En respuesta a las crecientes presiones sobre los sistemas agroalimentarios, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo (ASAQROO), el Instituto de Economía Social y Solidaria (IESSOL) y la Secretaría de Bienestar (SEBIEN), impulsa, junto con CIMMYT, una alianza que integra ciencia, políticas públicas y acción comunitaria para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades rurales.

Quintana Roo, febrero de 2026. Durante años, las familias rurales del estado han cultivado bajo una presión creciente: suelos frágiles, variabilidad climática, mercados inciertos y pérdidas que ocurren después de la cosecha, cuando el esfuerzo ya está hecho. En este contexto, la seguridad alimentaria no depende únicamente de producir más, sino de transformar de manera integral los sistemas que sostienen la vida agrícola.
Frente a los desafíos que enfrentan los sistemas agroalimentarios en México y el mundo, Quintana Roo se ha convertido en un espacio donde la ciencia, las políticas públicas y las comunidades convergen para generar soluciones duraderas. En el centro de esta experiencia se encuentra la colaboración entre CIMMYT y el Gobierno del Estado, a través del proyecto Seguridad Alimentaria y Nutricional para Comunidades Rurales del Estado de Quintana Roo.
Ciencia al servicio de la política pública
La relación entre CIMMYT y el Gobierno de Quintana Roo parte de un principio claro: las políticas públicas son más efectivas cuando están respaldadas por evidencia científica validada en territorio. En articulación con dependencias estatales y programas como Sembrando Vida, el proyecto ha integrado soluciones basadas en ciencia dentro de estrategias orientadas a beneficiar directamente a las comunidades rurales.
Este enfoque ha permitido que la investigación agronómica y el modelo de innovación del Hub se implementen y evalúen directamente en territorio. Las tecnologías e innovaciones se ponen a prueba en plataformas de innovación, módulos demostrativos y áreas de extensión, generando datos confiables que fortalecen la toma de decisiones tanto a nivel comunitario como institucional. Esta infraestructura de conocimiento, desarrollada por CIMMYT, ha sido clave para anticipar riesgos productivos, activar acciones de alerta temprana y fortalecer la resiliencia de los sistemas agrícolas locales.
En este contexto, la ciencia no se concibe como un conocimiento aislado, sino como una herramienta que se construye y se valida junto con las comunidades. Al integrarse con las políticas públicas y con la experiencia local, el conocimiento científico se consolida como un bien público, accesible y compartido, que fortalece capacidades, reduce riesgos y genera condiciones para decisiones más justas y sostenibles en el territorio.

Escala e impacto para las comunidades
Durante la Fase II del proyecto, los resultados han superado las metas planteadas. Más de 10,028 hectáreas han sido intervenidas mediante prácticas de agricultura sostenible, respaldadas por tres plataformas de innovación, 62 módulos demostrativos y 204 áreas de extensión. En estos espacios se han implementado 10 innovaciones agrícolas, incorporando 13 cultivos y variedades que contribuyen a la nutrición humana y animal, al tiempo que se reducen insumos y se mejora la salud del suelo.
El impacto también se refleja en el entorno natural: el contenido de materia orgánica en el suelo ha aumentado y el uso de pesticidas se ha reducido, sentando las bases para sistemas productivos más sostenibles. Más allá de estos resultados, el modelo ha demostrado su capacidad para operar a escala, integrando la ciencia agronómica aplicada, la innovación y el conocimiento local como base para procesos de transformación agroalimentaria de largo plazo.
De la parcela al mercado
Producir más no garantiza mejores condiciones de vida si los agricultores no pueden acceder a mercados ni capturar el valor de su producción. Por ello, el proyecto ha puesto un énfasis estratégico en la asociatividad y la comercialización, abordando una de las raíces estructurales de la pobreza rural.
A través de este enfoque, se han fortalecido 15 organizaciones, con 250 personas asociadas, duplicando las metas iniciales. La participación de mujeres ha alcanzado el 30%, y jóvenes y mujeres lideran acciones de economía social en sus comunidades. Cinco organizaciones se han formalizado, se han desarrollado modelos de negocio comunitarios y se ha vinculado a productores con clientes reales, permitiendo capitalizar incrementos de rendimiento que, en algunos casos, pasaron de 700 kilogramos a dos toneladas mediante la adopción de innovaciones.
Este proceso ha impulsado el desarrollo de una cadena de abastecimiento responsable, centrada en las comunidades y orientada a generar beneficios sostenibles en el tiempo.

Semillas y poscosecha
La seguridad alimentaria también se construye desde la semilla, aquella que sostiene la identidad y la cultura de las comunidades. El establecimiento de cuatro casas de semillas, junto con sistemas participativos que involucran a casi 500 personas, ha fortalecido la autonomía local y reducido la dependencia externa. Estas acciones se complementan con educación financiera, que ha permitido a más de 1,000 personas acceder a información clave y vincularse con instituciones financieras.
Otro de los impactos del proyecto se observa en las soluciones de poscosecha y mecanización, que han permitido reducir las pérdidas poscosecha en un 35%, protegiendo la producción de las familias agricultoras y evitando que una parte significativa del esfuerzo se pierda después de la cosecha. Estas acciones han contribuido a mejorar la calidad del grano, fortalecer la disponibilidad de alimentos y generar condiciones más favorables para el acceso a ingresos, especialmente en contextos donde cada tonelada conservada marca una diferencia significativa en la economía familiar.
El proyecto ha invertido de manera sostenida en el desarrollo de las personas. Miles de agricultores, técnicos y líderes comunitarios han fortalecido sus capacidades, y muchos de ellos actúan hoy como agentes de cambio en sus territorios, promoviendo prácticas que transforman sistemas productivos completos y fortalecen el trabajo colectivo en sus comunidades.
Mirar hacia 2026
De cara a 2026, CIMMYT y el Gobierno de Quintana Roo continuarán trabajando para escalar esta experiencia, ampliar su alcance y avanzar hacia una transformación sostenible de los sistemas agroalimentarios en México, con las comunidades rurales como eje central del cambio.

