ACUSAN A CNDH DE CRIMINALIZAR Y EJERCER PERSECUCIÓN FISCAL CONTRA ORGANIZACIONES CIVILES EN EL PAÍS

Por Alejandro Gómez Sotelo


El Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, externó su preocupación por la campaña de crítica, estigmatización, criminalización, así como la “persecución fiscal excesiva” y el uso descomunal del poder público, que ha ejercido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “CNDH) en contra de las organizaciones civiles en la nación, sin análisis y bajo una motivación e interpretación ideológica.

Al emitir un posicionamiento por la respuesta a la recomendación 208VG/2026 expuesta por la CNDH respecto al caso Ayotzinapa, donde si bien determinó que 92 alumnos normalistas fueron objeto de violaciones graves a sus derechos humanos, pero en uno de sus apartados refiere la “incidencia de las organizaciones civiles” con la cual criminaliza a las agrupaciones defensoras de derechos humanos en la nación y abona al incremento de riesgo en sus actividades.

De acuerdo con su misiva, el organismo acusa que en la postura de la CNDH existe una contradicción con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de expresar imputaciones que ponen en riesgo a quienes acompañan a víctimas y familiares, por lo que exige a la institución nacional abstenerse de hacer señalamientos que estigmatizan a las agrupaciones civiles.

Se refirió al Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes”, Fundar, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y otras agrupaciones adscritas al mecanismo de protección, como las organizaciones que han sido objeto de criminalización y estigmatización sustentadas en interpretaciones ideológicas.

Dio a conocer que en abril pasado pidieron a la CNDH evitar actos de estigmatización hacia las organizaciones civiles y que la institución cumpliera su compromiso de reconocer el trabajo efectuado por esas agrupaciones en defensa de los derechos humanos, al tiempo de solicitar a la Junta de Gobierno del citado mecanismo federal hacer efectiva la Ley de Protección en base a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Además, el consejo consultivo se pronuncio a favor de que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, explique públicamente la metodología ocupada para establecer la “incidencia de las organizaciones civiles” en su recomendación 208VG/2026, mientras que el Programa de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debe deslindarse de la campaña de desprestigio y uso indebido del poder público en contra de las mencionadas agrupaciones.

Reiteró su preocupación ante el planteamiento de recurrir a métodos de transparencia fiscal para revisar a las representaciones civiles, recurriendo al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para realizar una persecución fiscal excesiva y uso descomunal del poder público.