By Ceprovysa 
- Observa graves retrocesos en la política pública para enfrentar la violencia feminicida
- Hacen un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 8 de marzo, 2026.- México no vive un momento de avance en la garantía de los derechos de las mujeres, sino de retrocesos graves en la política pública para enfrentar la violencia feminicida, afirmó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) por lo que hacen un “llamado directo” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a quienes gobiernan las entidades federativas.
De acuerdo con el OCNF, una red de organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, colectivos y familiares de víctimas de violencia feminicida, en este 8 de marzo el contexto es alarmante.
Desde nuestra experiencia documentada, sostenemos que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida continúa siendo una lucha contra estructuras institucionales que reproducen desigualdad, estereotipos de género e impunidad patriarcal, señala el posicionamiento.
Explican que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), uno de los mecanismos más importantes para enfrentar las violencias graves contra las mujeres, niñas y adolescentes, se encuentra hoy debilitada, opaca e ineficiente.
A un año de que la Secretaría de las Mujeres federal asumiera su seguimiento, no se observan avances. Por el contrario, se reformó el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eliminando la obligación expresa de que los estados alertados informen cada seis meses sobre el cumplimiento de las medidas.
Revelan que los informes quedaron sujetos a lo que determine un sistema nacional que, en la práctica ha demostrado ser ineficiente y ajeno a las problemáticas estatales y de propio mecanismo; tal como ocurrió en sus inicios, cuanto tenía la facultad de iniciar investigaciones que llevaran a declarar la AVGM, atribución que nunca ejerció ni una sola vez.
Toc, toc…Claudia Sheinbaum
El OCNF, este 8 de marzo, hace un llamado directo a la presidenta de la República, a la Secretaría de las Mujeres y a los gobiernos estatales y municipales para:
Conocer la propuesta de fortalecimiento anunciada por la presidenta para mejorar el único mecanismo de protección colectiva, la AVGM, con evidencia comprobable, a cargo de la Secretaría de las Mujeres federal y de los 23 estados donde la Alerta ha sido decretada.
Transparentar el ejercicio del presupuesto en materia de violencia contra las mujeres y los criterios de distribución.
Contar con análisis de los contextos que ponen en riesgo la vida de las mujeres, a fin de evaluar si las acciones implementadas por los gobiernos municipales, estatales y federal tienen impacto en la vida de las mujeres y en el acceso a la justicia.
La protección de los derechos de las mujeres no puede estar sujeta a criterios discrecionales ni a decisiones políticas coyunturales. La vida de las mujeres exige responsabilidad institucional, rendición de cuentas efectiva y acciones sostenidas.
Debilitamiento del mecanismo
María de la Luz Estrada Mendoza, directora del OCNF, afirmó que lo que se observa no es un fortalecimiento del Estado frente a la violencia feminicida, sino un debilitamiento de los mecanismos que costaron años de lucha construir. Quitar la obligatoriedad de los informes, centralizar decisiones sin rendición de cuentas y plantear el levantamiento de Alertas sin evaluaciones públicas y técnicas es un mensaje claro de retroceso en la protección de los derechos de las mujeres».
Por otra parte, aunque se anunció la asignación de más de 856 millones de pesos al Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, resultado de la fusión de dos programas presupuestarios, no existe claridad sobre los criterios de distribución, ni sobre la forma en que estos recursos están siendo ejercidos para fortalecer los centros de justicia, los refugios y el mecanismo de la AVGM.
«No basta con asignar presupuesto si no sabemos cómo se ejerce ni bajo qué criterios se distribuye.
Estrada Mendoza sostiene que la opacidad también es una forma de violencia institucional. El Estado tiene la obligación de garantizar que la Alerta funcione con transparencia, con análisis de contexto actualizados y con participación de expertas independientes.», afirmó Estrada.
Desde 2025, en estados que acompaña el OCNF, como son Veracruz, Puebla, Quintana Roo y Jalisco, entre otros, no se ha convocado, hasta el día de hoy, al grupo de trabajo de la Alerta; en el Estado de México, Sonora y Chiapas apenas se ha sesionado una vez. No existen análisis de contextos actualizados que permitan revisar qué medidas han quedado rebasadas y cuáles deben fortalecerse, ni se ha emitido una nueva convocatoria para integrar a expertas independientes.
Nos preocupa, particularmente que, en lugar de fortalecer el mecanismo, se plantee su levantamiento. En el Estado de México se ha anunciado la posibilidad de retirar la Alerta en uno de los 11 municipios donde está vigente, argumentando una supuesta reducción de más del 50 por ciento en los feminicidios en los últimos cinco años.
Por su parte, en Guerrero se está evaluando el eventual levantamiento de la AVGM por Agravio Comparado. Levantar la Alerta sin mostrar avances sustanciales para proteger la vida e integridad de las mujeres, envía un mensaje de simulación institucional.
Llamado a las fiscalías
EI OCNF también hace un llamado urgente a las fiscalías del país. Seguimos documentando la negativa de iniciar investigando muertes violentas como feminicidios.
Además de la ausencia de análisis de peritajes sociales que ayuden a acreditar los contextos de violencia de género en los que se encontraban las mujeres asesinadas y análisis de contexto necesario para identificar patrones y modus operandi que ponen en riesgo la vida de las mujeres, ante el crecimiento de redes criminales en todos los estados del país.
La violencia feminicida no se combate con reformas que diluyen responsabilidades ni con decisiones administrativas orientadas a cerrar mecanismos incómodos. Se requiere transparencia, evaluación constante y compromiso político real.
SEM/sj