TRABAJADORA DE LA CONTRALORIA ACUSA DESPIDO Y VIOLENCIA LABORAL EN RAZÓN DE GÉNERO

Por Abel Miranda Ayala
La trabajadora de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero, Iliany Mojica Reynoso, denunció ser víctima de violencia laboral en razón de género, hostigamiento institucional y despido injustificado de la plaza que ocupó más de 14 años.
Denunció que las acciones en su contra iniciaron el 12 de marzo, cuando se ausentó de su centro de trabajo para realizarse estudios médicos, para ello solicitó autorización de su la directora general de Transparencia, Liliana Contreras Soto.
A su regreso a la actividad laboral el subsecretario de Modernización Administrativa, Carlos Atila Espinoza Damián, y el delegado administrativo, David Cárdenas López, le habrían solicitado que entregara los resultados de los estudios médicos que se realizó y que fueron el motivo de su ausentismo laboral.
La exigencia fue respondida de forma negativa de su parte por tratarse de estudios médicos que sólo atañen al paciente “esa información es privada y protegida por la legislación en materia de protección de datos personales”, dijo.
Debido a ello los funcionarios le levantaron un “acta circunstanciada de hechos”, por ausentarse de sus labores, pese a que tenía el permiso de su jefa inmediata.
La mujer señaló que este hecho constituye un acto de violencia de género y hostigamiento laboral en su agravio, señaló como responsable al subsecretario Carlos Atila Espinoza Damián, al delegado David Cárdenas López y al representante sindical Juan Octavio Bahena Torres.
Por ello presentó denuncias ante el Órgano Interno de Control interno de la secretaría de Contraloría, asimismo presentó una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEG) y formalizó denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), por presuntos actos de violencia en razón de género y violación a la privacidad de datos sensibles relacionados con su salud.
Lamentablemente señaló que en su expediente ante la CDHEG no avanza desde que la presidenta del organismo Cecilia Narciso Gaytán se reunió con el subsecretario, Carlos Atila Espinoza Damián.
La afectada, reprochó que, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no emitió medidas, ni recomendaciones oportunas para la protección de sus derechos, situación que, afirmó, contribuyó a que hoy se encuentre desempleada.
El 15 de mayo recibió un oficio firmado por el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Francisco González Sánchez, en el que se le notificó la terminación de la relación laboral bajo el argumento de abandono de empleo.
La despedida rechazó los argumentos y aseguró contar con oficios de comisión, permisos autorizados y documentos con sellos de recibido que acreditan que todas sus ausencias fueron justificadas por actividades laborales o cuestiones de salud.
En la Fiscalía del Estado las cosas tampoco han sido atendidas de forma correcta y Llegaron al grao de que en la carpeta de investigación 12022230300071180326, cambiaron un dictamen pericial que acreditaba las afectaciones psicoemocionales derivadas de los hechos denunciados por otro que concluye que no existe daño emocional.
Este martes 9 de junio se llevará a cabo una audiencia ante un juez de control, donde buscará que se esclarezcan las presuntas irregularidades dentro de la investigación.
Finalmente indicó tener temor por su integridad física y responsabilizó públicamente al secretario José Francisco González Sánchez, al subsecretario Carlos Atila Espinoza Damián y al delegado David Cárdenas López de cualquier situación que pudiera poner en riesgo su seguridad.