Por Isabel Ortega Morales/ CEPROVYSA.COM/ SURIANA RADIO
Chilpancingo, Guerrero., Marzo 19-2026.- Blanca María del Rocío Estrada Ortega y Margarita Anguiano Castro, ex funcionarias del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, fueron vinculadas a proceso señaladas de presunto involucramiento en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala de 2014.
Nora Ileana García Peralta, Jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en audiencia celebrada este miércoles, consideró que había pruebas suficientes para que, en el caso de Blanca Estrada, sea investigada por delitos contra la salud y a Margarita Anguiano, en los hechos del caso Ayotzinapa.
Las funcionarias son mencionadas en la carpeta de investigación FED/FEMDH/UILCA-CDMX/000092/2026 que inició la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa. Se les relaciona en la indagatoria de la pérdida o destrucción de material videográfico que corresponde a las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala que habría grabado los hechos ocurridos en esa ciudad la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre y que derivó en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Ambas funcionarias, detenidas el martes 10 del mes y año en curso en la ciudad de México, permanecerán en prisión en el penal femenil de Santa Martha Acatitla en CDMX.
La Jueza García Peralta otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
Durante la audiencia, se señaló que Blanca Estrada fue encontrada en posesión de cinco cartuchos de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, y tres cajas de medicamentos controlados, que derivan en delitos contra la salud en modalidad de posesión de psicotrópicos con fines de comercio,
En la audiencia, la ex Subprocuradora señaló:
“Si en este momento los señores fiscales pidieran pena de muerte para mí y me colgaran de la Catedral, mucho serviría a los delincuentes, pero la señora Margarita tiene 83 años, es diabética, hipertensa y requiere de una alimentación adecuada. Estamos durmiendo prácticamente en el suelo, con un colchón para 4 personas y ella tiene fractura de tibia y peroné”.
La audiencia entró en receso en varios momentos, entre otros motivos por datos de prueba que fueron rechazados, desde la revisión de material de cámaras de seguridad del momento de la detención de las dos ex funcionaras de Guerrero, así como por enfrentamientos verbales entre la Jueza y los abogados de las detenidas que señalaban inconsistencias, malas condiciones de salud de las detenidas así como hacinamiento, incluso los abogados cuestionaron la formación de la Jueza que se ha desempeñado como Visitadora Adjunta de Apoyo en Investigación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, enlace de la Dirección de Vinculación y Reparaciones Colectivas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y ganó su Distrito Judicial para convertirse en Juez de Elección Popular.
Al finalizar la audiencia, la Jueza pidió que las ex funcionarias detenidas fueran trasladadas en silla de ruedas, giró oficios al Reclusorio Norte y el Penal de Santa Martha para que les den atenciones necesarias, y señaló que será un juez de ejecución, y no ella, quien deba resolver las condiciones de las internas.

