Por Abel Miranda Ayala
El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata”, Jesús Plácido Galindo, fue vinculado formalmente a proceso judicial por el delito de homicidio calificado, sus abogados anunciaron que apelaran esa decisión del juez Ubaldo de la Sancha.
De acuerdo con el abogado Javier Rodríguez, el juez no consideró diversos elementos que presentaron y que permiten establecer la inocencia de Jesús Plácido en el delito que se le está imputando.
Entre las inconsistencias de la fiscalía señalaron que las entrevistas que acusan a Jesús Plácido de haber cometido el delito de homicidio fueron registradas apenas los primeros días de este mes de julio cuando el crimen se habría cometido de acuerdo con el supuesto de la fiscalía desde el año 2021 y el principal señalamiento proviene de la hija de la supuesta víctima.
Asimismo entre los elementos de prueba que presentó la fiscalía se tiene una entrevista documental que se habría realizado a una persona también miembro del que ya está fallecido y le habrían falsificado su firma en el documento misma que no coincide con la que tiene su credencial de elector.
Resaltó que estos son los dos elementos con que la fiscalía imputó a Jesús Plácido por el delito de homicidio calificado además de muchos detalles como falta de sellos falta de firmas en los expedientes que se notan que fueron armados de último momento para procesar a quién ha venido denunciando ataques armados de grupos delincuenciales hacia las comunidades indígenas, “esto evidentemente tiene un trasfondo político y por ello tenemos que hacer las apelaciones correspondientes”.
El abogado refirió que legalmente tienen tres días para apelar esta decisión del juez y analizarán en las próximas horas cómo integrar esa apelación.
Cabe resaltar que mientras en el interior de Ciudad judicial se realizó la audiencia de vinculación al exterior del edificio miembros de organizaciones sociales se manifestaron exigiendo la libertad del dirigente del Cipog.
Jesús Plácido Galindo se encuentra recluido en el penal del Altiplano en el estado de México, su estado de salud es estable, aunque tiene un padecimiento que podría agravarse.
El imputado fue detenido el pasado 17 de julio bajo la imputación de los delitos de homicidio calificado y delincuencia organizada.
Durante los últimos meses ha denunciado acoso de grupos delincuenciales a comunidades indígenas de la región de la montaña baja donde se han registrado ataques armados y con drones generando desplazamiento forzado y asesinatos.
En exigencia de su libertad se han realizado marchas, bloqueos, en la Costa Chica mantienen a dos funcionarios retenidos desde hace tres días y en diversas partes del mundo defensores de derechos humanos han realizado pronunciamientos demandando su libertad.
