*El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad reformar
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Por Baltazar Jiménez Rosales
En México y en Guerrero en particular ninguna mujer debe vivir con miedo, expresó categórico el coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Bravo Abarca, al fundamentar su voto a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Este proyecto de decreto propuesto por la Comisión para la Igualdad de Género fue aprobado por unanimidad por el pleno del Congreso del Estado, ya que es una reforma que busca fortalecer las medidas u órdenes de protección previstas en la Ley 553, para que las mujeres que enfrentan violencia cuenten con una protección más rápida, efectiva y con acompañamiento institucional, colocando en el centro su seguridad, su integridad y su vida.
El diputado local priista remarcó que “hablar de la protección de las mujeres es hablar de justicia, es también hablar de nuestras hijas, de nuestras esposas y de la obligación que tenemos como representantes populares de construir un Guerrero donde absolutamente ninguna mujer tenga que vivir con miedo”.
Bravo Abarca agregó que no se puede permitir que una mujer tenga que esperar a que se consume una agresión para que las autoridades actúen, por lo que insistió en que la protección a las féminas debe ser oportuna, efectiva y acompañada de instituciones capaces de responder con sensibilidad, responsabilidad y profesionalismo.
Desde una visión de justicia social, coincidió en que el Estado debe estar presente donde más se necesita y cuando una mujer se encuentra en riesgo, pero además advirtió que la respuesta de las instituciones no puede ser tardía, burocrática ni insuficiente.
Subrayó que “la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, no es un problema menor y mucho menos puede considerarse una conducta que deba tolerarse. Es una problemática que lastima, que lastima a las familias”.
Señaló que desde la responsabilidad legislativa se debe impulsar el marco jurídico que coloque en el centro a las víctimas, que prevenga nuevas agresiones y que permita actuar antes de que la violencia escale y tenga consecuencias irreparables, “porque cuando una mujer solicita protección, el Estado tiene que responder. Cuando una mujer denuncia violencia, las instituciones tienen que actuar. Y cuando una mujer está en peligro, nuestra obligación es garantizar que no esté sola”, expresó.
