By Ceprovysa 
Por Baltazar Jiménez Rosales
Ante el uso indebido de las cuotas de género o de acciones afirmativas, como candidaturas indígenas, de personas con discapacidad o afrodescendientes, entre otras, es necesario ampliar y modificar el catálogo de delitos electorales, consideró el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en el Estado de Guerrero (FEDEGro), Miguel Alejandro Guizado Jaimes.
El también y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales entregó esta propuesta durante una visita que hizo al Instituto Nacional Electoral (INE) ante el proyecto de reforma a la Ley Electoral impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Y es que a pesar de existir sanciones administrativas, en los últimos procesos electorales se ha identificado la práctica recurrente de estas conductas fraudulentas en las llamadas cuotas de género o acciones afirmativas.
Por lo anterior, señaló que su propuesta consiste en que se amplíe y modifique el catálogo de delitos electorales, blindando la actuación y eficacia de estos órganos electorales, ya que “actualmente hay conductas que atentan contra el sistema democrático, que no se encuentran establecidas en la Ley, y es ahí donde encontramos áreas de oportunidad para brindar una protección más amplia a la ciudadanía, por ejemplo, en el caso de la usurpación de candidaturas de grupos en situación de vulnerabilidad”, expuso.
Guizado Jaime enfatizó que la consecuencia más grave de esta práctica es la violación sistemática de derechos político-electorales de los grupos vulnerables que ven reducida su participación en los órganos de representación.
Agregó que si se dimensiona la problemática y las consecuencias que traen consigo la usurpación de candidaturas, lleva a la necesidad de tipificar dicha conducta para que se pueda aplicar una sanción más severa, buscando una reparación integral del daño.
Expresó que la responsabilidad de los órganos procuradores de justicia es proteger la voluntad ciudadana ante cualquier injerencia ilícita, remarcó
“En este contexto, aprovechando el marco de la Reforma Electoral, creemos oportuno el momento para hacer puntuales observaciones y propuestas al marco normativo penal-electoral”, mencionó.
Señaló que los órganos procuradores de justicia buscan fortalecer la estructura normativa pues al modernizar las reglas electorales, se asegura que los instrumentos se usen con la máxima eficiencia y eficacia, porque “nuestro deber es dejar un sistema electoral transparente y efectivo”.
Dijo que la postura de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales está enfocada en fortalecer las herramientas con las cuáles cuentan las Fiscalías, es decir, reformar la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con la convicción de robustecer y tutelar el andamiaje jurídico de protección a los derechos político electorales, la función pública electoral y el sistema democrático.