Desde la máxima tribuna del estado, la diputada Guadalupe Eguiluz se integró este martes a una productiva jornada legislativa, donde el Pleno del Congreso puso sobre la mesa reformas fundamentales diseñadas para transformar el marco jurídico en áreas de justicia, derechos humanos y bienestar social.
Con una participación activa en el análisis y dictaminación de los asuntos del día, la legisladora acompañó el desahogo de temas que impactan directamente en la vida cotidiana de las familias guerrerenses, la agenda de esta sesión abordó temas urgentes ante la realidad geográfica de la entidad, destacando la lectura de iniciativas para reformar el Código Penal en materia de seguridad colectiva, así como la actualización de las leyes de gestión de riesgos y protección civil.
Asimismo, en un ejercicio de vanguardia y sensibilidad social, se avanzó en dictámenes que garantizan la protección de los adultos mayores y la inclusión plena de personas con discapacidad en el sector comercial y bancario, a la par de este enfoque inclusivo, la jornada legislativa destacó por la propuesta de modernizar la enseñanza en Guerrero, integrando contenidos de Inteligencia Artificial en el nivel básico del sistema educativo estatal.
El compromiso de la diputada Guadalupe Eguiluz quedó de manifiesto durante el bloque de cuatro votaciones decisivas, con su voto a favor en estas segundas lecturas, la legisladora fue pieza clave para definir el rumbo de las nuevas reformas a la Ley de Educación, la Ley de Ciencia y Tecnología, y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, representando este el paso final para que dichas propuestas se conviertan en leyes vigentes en beneficio del estado.
Más allá de las votaciones, la sesión sirvió como plataforma para defender la perspectiva de género y fortalecer la gobernanza municipal a través de los cabildos abiertos.
Al cierre de los trabajos, Guadalupe Eguiluz y sus homólogos reafirmaron el compromiso de agilizar los pendientes legislativos y respaldaron un exhorto a la PROFECO para vigilar el cobro ilegal de comisiones por pago con tarjeta, una medida que protege directamente la economía de los ciudadanos.
