By Ceprovysa 
Por Baltazar Jiménez Rosales
Por considerar que con su propuesta de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) busca criminalizar a los agricultores y el gobierno de la República implementará un control político y discrecional del uso del agua, al centralizar la dotación del vital líquido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se pronunció en contra de esta iniciativa.
Los diputados integrantes de la Fracción Parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado, encabezados por Alejandro Bravo Abarca, dieron ayer su acostumbrada conferencia semanal en el lobby del Salón de Plenos del Congreso del Estado para dar a conocer su postura en torno a esta iniciativa, la cual, acusaron, no fue sometida a consulta con los campesinos y agricultores, por el contrario van a criminalizar a quienes trabajan en el campo mexicano, porque la propuesta impone multas de hasta 7 millones de pesos por una noria y se pueden hacer acreedores hasta por 12 años de cárcel.
Al respecto, en representación de sus compañeros diputados locales, el también dirigente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca destacó lo injusto de las penas que se proponen en esta iniciativa en contra de los agricultores, “pero también el control político y discrecional del uso del agua”.
En este sentido, expresó que la intención de Morena es “tener el control con esta ley, ya que va a poder determinar quién puede usar el agua, cuándo y hasta dónde y en qué horarios”.
Por lo anterior, Bravo Abarca remarcó: “nosotros estamos convencidos que es una propuesta arbitraria” además de que consideró que es preocupante el monopolio y el control excesivo que quiere tener el gobierno de Morena, y se aprecia con el avasallamiento y cascada de acciones, de reformas, por parte de morena que van únicamente enfocadas hacia poder tener el control.
Recalcó que el PRI a nivel nacional, en la cámara de senadores, diputados federales y en los estados han manifestado su oposición a dicha iniciativa porque perjudica a los campesinos a quienes les quitarán su patrimonio de dotación de agua, porque terminará con los títulos de concesión para la explotación de agua y se cambiará por permisos anuales, a manera de control político.
Insistió en que el Gobierno de Morena implementará un control político y discrecional del uso del agua, pues el texto de la reforma deja en manos del gobierno la distribución, las tarifas, la infraestructura y hasta el derecho de regar los cultivos, por lo que adelantaron que el PRI se opondrá a dicha iniciativa.
Y es que dijo que la certeza jurídica y patrimonial construida con el esfuerzo de generaciones enteras se perdería por la voluntad del Gobierno Federal, ya que las concesiones para el uso de agua se podían heredar o transmitir, así como la propiedad, pero la nueva ley prohibirá vender, ceder o heredar el uso de agua, terminando con la certeza jurídica de millones de familias mexicanas, que han dedicado su vida entera a la producción agrícola.
Finalmente, Bravo Abarca resaltó que el PRI está defendiendo el patrimonio de las mujeres y hombres del campo mexicano, escuchándolos directamente en diversos estados de la República con la realización de foros en los que participan productores y sociedad.