Junio 7/2026
En el marco del Día de la Libertad de expresión, viene a mi memoria dos hechos que el estado aplicó a dos mexicanos. Una mujer, de profesión arquitecta, oriunda de Hermosillo, Sonora y a un abogado de la Ciudad de México.
Ambos, por una crítica, la primera en su cuenta social X, el segundo por un comentario vertido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; a ella, Karla Estrella, durante 30 día ofreció una disculpa pública de forma continua publicando un texto que le entregó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras un juicio emprendido contra ella por dato reservado que respondía al nombre de la Dip. Diana Karina Barreras.
En el ejercicio de su cargo como Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Fernández Noroña obligó al abogado Carlos Velázquez de León Obregón a ofrecerle una disculpa pública, en pleno escenario del Congreso, con transmisión en vivo, señalándolo de violentar su integridad e investidura, en hecho ocurrido en septiembre 20 de 2024, en el AICD
Estos dos datos nos muestran que si bien la Libertad de Expresión no es un derecho exclusivo de las y los periodistas, sino un derecho de las y los mexicanos en su conjunto, enfrenta riesgos que buscan intimidar voces críticas, y se enfrenta a la estigmatización desde el poder, ahora, según se ve, con menos tolerancia y con mas intimidación judicial y legal.
El ejercicio de esta libertad permite a la sociedad impulsar el pensamiento y acotar acciones que perjudican el desarrollo del país. Por ello, sin duda, es que el poder ha extremado su polarización usando figuras legales para silenciar no solo a periodistas, sino que también se han visto afectados activistas y ciudadanía en general.
Ha sido tan grave que la documentación de las agresiones alertan sobre el alto riesgo que implica el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país, pero también porque desde las esferas del poder se ha alentado en los años recientes aún más, un ambiente hostil que va en detrimento de esta actividad y de quienes la ejercen y según testimoniamos aquí, llega no solo a defensoras, activistas, sino a la ciudadanía que es perseguida, sancionado y silenciada debiendo firmar convenios de no agresión, acudiendo a cursos sobre violencia y con el registro de sus nombres en las listas de personas violentadoras.
Mientras que la libertad de expresión, como derecho, obliga al Estado a su protección, la misma no es absoluto y tiene límites, estamos ciertos, pero cada día se aumentan los límites para poner en riesgo la labor, a la que también se suman la violencia generada por el crimen organizado, el estado ha abierto la puerta a la impunidad en las agresiones sufridas por periodistas y no ha sido garante en la plenitud de este derecho. Hasta parece que usa los mecanismos legales para acotarla, con lo que significa para la democracia y el ejercicio de los demás valores que buscan expresarse sin censura. Surrealismo?
