que se retiraran del lugar.
Militares vestidos de civil fueron a la casa de los padres de Bonfilio a ofrecerles 160 mil pesos para que ya no continuaran con la investigación. Con ese mismo recurso trataron de corromper al comisario municipal. Sin embargo, don Secundino se negó porque dijo: “no me voy a comer a mi hijo, ni lo voy a vender por unos centavos. Lo que exigimos es justicia y que se castigue a esos soldados asesinos”.
Los abogados de la familia Rubio establecieron que esperarán tener la propuesta del estado mexicano de acuerdo amistoso para revisar que es lo que contiene porque a partir de este juicio se tiene que revisar el actuar del Ejército en los retenes que son Ilegales y debe revisarse su actuación y la base jurídica en que se sustentan.
Agregó que en México se formó la Guardia Nacional que se trataba de una corporación civil que ahora pasó a ser parte del ejército y por ende también se tendrá que revisar su actuar y base jurídica de los retenes y la militarización que se tiene en La Montaña de Guerrero.
“Asimismo, ha establecido que el uso de la fuerza para impedir una fuga o repeler una agresión debe ser siempre una medida de último recurso. En el presente caso, disparar contra el autobús no era absolutamente necesario, ni siquiera bajo el argumento de proteger a los demás militares”, señaló la abogada.
“Por lo tanto, la muerte de Bonfilio Rubio constituye una ejecución extrajudicial y no una muerte culposa como lo estableció el Estado. La medida tomada por elementos castrenses fue ilegal y ambigua en un contexto de alta militarización en la Montaña de Guerrero. El hecho en el que perdió la vida violó el derecho a la libre circulación por los retenes impuestos por el Ejército y no era necesario para preservar el orden público”.
“La experiencia en México muestra que los retenes militares han estado asociados con graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, como el caso de Bonfilio a quien le arrancaron la vida. La impunidad castrense prevalece incólume, desde hace décadas porque las familias han tenido que luchar contra los muros de la impunidad impuestos por el Ejército”.